Más de 112.000 votantes rechazan la propaganda electoral de los partidos

No han pasado ni tres días tras la convocatoria de nuevas elecciones generales y la desafección empieza a cundir en la sociedad española. El dato de que los comicios del próximo mes de noviembre costarán 140 millones de euros a los contribuyentes (más las subvenciones que percibirán los partidos políticos para sufragar la campaña electoral) ha indignado en las redes sociales. Apenas 24 horas después de conocerse que el Instituto Nacional de Estadística había habilitado un portal en Internet que permite a los ciudadanos inscritos en el censo rechazar la propaganda de los partidos, la avalancha de aquellos que no quieren saber nada de la maquinaria electoral no se ha hecho esperar.Según fuentes de Europa Press, al menos 112.000 personas han solicitado ya darse de baja de este servicio, según fuentes del instituto, algo que es posible tras una reforma de la Ley Electoral General que se tramitó en el año 2018. A estas horas Facebook y Twitter arden de indignación. Así, Rosa M.S. asegura que ella ya pensaba darse de baja en el buzón del Gobierno. “Cuánto dinero perdido”, se lamenta. Por su parte, Angels V. alega: “Si todos lo hiciésemos en las próximas elecciones no lo harían”. También hay ciudadanos que alertan ante una posible maniobra para promocionar la desmovilización del electorado descontento. Es el caso de Teresa F.: “Varias personas (algunas haciéndose pasar por indignadas) están haciendo una campaña pidiendo que no se vaya a votar. Detrás está la derecha. Quieren desmovilizar al electorado de izquierdas y progresista para que no vote a sabiendas de que dicho electorado es más propenso a la abstención en algunas situaciones”.El procedimiento para poder rechazar la propaganda es sencillo. Basta con pinchar en el enlace de la web del INE e ir al apartado “presentación de la solicitud”. A continuación, para poder acceder con nuestros datos del censo, el ciudadano puede optar entre entrar con su usuario “Cl@ve” o con un certificado digital. Finalmente, la web del INE mostrará nuestros datos personales y nos dirá que estamos inscritos en los censos que se envían a las formaciones políticas “por defecto”. Para dejar de enviar estos datos a los partidos, bastará con pinchar en “enviar solicitud”. Los ciudadanos pueden volver a darse de alta y de baja de este servicio cuantas veces quieran.Esta opción ha cobrado importancia especialmente en las redes sociales tras la convocatoria de unas nuevas elecciones el próximo mes de noviembre, las segundas generales en lo que va de 2019 y las cuartas en los últimos cuatro años. Bajo etiquetas en Twitter como #propagandaelectoral o #Noenmibuzón, algunos ciudadanos se muestran contrarios a volver a recibir folletos de los partidos, independientemente de si van a votar o no. En las redes sociales ha estallado una auténtica rebelión de descontentos e indignados contra la incompetencia de los políticos y ya se han puesto en marcha diversas medidas de protesta, la última de ellas una iniciativa particular de recogida de firmas en el portal change.org que reclama que los diputados no cobren su sueldo y que renuncien a la indemnización que les corresponde por la disolución del Parlamento. La campaña lleva recogidas más de 320.000 firmas en menos de 24 horas, una vez que se ha conocido que los españoles deberán votar de nuevo el próximo 10 de noviembre, según publica Diario16.A la cifra de los 140 millones de euros hay que sumar las subvenciones que reciben los partidos políticos destinadas a cubrir los gastos de campaña electoral. En el caso de 2016, fue de 44 millones. Con estas cifras en la mano, la suma total del gasto electoral rondaría los 180 millones de euros, según Europa  Press. Además, por cada voto que sumen las formaciones políticas para el Congreso de los Diputados obtendrán 56 céntimos de euro, lejos de los 81 céntimos de los pasados comicios; y por cada uno conseguido para el Senado ingresarán 22,4 céntimos frente a los 32 céntimos del pasado 28A.De este modo, entre 2015 y 2019, se han gastado más de 540 millones de euros en las cuatro convocatorias de elecciones generales, todas ellas fallidas. Las elecciones suponen, además, un parón en la tramitación de asuntos como la reforma laboral, los presupuestos o las pensiones, que quedan aplazados hasta que el Parlamento vuelva a estar a pleno rendimiento, lo cual no ocurrirá hasta febrero de 2020.