El Banco Mundial había estimado que la COVID-19 y el empeoramiento de las desigualdades podrían llevar a la pobreza extrema a 198 millones de personas más a lo largo de 2022, revirtiendo así dos décadas de avances. Basándose en los estudios del Banco Mundial, Oxfam Intermón estima que solo el aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial sumiría en la pobreza extrema a 65 millones de personas más, alcanzándose un total de 263 millones este año, lo que equivale a las poblaciones del Reino Unido, Francia, Alemania y España juntas.
«Si no se toman medidas radicales e inmediatas, podríamos estar ante el mayor aumento de los niveles de la pobreza extrema y sufrimiento de la humanidad del que se tiene constancia», advierte el director de Oxfam Intermón Franc Cortada. «Este panorama es aún más desolador si tenemos en cuenta los billones de dólares acaparados por un puñado de hombres poderosos sin ningún interés por frenar esta escalada».
Mientras muchas personas tienen dificultades para hacer frente al drástico incremento del coste de vida –teniendo que elegir entre comer o pagar facturas médicas o de gas–, la amenaza de una hambruna masiva se cierne sobre millones de personas que ya de por sí sufren graves niveles de hambre y pobreza en la región de África Oriental, el Sahel, Yemen y Siria.
Tras la crisis, la catástrofe
El informe de Oxfam Intermón, «Tras la crisis, la catástrofe», destaca que numerosos Gobiernos están en riesgo de impago de la deuda, lo que los obliga a reducir de forma drástica las inversiones públicas para poder pagar a los acreedores e importar alimentos y combustible. En 2022, los países más pobres del mundo deberán reembolsar 43 000 millones de dólares de deuda, cantidad que podría sufragar el coste de todas sus importaciones de alimentos. En el mes de febrero, los precios de los alimentos a nivel global marcaron un nuevo récord, superando el alcanzado en la crisis de 2011. Mientras, los gigantes del petróleo y el gas están registrando beneficios récord, algo que se prevé que también suceda en el sector de los alimentos y las bebidas.
El incremento del precio de los alimentos supone el 17 % del gasto de los consumidores en países ricos, pero este alcanza el 40 % en el África subsahariana. Incluso en las economías ricas, la inflación está exacerbando las desigualdades: en los Estados Unidos, el 20 % más pobre de las familias destina el 27 % de sus ingresos a adquirir alimentos, mientras que el 20 % más rico, tan solo el 7 %.
El caso de España
En España, la subida del IPC hasta el 9,8 % en marzo, la más alta que registrada desde mayo de 1985, supone ya una pérdida global de poder adquisitivo (16.700 millones de euros, según FUNCAS), y afecta especialmente a los hogares con rentas más bajas. Esta situación coloca al país en una realidad de crisis de inflación que viene a agravar la situación generada por la COVID-19, donde en el primer año de pandemia, más de un millón de personas pasaron a encontrarse en situación de carencia material severa y el impacto económico y social del virus ya implicó que más de 600 mil hogares pasaran a vivir sin ningún tipo de ingre
Incremento de las desigualdades de género
Para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo, los ingresos reales continúan estancados o incluso están disminuyendo. La pandemia de COVID-19 también ha incrementado las desigualdades de género. Tras sufrir una mayor pérdida de empleos debido a la pandemia, las mujeres tienen dificultades para reincorporarse al mundo laboral. En 2021, había 13 millones mujeres empleadas menos en comparación con 2019, mientras que, en el caso de los hombres, estos ya habían recuperado los niveles de 2019.
El informe también muestra que la pobreza está agravándose en países enteros. La COVID-19 ha afectado a las arcas de todos los Gobiernos, pero los desafíos económicos que deben afrontar los países en desarrollo son mayores al habérseles negado un acceso igualitario a las vacunas y al verse, ahora, obligados a aplicar medidas de austeridad.
Sin subida de impuestos a los más ricos
A pesar de que los costes derivados de la COVID-19 continúan subiendo y que las riquezas de los milmillonarios se han incrementado más desde el inicio de la pandemia que en los anteriores 14 años juntos, los Gobiernos continúan sin aumentar los impuestos a los más ricos. Un impuesto anual sobre el patrimonio –comenzando en tan solo un 2 % para las fortunas millonarias y llegando al 5 % en el caso de las milmillonarias– podría generar 2,52 billones de dólares cada año, suficiente para sacar de la pobreza a 2 300 millones de personas, fabricar vacunas para todo el mundo y proporcionar servicios de salud y protección social universales a la población de los países de renta media y baja.
«Rechazamos la idea de que los Gobiernos no tienen fondos o medios suficientes para sacar a todas las personas del hambre y la pobreza y garantizar su salud y bienestar. Por el contrario, lo que sí vemos es una total falta de creatividad económica y voluntad política para hacerlo», subraya Cortada.
«Ahora más que nunca, ante la magnitud de las desigualdades y el sufrimiento humano, agravados por las múltiples crisis globales, esta falta de voluntad es inexcusable y la rechazamos. El G20, el Banco Mundial y el FMI deben incrementar la ayuda a los países pobres y condonar su deuda de forma inmediata y, juntos, proteger a las personas de a pie de una catástrofe evitable. El mundo entero está pendiente de ello».
El llamamiento de Oxfam Intermón
Oxfam Intermón pide que se tomen medidas urgentes para abordar la crisis de desigualdad extrema que amenaza con revertir los progresos realizados en la lucha contra la pobreza durante los últimos 25 años. Así, exigen la introducción de impuestos sobre la riqueza de manera temporal (aportes extraordinarios) tanto como recurrentes para financiar una recuperación frente a la pandemia de COVID-19 que sea justa y sostenible. Por ejemplo, Argentina ha adoptado un aporte extraordinario a las grandes fortunas que ha recaudado cerca de 2 400 millones de dólares dirigidos a sufragar parte de las políticas sociales de respuesta a la pandemia.
La organización propone poner fin a la obtención inesperada de resultados extraordinarios derivados de la crisis por parte de grandes corporaciones mediante un impuesto a los beneficios «caídos del cielo» en todas las industrias y sectores. Oxfam estima que un impuesto de tales características aplicado a 32 corporaciones hubiera generado una recaudación adicional de 104.000 millones de dólares tan solo en 2020.
La cancelación de los pagos de la deuda a los países en desarrollo que precisan de ayuda urgente es otra de las medidas contempladas, pues condonar su deuda liberaría más de 30.000 millones de dólares de fondos vitales en 2022 para 33 países inmersos o en alto riesgo de padecer una crisis de deuda.
También plantea el incremento de los fondos de ayuda y destinar nuevos fondos a sufragar la respuesta en Ucrania y para la acogida de personas refugiadas, en lugar de desviar los fondos destinados a hacer frente a otras crisis en países más pobres y reasignar al menos 100 000 millones de dólares en derechos especiales de giro (DEG) sin que esto suponga más deuda o la imposición de medidas de austeridad para el conjunto de los países.
Y es que el G20 se comprometió a proporcionar 100.000 millones de dólares en DEG «reciclados», pero hasta la fecha tan solo ha proporcionado 36.000 millones. Se debería considerar una nueva emisión de DEG que se distribuya de acuerdo con las necesidades, en lugar de en proporción de la cuota relativa en el FMI.
Por último, Oxfam Intermón sugiere adoptar medidas para proteger a las personas frente al aumento de los precios de los alimentos y crear un fondo global de protección social para ayudar a los países más pobres a garantizar una seguridad de ingresos básica para su población, y poder mantener estos servicios en tiempos de crisis.
Un impuesto a los beneficios de las empresas energéticas
En esa misma dirección, Oxfam Intermón hace un llamamiento al Gobierno español para abordar esta crisis. Le solicita que contribuya de forma significativa a las medidas que se proponen, todas encaminadas a la reducción de la desigualdad y la pobreza en este nuevo contexto, jugando un rol de liderazgo y solidaridad en el plano internacional; la implementación de un Plan Nacional ambicioso que contenga un paquete amplio de medidas de protección social y de suficiencia tributaria y que tenga en cuenta al resto de actores políticos, y la puesta en marcha, con urgencia, de un impuesto temporal a los beneficios extraordinarios que pudieran obtener las empresas energéticas. Este recargo se aplicaría sobre los beneficios derivados de estas circunstancias excepcionales. Algunos países europeos como Italia lo acaban de poner en marcha, e incluso organismos como la OCDE aconsejan incluir este tipo de medidas que permitiría generar recursos adicionales para financiar un plan de acción social mucho más ambicioso y justo.