Probablemente Vox sea el partido con mayor número de denuncias y querellas en los juzgados, casi todas encaminadas a boicotear actuaciones de las autoridades progresistas, bien sea el gobierno central o los autonómicos donde gobierna la izquierda. Aunque la organización de Santiago Abascal no quiere hacer público el dinero que desembolsa en concepto de abogados, procuradores y fianzas, la cantidad debe ser considerable. Más les valdría dedicar una parte de esta partida en la defensa de sus afiliados que están siendo imputados por delitos de odio, xenofobia, racismo, e, incluso violencia doméstica. El último de ellos es Gabriel Le Senne, presidente del parlamento balear, que ha sido citado a declarar en el juzgado número 1 de Palma de Mallorca en calidad de investigado por haber rasgado durante un pleno de la cámara autonómica la foto de la militante comunista Aurora Picornell, asesinada en 1937 durante la guerra civil.
Los hechos por los que ha sido imputado se remontan al pasado 18 de junio, cuando durante el pleno en el que se aprobó la toma en consideración de una proposición para derogar la ley autonómica de memoria democrática. El diputado y presidente de la cámara rompió una foto que la diputada socialista Mercedes Garrido tenía apoyada en la mesa durante el debate. Le Senne piensa argumentar lo que ya ha dicho en anteriores ocasiones: que lo ocurrido fue “accidental”. Incluso llegó a decir que Felipe VI “ha entendido perfectamente lo que ocurrió”.
Hace tan sólo unas semanas, el PSOE andaluz presentó cuatro querellas en los juzgados madrileños y dos en los de Sevilla contra la portavoz parlamentaria ultra, Pepa Millán, el portavoz parlamentario regional, Manuel Gavira, los diputados autonómicos Javier Cortés y Ana María Ruiz, y los concejales en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García Polavieja; y Fernando Rodríguez Galisteo. A todos les acusa de delitos de injurias y calumnias por sus palabras y actuaciones tras la revisión de las condenas de los ERES por parte del Tribunal Constitucional. Entre ellas destacan las concentraciones realizadas frente a la sede regional del Partido Socialista y el hecho de que en varios barrios de la capital andaluza se repartieron folletos con la imagen de Chaves, Espadas y Griñán bajo el lema "Devolved lo robado".
Mientras tanto prosiguen las diligencias en Ceuta en las cuales está imputado el presidente local de la formación ultra, Juan Sergio Redondo Pacheco, por un presunto delito de injurias y calumnias. A Redondo una parte de la militancia local le hizo una moción de censura que prosperó. Se nombró una comisión gestora que acusó al dirigente de arremeter de forma clara contra los musulmanes, hindúes y otros grupos de la ciudad. Redondo y su número dos, el policía nacional en excedencia Francisco Javier Ruiz, fueron imputados por el chat racista Gestora Vox en el que miembros de la formación vertían comentarios xenófobos e insultantes contra la comunidad musulmana.
Hay más. El que fuera líder del partido en Andalucía, Francisco Serrano está acusado de delitos de estafa y fraude en las subvenciones públicas. Se da la paradoja de que Serrano fue juez. Otra causa judicial pendiente de resolución contra un miembro de Vox tiene que ver con la repulsa demostrada hacia el colectivo de los menores migrantes no acompañados. Jordi de la Fuente, miembro de Vox en Barcelona, exasesor del líder de la formación en Catalunya, Ignacio Garriga, está considerado por la fiscalía como el cabecilla del intento de asalto que sufrió el centro de menores migrantes en el municipio de El Masnou (Barcelona), en julio de 2019. El ministerio público pide dos años de cárcel y multa de casi 2.000 euros para De la Fuente.
Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, fue investigada por la fiscalía por vincular a los menores migrantes no acompañados con la inseguridad ciudadana, durante un mitin electoral en Sevilla, en noviembre de 2019. Habló entonces de "manadas de menas en las calles". También el dirigente Javier Ortega Smith, tuvo que vérselas con los jueces del Supremo por decir que las trece rosas, las jóvenes republicanas ejecutadas por el régimen franquista, “asesinaban y violaban”.
José Antonio Ortiz era el líder de Vox en Lleida cuando fue detenido, en marzo de 2019, por presuntos delitos sexuales contra jóvenes discapacitados, pornografía infantil y corrupción de menores. Fue condenado a 14 años y 3 meses de prisión y ocho años de libertad vigilada. El tribunal consideró probado que Ortiz ofrecía dinero a dos jóvenes con discapacidad a cambio de servicios sexuales. No es el único integrante del partido ultra implicado en este tipo de delito. Manuel Josué Castillo, que fue candidato de Vox en la localidad toledana de Villafranca de los Caballeros, está pendiente de juicio, acusado de abusar, al menos, de tres chicos, exhibicionismo y provocación sexual cuando era entrenador de una escuela de futbol.
Pero donde los militantes de Vox tienen más problemas es en los juzgados de violencia de género. David Pérez Brígido, candidato a la alcaldía de Benidorm por la formación, fue condenado por maltrato habitual a su pareja. Entre otros actos relatados en la sentencia del Juzgado de lo Penal número 5 de Pamplona, destacan los puñetazos que le daba a su mujer en la cara y las amenazas de muerte que le hacía habitualmente. José Antonio García Capapé, militante local de Vox en Cadrete (Zaragoza), fue sentenciado, en 2019, a seis meses de prisión por injurias a su exmujer. Rafael Morenate es otro condenado por violencia de género siendo portavoz del partido de extrema derecha en La Zubia (Granada). Juan Ros Alcaide, senador por Ceuta, fue detenido por pegar una paliza a su pareja. Ismael Álvarez, número dos de la candidatura de la formación en la localidad malagueña de Manilva fue detenido por darle una brutal paliza a un compañero de su expareja. Utilizó un puño americano y le transfiguró la cara.