La historia se repite con gobiernos andaluces de distinto color político así pasen las décadas. La Intervención General de la Junta, dependiente de la Consejería de Economía, que ya advirtió a los gobernantes socialistas andaluces a mediados de la década del 2000 de las irregularidades en el proceso para financiar ayudas sociolaborales a empresas en crisis y expedientes de regulación de empleo, que terminó con las condenas en la macrocausa de los ERE, también ha advertido con idéntico resultado negativo al ejecutivo andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla respecto a los miles de contratos menores “en fraude de ley” realizados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), según los fiscalizadores de la propia Junta, que su gobierno ha concedido a dedo y sin control durante los años posteriores a la pandemia pese a que la norma estatal que lo permitía ya había sido derogada previamente.
A diferencia de la etapa socialista, la Intervención sí ha realizado ahora un informe de actuación, algo que nunca se produjo en el caso de los ERE. Este informe de actuación es el máximo nivel de alerta que la Intervención de la Junta puede remitir al Gobierno autonómico e implica su elevación directa al Consejo de Gobierno al detectar presuntamente menoscabo o malversación de fondos públicos, así como una denuncia ante la Fiscalía.
Un informe que el órgano fiscalizador de la Junta remitió al presidente andaluz en noviembre de 2022 ya advertía a Moreno Bonilla que el SAS, dependiente de la Consejería de Salud, había obviado sus recomendaciones para que redujera el “fraccionamiento indebido”. Como adelanta Daniel Cela en eldiario.es, estas mismas denuncias de la Intervención de la Junta vuelven a aparecer en las auditorías del SAS de este pasado mes de junio de 2024.
El que fuera interventor general de la Junta entre los años 2000 y 2010, Manuel Gómez, declaró en 2018, durante el juicio que se celebró en la Audiencia Provincial de Sevilla contra ex altos cargos de los ejecutivos socialistas en el caso de los ERE fraudulentos, que detectó “muchas deficiencias” en los expedientes de las ayudas pero éstas no suponían menoscabo de fondos públicos ni delito. “No lo valoramos como delito ni como menoscabo, lo que nos obligaría a tomar otras actuaciones”, dijo Gómez a preguntas de la Fiscalía. Finalmente, Gómez, al que el Ministerio Público le pedía seis años de prisión y 10 de inhabilitación, fue absuelto por la Audiencia Provincial de Sevilla.
Malversación y prevaricación
Un juzgado de Sevilla está investigando la denuncia del PSOE andaluz por los supuestos delitos de malversación y prevaricación contra el ejecutivo de Moreno Bonilla en los contratos de emergencia del SAS por un valor de casi 300 millones de euros. Los socialistas consideran que el ejecutivo andaluz mantuvo estos contratos fraccionados a dedo “dos años después de su derogación legal” hasta 2023.
Los intentos de la oposición para crear una comisión parlamentaria que investigue los supuestos contratos irregulares ha chocado con la negativa del PP
Los intentos de la oposición en la Cámara autonómica para crear una comisión parlamentaria que investigue estos supuestos contratos irregulares ha chocado con la negativa del Grupo Popular gracias a la holgada mayoría absoluta que mantiene Moreno Bonilla. Pese a todo, han vuelto a intentarlo por segunda vez.
Los interventores del SAS en Huelva, Cádiz, Córdoba y Jaén elevaron a las direcciones provinciales el pasado junio hasta cuatro informes “desfavorables” sobre la fiscalización en los contratos correspondientes al año 2021, según la información de eldiario.es. La Junta adjudicó a dedo más de 450 millones de euros bajo el método de fraccionamiento, que según la Intervención son “contratos menores en fraude de ley”.
Las advertencias de la Intervención General de la Junta en 2022 hacían mención a los “fraccionamientos indebidos del objeto de contrato”, “la reiteración de contratos menores a lo largo del año superando los umbrales establecidos por ley para la contratación menor” y también a la contratación “con la misma empresa prestaciones de igual naturaleza, para eludir los procedimientos en abierto recogidos en la Ley de Contratos del Sector Público”.
Moreno Bonilla se defendió en un reciente pleno parlamentario de estas acusaciones contraatacando al líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, acusándole de haber hecho lo mismo que él durante su etapa como alcalde de Sevilla. Era la primera vez en sus seis años de mandato al frente de la Junta que Moreno Bonilla evidenciaba una palpable incomodidad ante el acoso al que lo estaban sometiendo los portavoces de los grupos de izquierdas en la oposición parlamentaria, que no ocultaban hablar de “corrupción política” en la Junta.