El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla tendrá que explicar ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla por qué adjudicó a dedo sin publicidad ni concurrencia competitiva un total de 243 millones de euros a distintas clínicas privadas tras acogerse al procedimiento de contratación de emergencia puesto en marcha por el Gobierno central durante la pandemia. El juez ha admitido a trámite una denuncia interpuesta el pasado junio por el PSOE de Andalucía por los supuestos delitos de prevaricación y malversación. Estas prácticas presuntamente irregulares del ejecutivo andaluz se llevaron a cabo entre 2021 y 2023, cuando la norma de emergencia ya había sido derogada.
El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, espera que “el PP, que lleva dando lecciones de ejemplaridad bastante tiempo, pase a dar explicaciones en esta investigación judicial sobre los millones de euros de dinero público que han ido al sector privado, sin control alguno, al margen de la legalidad”, ha asegurado en la red social X. Esta decisión judicial, avanzada por la Cadena Ser, se produce después de más de un año y medio de investigación del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, según explica Espadas, quien añade que se ha encontrado en todo este tiempo “con todos los obstáculos posibles del Gobierno del señor Moreno Bonilla”.
El diputado socialista en la Cámara autonómica Josele Aguilar ha incidido en las reiteradas negativas que el Grupo Popular ha dado sobre la petición de la oposición para investigar en el Parlamento estas adjudicaciones a dedo a clínicas privadas por parte del ejecutivo andaluz y también ha recordado que tanto el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, como el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, los emplazó a los tribunales si querían conocer la posible existencia de una trama delictiva en este asunto. “Pues nada, aquí estamos”, ha añadido Aguilar. También la portavoz socialista en la Cámara andaluza, Ángeles Férriz, ha asegurado que “las explicaciones que Moreno Bonilla no ha dado a los andaluces por destrozar la sanidad pública, las va a dar en un juzgado”.
La investigación judicial se remite a las adjudicaciones de la Junta entre 2021 y 2023, cuando la norma de emergencia sanitaria ya había sido derogada
Esta decisión judicial se produce apenas unos días después de que el PSOE andaluz también haya anunciado que denunciará ante los tribunales, como le pedía el propio Moreno Bonilla, la adjudicación a dedo de casi 500 millones a un determinado grupo de empresas sanitarias sólo en el ejercicio de 2021, que la propia Intervención de la Junta ha considerado que estos miles de contratos se fraccionaron “en fraude de ley”.
En total, son más de 700 millones los que el ejecutivo andaluz de Moreno Bonilla adjudicó a dedo a clínicas privadas y empresas sanitarias, sobre todo farmacéuticas, sin ningún control fiscalizador durante varios años tras la pandemia, pese a que el decreto de emergencia del Gobierno central ya había expirado. Esta investigación judicial a la gestión de Moreno Bonilla como presidente andaluz es la primera investigación de calado en sus seis años de mandato al frente de la Junta.