Hoy, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un nuevo pliego de condiciones para los convenios con MUFACE, ISFAS y MUGEJU, las mutualidades que gestionan la atención sanitaria de más de dos millones de funcionarios y sus familiares. De esta forma se da por concluido el ruido interesado de los últimos días. Sin embargo, este proceso no está exento de tensiones, ya que las tres aseguradoras que actualmente prestan servicio —Adeslas, DKV y Asisa— han advertido que las condiciones propuestas por el gobierno son insuficientes para continuar con el convenio. El sistema, que ha sido durante décadas una vía de descongestión para la sanidad pública, corre el riesgo de colapsar si no se llega a un acuerdo económico que satisfaga a todas las partes.
Un sistema en crisis
El problema de fondo radica en la insuficiencia de las compensaciones que el gobierno ofrece a las aseguradoras por cada beneficiario atendido. Mientras que el coste medio de atención en la sanidad pública supera los 1.600 euros por paciente, el convenio con las aseguradoras privadas establece una compensación de apenas 984 euros por beneficiario. Este déficit, sumado al aumento de costes tras la pandemia y la inflación de los últimos años, ha llevado a las compañías a acumular pérdidas significativas. Las aseguradoras, que llevan años operando bajo condiciones financieras ajustadas, exigen ahora un aumento del 24% para poder seguir prestando el servicio. No obstante, el gobierno ha propuesto un incremento de solo el 14%, lo que ha sido tachado de insuficiente por el sector.
Las aseguradoras, al límite
En la última reunión entre el Ministerio de Función Pública y las aseguradoras, estas dejaron claro que, sin un incremento significativo en las primas, abandonarían el convenio. SegurCaixa Adeslas, la mayor de las tres compañías implicadas, ha sido la más contundente en sus advertencias, afirmando que no puede seguir asumiendo pérdidas millonarias. Si Adeslas se retira, las otras dos aseguradoras, DKV y Asisa, también se verían obligadas a hacerlo, lo que dejaría a millones de funcionarios sin opción de elegir atención privada y sobrecargaría un sistema público que ya sufre largas listas de espera.
Las consecuencias de una ruptura del convenio serían devastadoras para clínicas y médicos privados, que dependen en gran medida de los ingresos generados por la atención a funcionarios. De hecho, diversas asociaciones de profesionales sanitarios ya han manifestado su preocupación por la posible salida de las aseguradoras, pues esto reduciría drásticamente su volumen de pacientes y, en muchos casos, su viabilidad económica.
¿Privilegio o necesidad?
El modelo de mutualidades como MUFACE, que permite a los funcionarios elegir entre sanidad pública o privada, ha sido objeto de debate en los últimos años. Algunos sectores consideran que este sistema es un "privilegio" para los empleados públicos, ya que les ofrece una atención médica más rápida y personalizada. Sin embargo, es importante recordar que los funcionarios que optan por este modelo no lo hacen de manera gratuita; pagan una cuota durante su vida laboral, y este beneficio se considera parte de su salario en especie.
Eliminar este sistema sin ofrecer una alternativa viable no solo afectaría a los beneficiarios, sino también a la sanidad pública, que se vería obligada a absorber a millones de nuevos pacientes de la noche a la mañana. Con las listas de espera ya en niveles alarmantes, la integración de los funcionarios al sistema público podría agravar aún más la crisis de la sanidad en España.
El futuro incierto
El gobierno, consciente del impacto que tendría la ruptura del convenio, ha dejado entrever la posibilidad de mejorar ligeramente su propuesta inicial antes de que se apruebe el pliego en el Consejo de Ministros. Aunque se habla de una subida adicional del 4%, las aseguradoras insisten en que un 18% seguiría siendo insuficiente. Mientras tanto, los sindicatos de funcionarios y las asociaciones de médicos han lanzado una advertencia conjunta: el fracaso en estas negociaciones podría desatar un caos en el sistema de salud.
Si no se llega a un acuerdo en las próximas semanas, el convenio actual expirará el 31 de diciembre, y los más de dos millones de funcionarios y sus familiares cubiertos por MUFACE, ISFAS y MUGEJU tendrían que ser atendidos exclusivamente por la sanidad pública. Este escenario plantea un desafío monumental tanto para el gobierno como para el sistema sanitario, que ya opera al límite de sus capacidades.
El futuro del sistema de mutualidades está en juego, y lo que está en disputa no es solo un convenio económico, sino el bienestar de millones de ciudadanos. El gobierno tiene una última oportunidad para llegar a un acuerdo que garantice la continuidad de la atención privada para los funcionarios y evite el colapso de un sistema que, aunque no exento de críticas, ha funcionado como una válvula de escape para la sanidad pública.