Ayer se reunió el pleno del Consejo General del Poder Judicial con una importante tarea que está siendo negociada por los dos sectores. El número y composición de las comisiones legales, los órganos delegados con competencias específicas asignadas por la ley orgánica del Poder Judicial. Y de todas estas comisiones hay una que llama especialmente la atención. Se contempla en la reforma legislativa acordada por el PSOE y el PP. Se la denomina “comisión de calificación”. Está integrada por 5 vocales que informarán sobre los nombramientos que son competencia del pleno “con el fin de garantizar una valoración objetiva de las candidaturas presentadas”. En otras palabras. Si en la época de Carlos Lesmes era él y sus palmeros de la comisión permanente los que nombraban los miembros del Tribunal Supremo, tribunales superiores de justicia territoriales y presidentes de las Audiencias Provinciales, ahora se recupera el viejo espíritu de que sea una comisión la que eleve al pleno la cobertura de esas plazas vacantes, en la actualidad más de 100. Y esa es la clave del bloqueo que hasta ahora ha sufrido el órgano de gobierno de los jueces. Por un decreto de marzo de 2022 el parlamento decidió que mientras estuviera en funciones, al CGPJ se le suprimía la competencia de efectuar esos nombramientos lo cual provocó ese centenar de vacantes producto de bajas por enfermedad, jubilación o fallecimiento y que no fueron amortizadas. Ahora se pretende recuperar la normalidad en este aspecto, pero lo que se desconoce todavía es si progresistas y conservadores han llegado a un acuerdo en la composición de esta comisión.
Este pleno del CGPJ era de importancia capital porque se discutió su estructura interna. Se pretende recuperar la anterior al nombramiento de Carlos Lesmes quien resolvió que todas las decisiones las adoptase una comisión permanente compuesta por siete vocales de su entera confianza. Eran los únicos con dedicación exclusiva. Los trece restantes sólo acudían a plenos en los que las disposiciones estaban prácticamente cocinadas. De momento, se ha recuperado la exclusividad para los veinte vocales y se intenta acordar el retorno al viejo sistema de comisiones. La nueva ley orgánica devuelve al pleno las competencias para organizarse. Eso sí, los acuerdos en esta materia se deben alcanzar por mayoría de tres quintos de los votos, es decir, 13 de 21. Y ello exige pactar. Que se sepa, hasta última hora se ha estado negociando el diseño, parece ser que no habrá problemas para llegar a un acuerdo.
Las cinco comisiones “legales” son la comisión permanente, la comisión disciplinaria, la comisión de igualdad, la comisión de asuntos económicos y la ya citada comisión de calificación. Además de éstas están las llamadas “comisiones reglamentarias” cuya función es asegurar la gestión y el funcionamiento del poder judicial: la comisión de la escuela judicial, la comisión de modernización, la comisión de estudios e informes y la comisión de comunicación.
En torno a esta última es donde están surgiendo mas diferencias. Lesmes suprimió la figura del portavoz del CGPJ que los progresistas creen conveniente su recuperación por un motivo. Después de todo lo que ha pasado en torno al Consejo General del Poder Judicial no sólo es conveniente sino necesaria la recuperación de la imagen de proximidad de los jueces a la ciudadanía. Hay que tener en cuenta que en los sondeos de opinión la mayoría de los encuestados rechazan la gestión judicial de este país. Desconfían de los jueces y consideran que su órgano de gobierno está en manos de los políticos. Un director de comunicación profesional y bien coordinado con una serie de vocales especialistas en la mejora de imagen de la institución puede hacer volver al poder judicial a la senda del respeto y la consideración ciudadana.
También está prevista la aprobación de la estructura de los vocales territoriales que en este mandato van a tener mucha más influencia que en anteriores. Los vocales territoriales tendrán la responsabilidad de representar al Consejo General del Poder Judicial en las comunidades y territorios geográficos. Asimismo, se acordará la oferta de plazas para promotor de la acción disciplinaria. Una figura que va a ser importantísima ya que se encargará de investigar e impulsar las acciones disciplinarias contra jueces y magistrados que pueden haber incurrido en infracciones en el ejercicio de sus funciones. Actuará cuando se detecten posibles conductas indebidas, faltas disciplinarias o incumplimiento de las obligaciones judiciales. Y con la controversia actual existente por las actuaciones de terminados jueces y magistrados, la designación de este cargo se antoja fundamental. Va a tener mucho trabajo cuando comiencen a llegar denuncias por presuntas prevaricaciones. Junto a esta figura, el Consejo también aprobará la convocatoria de la cobertura de plazas para jefe de servicio de inspección y letrados de igualdad.
Este pleno del CGPJ puede significar un antes y un después de la institución que gobierna el poder judicial en este país. Si se acierta en la estructura y los nombramientos se habrá dado un paso de gigante para democratizar una carrera que está demostrando permanecer ajena a la realidad social de este país. Dominada por la derecha gracias a las maniobras llevadas a cabo en la etapa de Mariano Rajoy, las decisiones de su presidente, Carlos Lesmes, influyeron en la composición de unos órganos que han generado graves discrepancias no sólo con el poder ejecutivo, que eso es lo de menos si tenemos en cuenta el principio de separación de poderes, sino con la sociedad civil en su conjunto. Los jueces no están para inmiscuirse en política igual que a los políticos se les exige lo mismo. Y últimamente hay casos, que no hace falta mencionarlos aquí, en los que las acciones de los magistrados están influyendo en la política. Y si no, que se pregunte a Carles Puigdemont y “lo suyo”, y como está repercutiendo en la relación de su grupo parlamentario con la mayoría de progreso del Congreso.