La situación de Venezuela es un caso perdido. Los actores políticos que sobrevuelan el poder en el país sudamericano despiertan muchas incógnitas, sobre todo en el lado de la oposición. En un mundo tan polarizado, poner dudas en los opositores al régimen venezolano te coloca rápidamente la etiqueta de colaboracionista con la dictadura. No es así.
El problema está en que, tal y como demuestran los hechos, Nicolás Maduro es un dictador que debe ser derrocado por su pueblo. Sin embargo, la ciudadanía libre de Venezuela tiene la cruz de tener como alternativa a una oposición que ha estado envuelta en escándalos de corrupción o que, directamente, se financia de personas que colaboraron o que formaban parte de la estructura del Estado chavista. Estos hombres y mujeres, que no dudaban en ponerse el chandal bolivariano o la camisa vinotinto y que ahora apoyan a los opositores, en muchos casos consiguieron sus fortunas gracias al expolio de los recursos de Venezuela que ocultaron en paraísos fiscales en Asia, Europa y África.
Por eso, la decisión adoptada hoy por el Parlamento Europeo es muy arriesgada. Ya cometieron un error con Juan Guaidó. Por el bien del pueblo venezolano, sólo hay que esperar que Edmundo González se aparte de esas personas, por más presiones y cantos de sirena que le llegarán de los cómplices necesarios, y que no entierre el capital político que ha conseguido.
En concreto, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que, con 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones, «condena energéticamente y rechaza plenamente el fraude electoral orquestado por el Consejo Nacional Electoral, controlado por el régimen, que se negó a hacer público el resultado oficial». Los eurodiputados reconocen a González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido, y a María Corina Machado como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela. También condenan la orden de detención contra González Urrutia y destacan la decisión del Gobierno de España de concederle asilo político.
Los eurodiputados destacan que, a pesar de los reiterados llamamientos de la comunidad internacional, el régimen venezolano no respeta el Acuerdo de Barbados de 2023 entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición para la organización de los comicios presidenciales, lo que hace imposible la celebración de elecciones libres y justas.
El texto señala que los informes de las misiones internacionales de observación electoral indican claramente que las elecciones presidenciales del 28 de julio no cumplieron con los criterios internacionales de integridad electoral. También condena los asesinatos, el acoso, las violaciones y las detenciones perpetrados contra la oposición democrática al régimen y contra la sociedad civil y el pueblo venezolanos, y pide que se ponga fin al patrón sistemático de violaciones de los derechos humanos.
La resolución también pide a la Corte Penal Internacional que incluya las violaciones de los derechos humanos y las detenciones arbitrarias en curso en sus investigaciones sobre los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen de Maduro y que exija que rindan cuentas los responsables.
Los eurodiputados saludan el papel que están desempeñando los Gobiernos de Brasil, Colombia y México e instan a los actores regionales y a la comunidad internacional a que ejerzan toda la presión que puedan sobre el régimen de Maduro y su círculo más próximo para que acepten la voluntad democrática del pueblo venezolano, reconociendo a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela. Advierten de que, a falta de un traspaso pacífico de poder y el restablecimiento de la democracia, se producirá un nuevo éxodo migratorio hacia otros países de la región, similar al que ha llevado a cerca de ocho millones de venezolanos a huir del país en los últimos años.
Esta resolución se suma a las siete aprobadas en la anterior legislatura (2019-2024) sobre la inestabilidad política y los ataques a la oposición en Venezuela.