Según el Instituto Nacional de Estadística, en febrero de 2024 había censados 351.389 alojamientos para turistas en nuestro país, de los que casi el 70 por ciento se concentran en Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Canarias. Una auténtica revolución que está provocando vertiginosos cambios sociológicos y económicos en nuestro modo de vida. De la noche a la mañana, los barrios y pueblos se transforman y donde antes había una frutería, una panadería o un bar ahora ese mismo local, bajo o entresuelo acoge a un piso turístico. Tras la pandemia, muchos españoles que antes se dedicaban al comercio (aportando un plus de productividad a la economía nacional) se percataron de que este tipo de alquiler estacional proporciona ingresos mucho más jugosos que mantener abierta una tienda tradicional con sus cargas y problemas del día a día, agobios a final de mes e impuestos. Una nueva versión del pelotazo asociado al ladrillo (y que tan malos recuerdos nos trae del pasado), asoma en el horizonte. De esta manera, la cultura del esfuerzo y del trabajo queda sustituida, una vez más, por la del humo y la especulación. Pero no solo los comerciantes castigados por la pandemia se están reciclando. Toda la pirámide de un sector como el inmobiliario se está viendo sacudida por el fuerte terremoto de los pisos turísticos. La mayoría de los agentes implicados han terminado por entrar en el juego, desde los pequeños propietarios de inmuebles –esos que se dedican al alquiler tradicional y que también han claudicado ante la fiebre del oro, ya que arrendar vivienda a familias, trabajadores o estudiantes universitarios es mucho menos rentable que hacerlo a turistas– hasta los grandes especuladores, individuales o colectivos (aquí entrarían los bancos y los llamados fondos buitre, que ven cómo invertir en pisos vacíos para tenerlos cerrados ha dejado de ser interesante y optan por cederlos a los numerosos portales de oferta turística en Internet).
Todo ello provoca que el mundo inmobiliario se esté reciclando y reorientando hacia este nuevo mercado. ¿Por qué alquilar un piso a una familia, a una cuota de 800 o 900 euros al mes, si se le puede sacar al apartamento entre 2.000 y 6.000 euros en temporada alta veraniega? En Yaiza, un municipio de la isla de Lanzarote con apenas 17.000 habitantes censados, el 22,5 por ciento de las viviendas se dedica ya a uso turístico. Y así muchos pequeños municipios costeros que han optado por entrar a formar parte de ese modelo de Disneyficación o “parque temático” donde todo en la ciudad está pensado por y para la felicidad y confort del forastero.
El fenómeno empieza a ser un auténtico problema en algunas autonomías como Andalucía (82.454 viviendas turísticas), Comunidad Valenciana (59.413), Cataluña (52.598) y Canarias (46.784). Las siguen, a cierta distancia, Islas Baleares (25.073), Madrid (19.456) y Galicia (17.883), mientras que al otro lado del espectro están La Rioja (1.263), Navarra (1.583) y Extremadura (1.759). Por municipios, el ranking lo lideran Madrid (16.100), Barcelona (8.842) y Málaga (7.038), por delante de Valencia (6.769) y Sevilla (6.171). Lógicamente, la presión de la zona tensionada se nota más en aquellas ciudades de tamaño medio o pequeñas poblaciones que no son capitales de provincia pero que, al tratarse de grandes polos turísticos, concentran buena parte de la oferta (Marbella, 6.994; Mijas, 4.229; Torrevieja, 4.454; Denia, 3.608; Arona, 4.013; Adeje, 3.800; y La Oliva, 3.678, por poner solo unos ejemplos).
Barcelona, uno de los municipios donde la oposición ciudadana contra la masificación es mayor, ha decidido prohibir este tipo de negocios. Este mismo verano, el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, anunció que la Ciudad Condal dejará de tener viviendas de uso turístico en 2029, ya que el ayuntamiento no renovará las actuales licencias para esta actividad ni dará nuevas concesiones, lo que ha puesto en pie de guerra a todo el sector. Los permisos ya estaban congelados en Ciutat Vella (el casco histórico) desde el año 2014, pero la prohibición se ha ido extendiendo al resto de la ciudad. Collboni, un político quizá avanzado a su tiempo, ya que ha sido de los primeros en tomar conciencia de la magnitud del problema y en apostar por un “urbanismo humano” al margen del negocio a destajo, cruento y sin control de la globalización, piensa llegar hasta el final en la restricción total, de ahí que haya pedido al nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que mantenga el decreto del Govern para poder eliminar, a corto plazo, todos los pisos turísticos de la ciudad. Su objetivo principal es que todas las viviendas barcelonesas vuelvan servir para lo que fueron diseñadas y construidas: “Sencillamente para vivir”, según el primer edil catalán.
También Madrid sopesa poner coto a una actividad que genera múltiples problemas de convivencia entre vecinos y turistas. El pasado mes de abril, el Ayuntamiento de la capital, regido por el popular Martínez-Almeida, lanzó un plan de acción que incluyó, como medida más destacada, la suspensión temporal de la concesión de licencias municipales. El consistorio decidió endurecer el régimen sancionador a los pisos sin licencia, publicar un listado y mapa de las VUT (Viviendas de Uso Turístico) con autorización oficial y reforzar la plantilla de inspectores. Sin embargo, una vez más, ha surgido una voz discordante, ácrata, populista, un verso suelto que suele ponerse casi siempre, por razones electoralistas, a la contra del sentido común, incluso de su propio partido: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La lideresa ha cargado contra cualquier tendencia prohibicionista (es una experta en granjearse las simpatías de los hosteleros y propietarios) y ha pedido que se sea más “flexible” en la regulación de pisos turísticos en aras de “la seguridad jurídica”. “Los turistas en la Comunidad de Madrid, insisto, son bienvenidos todos, a pesar de las pretensiones del Gobierno por complicar la vida a todo aquel que tiene una empresa, que tiene un proyecto y, por lo tanto, alguien que va a ser sospechoso, al que habrá que fiscalizar y meterle la mano”, aseguró durante una reunión de partido. Ayuso, que siempre hace prevalecer el poder del dinero sobre el bienestar de las personas (como buena ultraliberal que es) cree que el piso turístico aporta “valor” a la economía regional y nacional, de ahí que “estemos de moda como nunca antes”. “También, por eso, esperamos un récord de turistas este verano”, alegó. De cómo resolver la infinidad de conflictos vecinales, ni una palabra.
Todas las comunidades autónomas se han dado cuenta de que se encuentran ante una bomba de relojería (la del descontento general ante los abusos y desmanes de la globalización) que puede estallarles en cualquier momento. Así, el Gobierno valenciano del popular Carlos Mazón pretende unificar la legislación en esta materia en una sola normativa autonómica que vinculará la concesión de la licencia al titular del inmueble con el fin de evitar la especulación en la venta, de manera que, si el piso se transmite a terceros, decaiga la autorización y tenga que volver a solicitarse. Esta solución mixta, equidistante entre las quejas de los vecinos y los intereses empresariales y financieros, no parece que vaya a resolver nada, ya que de alguna forma los fondos buitre terminarán haciéndose con las casas vacías para reconvertirlas en pisos turísticos, transformando los barrios de la ciudad. En esa línea va la alcaldesa de la Ciudad del Turia, María José Catalá, quien ha dejado claro que “no vamos a cerrar los apartamentos turísticos, hay que regularlos”. La corriente ultraliberal, vigente en la mayoría de los gobiernos regionales donde manda el PP, sigue siendo unos de los primeros escollos para afrontar el reto con garantías de éxito.
Mientras tanto, los vecinos de los barrios más afectados por la gentrificación continúan con su lucha. Luis ha vivido en primera persona la peor cara del problema de los pisos turísticos en Madrid. En su edificio había cuarenta apartamentos de esa clase y solo siete en propiedad de los vecinos, pisos en los que se hospedaba “todo tipo de gente” de paso. “A una vivienda turística puede ir cualquiera, como un grupo de hooligans. No es necesariamente para una familia con dos niños que van al Prado”, denuncia en La Sexta. Luis asegura que en su bloque, ya totalmente ocupado por turistas que van y vienen, “se han llegado a grabar películas pornográficas” e incluso “se montó una piscina hinchable”. En cierta ocasión, uno de los vecinos vio a un turista desnudo paseándose por las escaleras. Para ganar el contencioso, Luis tuvo que acudir tres veces al Ayuntamiento de Madrid tras presentar una denuncia, e incluso fue amenazado de muerte durante el proceso judicial. Un auténtico infierno.
En Malilla, un barrio de la ciudad de Valencia que se está transformando a marchas forzadas con el turismo a gran escala, también han estallado conflictos similares. Donde antes había un taller de coches, una tienda o un bar ahora hay bajos comerciales ya reconvertidos en viviendas solo para turistas que se anuncian en Internet. Las VUT proliferan por doquier en una zona que se ha revalorizado tras el Plan Sur para la construcción de viviendas de alto standing alrededor del nuevo Hospital La Fe y a tiro de piedra de la Ciudad de las Ciencias, gran polo de atracción del turismo nacional e internacional. La presión y densidad humana que soporta esta zona empieza a ser asfixiante. Amparo C., una vecina del barrio de 65 años, se queja de que lleva meses aguantando a los turistas. “Ya no puedes estar tranquila ni en tu casa. Ponen música a las tantas de la noche, hay gente que sube y baja de la azotea, botellones, gemidos de parejas practicando sexo… Un caos. Por no hablar de lo sucio que está el patio, con basura a todas horas”, se lamenta. Amparo, como otros muchos vecinos de la zona, se empieza a plantear dejar su casa de toda la vida para mudarse a otra parte. “Tengo familia en el pueblo, a lo mejor es cosa de irme a vivir con mi hermana”, asegura. Un éxodo de la ciudad al campo, a la inversa del que ocurrió en los desarrollistas años sesenta y consecuencia del descontrol en la gran ciudad “disneylanizada”, podría a estar a punto de empezar.
La última imagen surrealista provocada por las hordas turísticas se ha vivido en Santiago de Compostela, una localidad ya de por sí tensionada por los frecuentes altercados entre vecinos y peregrinos del Camino de Santiago que se comportan de manera incívica. Al parecer, un residente se encaró con un grupo de personas de habla portuguesa que habían decidido pasar la noche, durmiendo a la intemperie y a pierna suelta, en las mismas escaleras de la Praza das Praterías, las que dan acceso a la Catedral de Santiago, informa la cadena Ser. Finalmente, el conflicto estalló cuando el vecino, harto ya de los desmanes, preguntó a los visitantes si les parecía “normal” pasar la noche en la calle, recriminándoles que la ciudad “no es un circo”. Esta vez no llegó la sangre al río, pero los ánimos están caldeados y en cualquier momento puede estallar un enfrentamiento violento.
De un tiempo a esta parte, los residentes del casco antiguo de Santiago de Compostela no pueden más y hablan de una “degradación total” de la zona monumental. Suciedad, grafitis en el empedrado y fachadas, desórdenes públicos, borracheras a todas horas y gente orinando en cualquier esquina o rincón forman parte del día a día de los compostelanos. Por lo visto, no es el único episodio que se ha producido en los últimos meses. A los gritos, cánticos y carreras por las calles de la Zona Vieja y de San Pedro se “sumaron un picnic en la plaza del Obradoiro, donde el año pasado se montó un camping gas, y pintadas en las piedras de la plaza” con la firma del peregrino de turno que ha culminado con éxito el Camino de Santiago.
¿Era mucho pedir que quienes pretendían dormir a la sombra de la catedral gallega se buscaran un hotel para pernoctar? Por lo visto sí. Por desgracia hay turistas que se ven a sí mismos como dueños y señores, colonizadores de un territorio, ejércitos conquistadores que se creen con derecho al todo vale y a hacer su santa voluntad para dar rienda suelta a una libertad sin límites, a su placer y a su felicidad absoluta sin ley alguna que pueda frenarlos. El hedonismo a ultranza y la falta de educación y respeto al prójimo son rasgos característicos de la decadente posmodernidad globalizante, que a fin de cuentas es de lo que estamos hablando aquí. De momento, el Ayuntamiento de Santiago ya le ha visto las orejas al lobo (el término municipal soporta el doble de turistas hoy que hace veinte años) y se ha puesto manos a la obra. Si la avalancha humana genera un incremento en el coste de servicios públicos como la limpieza de la ciudad, la conservación del patrimonio, la sanidad o la seguridad ciudadana, no queda otra que aplicar una tasa turística para sostener el Estado de bienestar. Y eso es lo que planea hacer el consistorio municipal: tratar de que el visitante pague una cantidad, al menos simbólica, para contribuir a que las infraestructuras sigan funcionando y no colapsen. Una medida que, tal como cabía esperar, no ha gustado a los más liberales, que alertan de que incrementar la presión fiscal espantará al turismo.
Lógicamente, nunca llueve a gusto de todos. Los vecinos están que trinan, manifestándose en las calles y en los barrios, pero los empresarios del sector viven un sueño dorado. La Asociación de Viviendas de Alquiler para estancias cortas (Avaec) de Valencia estima que la ocupación alcanzará el 97 por ciento este verano. Para su presidente, Eric Sanjaime, estamos ante una tendencia que se consolida año tras año. El portavoz asegura que los pisos vacacionales permiten absorber la demanda de visitantes que llegan a la ciudad ante la escasez de plazas hoteleras. “Las VUT se han convertido en una tendencia de alojamiento cada vez más demandada gracias a la oportunidad que ofrecen a los visitantes de sentirse como en casa”. Además de ser un “recurso asequible para muchas familias que no quieren otros alojamientos, como los hoteleros, que han incrementado sus precios un 10,6 por ciento en la Comunitat. Un aumento que casi triplica el de la inflación (…) Somos una actividad que genera riqueza para la ciudad de Valencia y para sus comercios”, insiste Sanjaime.
La masiva turistificación causa dolor, mayormente a quienes viven en las zonas saturadas, alertan los expertos. Málaga es otra ciudad colapsada estos días por el sacrosanto turismo. Según el Sindicato de Inquilinas, hasta el 12 de junio había inscritas 12.196 viviendas de uso turístico en el Registro de Andalucía, lo que supone 63.594 plazas. En algunas zonas, como el entorno de la plaza de La Merced –donde últimamente se han celebrado protestas ciudadanas– casi un 70 por ciento de los inmuebles están dedicados al turismo. El colectivo avisa: no va a permitir que la ciudad se convierta en un parque de atracciones vaciado de vecinos en el que “las tiendas se sustituyan por franquicias, las aceras por terrazas y los alquileres por cartas de desahucio”. “Laura, de 22 años, no oculta su pesimismo y confiesa cierta desazón cuando ve que sus hermanos mayores y sus primos rondan los treinta y tampoco atisban la posibilidad de acceder a una vivienda. Su amiga, por su parte, relata: me fui a estudiar fuera con 18 años, y siempre he tenido ganas de volver porque me encanta mi ciudad, pero Málaga ha dejado de ser de los malagueños y creo que no me voy a poder emancipar en mi tierra cuando termine la carrera. No pinta bien”, informa El Confidencial.
Andalucía, como comunidad que vive en buena medida de la llegada de turistas, hace tiempo que tocó fondo. En Cádiz, unas 3.000 personas se congregan en la calle convocadas por la Plataforma Cádiz Resiste contra la masificación. “No somos vuestros souvenirs, tampoco vuestros juguetes”, asegura el responsable de leer el manifiesto, que denunció que “vecinas y vecinos de la ciudad están siendo expulsados por un modelo turístico insostenible”.
En Santander, la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) ha enarbolado la bandera contra el turismo desenfrenado. Tras acudir a la concentración semanal de la Coordinadora de Pensionistas de la ciudad, en la Plaza del Ayuntamiento, recordó que la jugada es la de siempre: un “fondo buitre o un casero avaricioso” echa al inquilino, tanto de sus pisos como de sus pequeños negocios, suben el precio de forma arbitraria y se sientan “a esperar que el turista o la empresa turística de turno lo compren o alquilen a esos nuevos precios”. Es el desahucio como herramienta enfocada a la primera empresa nacional. La subida de precios por culpa de las VUT constituye uno de los factores directos del grave problema de la vivienda en nuestro país. Cuantos más pisos turísticos, menos hogares para vivir. Cuanto más se incrementa el precio del inmueble, por culpa de la espiral inflacionaria, más complicado lo tienen los jóvenes de sueldos escasos para emanciparse, formar una familia y empezar una nueva vida. “Al final, cuando busquen una ferretería, una tienda de ultramarinos o de electricidad, sólo encontrarán pisos o habitaciones de temporada. Cuando sus hijos e hijas se quieran independizar, no encontrarán dónde porque sus sueldos, cada vez más precarios, no les llegan. Es un gran problema que nos afectará a todos y todas”, aseguran desde la PAH.