El gobierno de Portugal ha manifestado su rotunda oposición a la propuesta de la Comisión Europea de revisar la Directiva de Fiscalidad del Tabaco y de establecer un nuevo impuesto sobre estos productos para financiar el presupuesto comunitario a partir de 2028.
Lisboa advierte de que la medida supondría una merma de hasta 1.500 millones de euros en los ingresos fiscales nacionales, además de incrementar el riesgo de contrabando y penalizar los esfuerzos de reducción de daño asociados a nuevos productos nicotínicos.
El plan europeo, presentado el pasado julio, contemplados grandes novedades: una subida significativa de los impuestos mínimos a los cigarrillos tradicionales y la equiparación fiscal de todos los productos relacionados con la nicotina, incluidos los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado y las bolsitas de nicotina, con independencia de su nivel relativo de nocividad.
La Comisión Europea busca con estas medidas canalizar el 15% del rendimiento de estos impuestos desde los Estados miembros hacia el presupuesto comunitario a través del nuevo “Tobacco Excise Duty Own Resource” (TEDOR).
Desincentiva el consumo de productos menos dañinos y potencia el comercio ilícito
Portugal, junto a Italia, Grecia y Rumanía, sostiene que el paquete legislativo propuesto es desproporcionado e ignora los beneficios potenciales de impuestos diferenciados para productos menos dañinos, argumento compartido también por países como Suecia en relación al “snus”. El ejecutivo luso considera que igualar la presión fiscal desincentiva la transición de fumadores hacia alternativas menos perjudiciales, y subraya que la historia reciente demuestra que subidas abruptas de impuestos pueden disparar el comercio ilícito.
Portugal ya experimentó anteriormente un alza del mercado negro tras incrementos fiscales, fenómeno observado asimismo en otros países del sur de Europa.
Por su parte, la Comisión defiende que una armonización de las normas fiscales supondría un avance clave para la salud pública y para la consecución del objetivo europeo de reducir el consumo de tabaco por debajo del 5% para 2040. Bruselas argumenta que la fragmentación normativa actual ha favorecido las compras transfronterizas y eludiendo controles, mientras que la introducción de nuevos productos ha dejado obsoleta la Directiva vigente desde 2010.
España apoya a la Comisión
La propuesta ha encontrado apoyo en buena parte del norte del continente, donde quince países, encabezados por España, Francia y Alemania, han urgido a la Comisión a elevar urgentemente los impuestos mínimos sobre todos los productos del tabaco e incluir alternativas como los vapeadores para evitar el “vacío legal” actual.
Mientras tanto, organizaciones de salud pública y sociedad civil lusas reclaman al Parlamento portugués endurecer la regulación interna y eliminar excepciones para los productos alternativos, poniendo el énfasis en los elevados costes sanitarios y económicos del tabaquismo.
El futuro de la primera gran reforma fiscal sobre el tabaco de los últimos años se decidirá en las negociaciones entre Estados miembros y el Parlamento Europeo, donde el consenso será especialmente complejo: la aplicación del nuevo sistema de “recursos propios”, como el TEDOR, requiere la unanimidad de los 27 gobiernos para salir adelante.