El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Más Madrid han alzado la voz en la Comunidad de Madrid ante lo que consideran un escándalo monumental de corrupción. Los dos grupos parlamentarios han presentado sendas denuncias ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, señalando a la administración de Isabel Díaz Ayuso por presuntas prácticas ilegales en la construcción de centros de Formación Profesional (FP) y otras obras públicas. Según las acusaciones, el Gobierno regional habría fraccionado contratos y facturas de manera deliberada para evitar la convocatoria de concursos públicos, lo que permitiría adjudicaciones a dedo a empresas de confianza.
La denuncia del PSOE: un caso de "prevaricación continuada"
La primera denuncia llegó de la mano del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid en julio de este año. La formación liderada por Juan Lobato alertó a la Fiscalía de que el gobierno de Ayuso podría haber cometido un "delito continuado de prevaricación administrativa" al fraccionar contratos millonarios en pequeñas partes para eludir las normativas de contratación pública. Este proceder irregular afectaba, principalmente, a la construcción de centros educativos, especialmente los de Formación Profesional.
Uno de los casos más graves señalados es el de la construcción del macro complejo educativo Ciudad Escolar, cuya obra fue valorada en 2,5 millones de euros. Un empresario denunció que, a pesar de haber realizado el proyecto, solo recibió una parte del pago, alrededor de 700.000 euros, dejando el resto de la factura sin abonar. El problema surgió cuando se descubrió que la obra, en lugar de someterse a un concurso público como dicta la Ley de Contratos del Sector Público, fue dividida en pequeñas partes de menos de 40.000 euros. Este fraccionamiento permitía que las obras fueran adjudicadas sin pasar por los controles obligatorios, beneficiando a ciertas empresas elegidas a dedo.
Más Madrid se suma a la lucha
A esta denuncia se ha sumado Más Madrid, el principal grupo de la oposición en la Asamblea, que recientemente ha presentado su propia denuncia ante la Fiscalía. La portavoz de la formación, Manuela Bergerot, ha registrado un escrito donde se detallan 342 contratos del Gobierno de Ayuso que, según ellos, fueron fraccionados de manera sospechosa para evitar los controles legales. Estos contratos, vinculados también al caso de los centros de Formación Profesional, sumarían un total de seis millones de euros adjudicados de manera irregular a 11 proveedores distintos.
Bergerot ha declarado que estos contratos no son casos aislados, sino que forman parte de un "modus operandi" que tiene como objetivo eludir la Ley de Contratación Pública y beneficiar a empresas amigas. En su denuncia, ha señalado que Enrique Ossorio, actual presidente de la Asamblea y consejero de Educación en el momento en que se adjudicaron estos contratos, y Rocío Albert, entonces viceconsejera de Política Educativa y hoy consejera de Economía, Hacienda y Empleo, deberían dar explicaciones por su papel en estos hechos.
La estrategia de fraccionamiento: un patrón de actuación
Lo más preocupante es que estos contratos fraccionados no se limitan a un solo caso. Según el PSOE, al menos otros siete centros educativos, además del complejo Ciudad Escolar, fueron construidos utilizando el mismo método. Uno de los ejemplos es la Escuela de Arte de Alcalá, donde se adjudicaron obras por un valor total de 1,2 millones de euros, fraccionando las facturas en partes inferiores a los 40.000 euros para eludir el concurso público. Estos contratos menores fueron gestionados por tres centros públicos diferentes para evitar levantar sospechas.
Además, Más Madrid ha señalado que este patrón no es exclusivo de los centros de FP. Según el partido, parte de este "proceder irregular" también se habría utilizado para ampliar el número de plazas de educación infantil en la Comunidad de Madrid entre 2021 y 2023. La administración habría dejado en manos de las direcciones de los colegios la responsabilidad de gestionar inversiones millonarias para ampliar la capacidad de las aulas, algo que, según el PSOE, debería haber sido responsabilidad de la Consejería de Educación.
Un escándalo que llega a la cúpula del Gobierno de Ayuso
El escándalo ha salpicado a altos cargos del gobierno regional. Alfonso Mateos, subdirector de Formación Profesional en el momento en que se adjudicaron muchos de estos contratos, ha sido señalado como el principal organizador de este sistema de fraccionamiento de contratos. Aunque fue cesado de manera fulminante, las acusaciones apuntan a que la responsabilidad última recae en Enrique Ossorio y Rocío Albert, quienes ocupaban los puestos de mayor responsabilidad en la Consejería de Educación cuando se tomaron estas decisiones.
Por su parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha defendido su actuación, afirmando que todas las obras se realizaron a través de un acuerdo marco con la empresa pública TRAGSA y que no se utilizó la figura del contrato menor para eludir la ley. Sin embargo, la Fiscalía ya ha comenzado a investigar las denuncias presentadas tanto por el PSOE como por Más Madrid, y las acusaciones de fraccionamiento de contratos continúan ganando peso.
La respuesta del PP: rechazo y bloqueo
La polémica ha llegado a la Asamblea de Madrid, donde la oposición, incluida Vox, ha solicitado un pleno extraordinario para que el consejero de Educación actual, Emilio Viciana, explique estos casos de fraccionamiento de contratos. Sin embargo, la iniciativa fue bloqueada gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular en la cámara, lo que ha generado críticas por la falta de transparencia.
El PSOE ha anunciado que se personará en la causa y seguirá luchando para que se aclaren los hechos. “No podemos permitir que se juegue con el dinero público de los madrileños”, ha declarado Juan Lobato, líder del PSOE madrileño, quien ha denunciado que este tipo de prácticas afectan directamente a la calidad de la educación en la región.