Mas le vale a Isabel Díaz Ayuso cerrar la boca cuando llama corrupto a Pedro Sánchez porque su gobierno está salpicado en una manifiesta irregularidad como es el fraccionamiento de contratos de obras de centros públicos de formación profesional para evitar acudir a concurso público.
Al principio se pensó que era un caso aislado. La adjudicación directa de las obras de un centro de formación sanitario por un valor estimado de 2,5 millones de euros en el macro complejo educativo Ciudad Escolar de Madrid le costó el puesto a Alfonso Mateos, subdirector general de secundaria y Formación Profesional de la CAM y, al mismo tiempo, fueron expedientados dos directores de centro a través de los cuales se fueron pagando las reformas.
Posteriormente se descubrió que otros siete centros utilizaron esta fórmula a todas luces ilegal. Recordemos que ya hay una sentencia en la que se condena a la dirigente de Junts Per Catalunya, Laura Borrás, por dividir el contrato de adjudicación de la elaboración de la página web de la Institución de las Letras Catalanas.
La Consejería de Educación del gobierno de Isabel Díaz realizó obras, al menos en siete centros de FP y Formación de Profesorado sin contrato, fuera del presupuesto, sin expediente oficial y sin pasar ningún control económico. ¿Quién lo ordenó? ¿A cambio de qué? ¿Hay más adjudicaciones con ese mecanismo? De momento son preguntas que intentará responder la Fiscalía de Madrid donde el PSOE ha interpuesto la correspondiente denuncia después de que la directora general de Secundaria y Formación Profesional, María Luz Rodríguez de Llera, evitase responder sobre este asunto en la Asamblea Regional. El primero de los casos se destapó al recibirse un burofax en el que un empresario exige el pago de “una elevada cantidad económica adeudada por obras de reforma realizadas en uno de los edificios del complejo educativo Ciudad Escolar.”
Los técnicos comprobaron que en la dirección general de Infraestructuras de la consejería no figuraba ningún expediente de contratación. A continuación “se solicitó un informe de auditoría a la Intervención General y se abrió una investigación interna para esclarecer las circunstancias de esta reclamación económica”. La investigación concluyó cuando se detectaron contrataciones irregulares en las obras del centro de formación sanitaria mediante el sistema de pagos de facturas cada una de las cuales no llegaba a los 40.000 euros.
En total, se calcula que la cantidad asciende a 2,5 millones de euros que han sido cobrados sin mediar contrato formal y sin el oportuno concurso público que requiere este tipo de actuaciones. Los directores de los institutos públicos Ciudad Escolar y el aledaño instituto Hotel Escuela desembolsaron más de 700.000 euros de las cuentas de sus centros y quedaron impagados más de 1,6 millones. Uno de directores ha llegado a decir que hicieron lo que les pedían desde arriba: “seguimos las órdenes de la dirección general”.
Posteriormente se descubrió que la práctica del fraccionamiento de pagos, castigada por la ley 9/2017 de contratos del sector público, se había llevado a cabo en las obras de otros siete centros escolares. El más significativo es la escuela de arte de Alcalá de Henares que utilizó el mismo sistema para abonar un total de 1,2 millones de euros para las obras de demolición de una planta de más de mil metros cuadrados con el fin de levantar allí un centro de diseño y arte de Formación Profesional. Después de estos casos, se han conocido reformas ilegales en otros cinco centros. Uno de ellos no es de FP sino de Formación de profesorado, que depende de otra dirección general.
El dinero de esos contratos sale directamente de los centros. Proceden de los fondos europeos, Next Generation y Ministerio de Educación. Sus directores disponen de las cantidades sin más control que el de la presentación de las facturas y certificaciones correspondientes siempre que se traten de obras menores. Por eso el fraccionamiento de los contratos. De momento sólo se han responsabilizado a dos directores de centros y al que fue subdirector general de Formación Profesional, Alfonso Mateo. Sobre las obras de la escuela de arte de Alcalá de Henares se ha abierto una investigación interna que puede acabar en la petición de responsabilidades al número dos del PP de la localidad, y hoy día director general de Educación Concertada, Jorge de la Peña, y altos cargos del departamento de infraestructuras de la CAM y la dirección del Área Territorial. Todos ellos conocían el proyecto y los planos que el adjudicatario de las obras había facilitado. Incluso De la Peña llegó a visitar las obras pidiendo algunas modificaciones en materia de climatización y manteniendo permanentes contactos con el constructor.
De momento, la fiscalía no ha iniciado las diligencias oportunas tras la denuncia interpuesta por el grupo socialista en la Asamblea de Madrid. Los juristas creen que caben dos posibilidades: que la cosa concluya con una sanción administrativa, o que las irregularidades detectadas acaben por ser calificadas como delitos de falsedad en documento y prevaricación. Lo que sí es cierto es que este asunto ha salpicado de lleno a los responsables políticos de la consejería de Educación porque no es creíble que un subdirector de política educativa y cuatro directores de instituto (que son profesores con cargo) amañaran solos esas obras millonarias. Para una construcción de estas características se necesitan permisos, proyectos, validación, licencias, y ninguno de ellos tenían conocimientos ni capacidad para resolver toda esta parte técnica.
Se piden responsabilidades al consejero, Emilio Viciana, en el cargo desde 2023, y al exconsejero y actual presidente de la asamblea regional, Enrique Ossorio, ya que ocupaba el cargo entre 2021 y 2022 el tiempo en el que se hicieron estas obras. De momento, el Partido Popular ha rechazado la convocatoria de un pleno para discutir sobre este asunto. Pero si este acaba por judicializarse, cosa que parece bastante probable, el asunto tomaría tintes de escándalo político. Y, cuidado que puede acabar en manos de la justicia europea porque los fondos proceden de la UE.