El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está en el ojo del huracán tras desvelarse que la Consejería de Educación realizó reformas en al menos siete centros educativos sin concurso y mediante fraccionamiento de contratos, una práctica que ha levantado sospechas de corrupción y está siendo investigada por la Fiscalía. Según información de elDiario.es, estas obras, que se llevaron a cabo bajo la gestión del actual presidente de la Asamblea regional, Enrique Ossorio, y la actual consejera de Hacienda, Rocío Albert López-Ibor, se realizaron en un intento de eludir los controles financieros establecidos.
El fraccionamiento de contratos: una práctica irregular
La Consejería de Educación, entonces dirigida por Enrique Ossorio y Rocío Albert López-Ibor, llevó a cabo reformas integrales en varios centros educativos troceando contratos para que las facturas no superaran los 40.000 euros más IVA, límite establecido por la Ley de Contratos del Sector Público para contratos menores. Esta estrategia permitió eludir la obligación de sacar las obras a concurso público, evitando así los controles económicos y de intervención, según ha desvelado Eldiario.es
Uno de los centros afectados fue el Instituto de Secundaria (IES) Príncipe Felipe, donde se realizó una reforma valorada en 230.000 euros. La obra incluía la remodelación de la planta baja, la biblioteca, despachos de dirección y un aula de emprendimiento. En lugar de abrir un expediente y celebrar un concurso público, se fraccionó el importe total en 12 facturas menores, pagadas desde la cuenta del centro a diferentes filiales de un mismo grupo empresarial.
La investigación de la fiscalía
La Fiscalía ha iniciado una investigación sobre uno de los casos más graves, el de la Ciudad Escolar, donde se llevaron a cabo obras por valor de 2,5 millones de euros, de los cuales 700.000 euros fueron abonados mediante fraccionamiento de contratos. Esta operación, ahora bajo escrutinio judicial, ha dejado el proyecto impagado y abandonado.
En la Escuela de Arte de Alcalá, otra obra similar se realizó con un desembolso de 1,2 millones de euros públicos, también mediante fraccionamiento de contratos. A pesar de las irregularidades, esta obra no ha sido llevada a la Fiscalía, aunque la Consejería asegura estar investigando el caso.
Otras obras irregulares
El modus operandi se repitió en varios centros, como la Escuela de Idiomas de Leganés y el Centro Territorial de Innovación y Formación Sur (CTIF) de Leganés, donde se renovaron completamente suelos, paredes y baños. En el IES Carlos Bousoño de Majadahonda se construyeron un aula multidisciplinar, un aula de tecnología y se reformaron los baños de la planta superior, con un coste total superior a 100.000 euros. Todas estas obras se realizaron sin concurso público y mediante el fraccionamiento de contratos.
El escándalo ha generado una gran polémica y ha llevado a los directores de los centros educativos a pedir una reunión con la Consejería de Educación para esclarecer los hechos. Aunque la Consejería, ahora dirigida por Emilio Viciana, no admite oficialmente más casos ni responde a las preguntas formuladas, las pruebas de elDiario.es sugieren que podría haber más centros afectados.
La práctica de fraccionar contratos para eludir controles económicos no solo pone en entredicho la transparencia del Gobierno de Ayuso, sino que también recuerda casos similares en los que se ha condenado a políticos por prevaricación. La líder de Junts, Laura Borràs, por ejemplo, fue condenada a cuatro años de prisión por fraccionar contratos menores de cuantías mucho más pequeñas que las implicadas en este caso.
Este escándalo se produce en un momento delicado para el PP de Madrid, que ya enfrentaba críticas por su gestión educativa y sanitaria. Las revelaciones de elDiario.es añaden presión sobre Isabel Díaz Ayuso y su equipo, especialmente sobre Enrique Ossorio y Rocío Albert López-Ibor, quienes estaban al mando de la Consejería de Educación durante la ejecución de estas obras.
Graves irregularidades
El fraccionamiento de contratos en los centros de FP y otras instituciones educativas en la Comunidad de Madrid representa una grave irregularidad que elude los controles necesarios para garantizar la transparencia y la correcta utilización de los fondos públicos. La investigación en curso y las pruebas aportadas por elDiario.es podrían derivar en consecuencias judiciales y políticas para los responsables. Mientras tanto, la comunidad educativa y la sociedad en general esperan respuestas claras y medidas correctivas para evitar que se repitan estas prácticas.
La gestión de Isabel Díaz Ayuso, marcada por este escándalo, se enfrenta a un desafío significativo para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar una administración transparente y responsable. La atención ahora se centra en las investigaciones y en cómo el Gobierno regional abordará las acusaciones de corrupción y mala gestión.