El Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un grupo de trabajo permanente junto a las principales plataformas digitales —Meta, X, Google y TikTok— para combatir el auge del discurso de odio en redes sociales.
La iniciativa, nacida tras los incidentes recientes de violencia vinculados a mensajes contra migrantes en Torre Pacheco (Murcia), persigue analizar y mejorar la eficacia de las empresas en la retirada de este tipo de contenidos, actualmente en torno al 30%.
El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) participará en las reuniones periódicas, con el fin de coordinar los esfuerzos y poner en práctica herramientas y políticas más contundentes contra el odio en internet.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha subrayado en el marco de la presentación del plan, que “es la democracia la que está en juego”, señalando la necesidad urgente de incrementar esa tasa de retirada y la colaboración entre todos los agentes. En 2024, el porcentaje de retirada bajó 14 puntos respecto al año anterior; la situación se mantiene estancada en 2025.
De la coordinación nacional a la regulación europea
La medida surge en paralelo al envío al Congreso de la nueva Ley de Servicios Digitales y Medios de Comunicación, que adapta a la legislación española dos reglamentos clave de la Unión Europea: el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) y el Reglamento de Medios de Comunicación.
Con estas normas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) actuará como coordinador de servicios digitales, con amplias competencias de control, inspección y sanción, —las multas por faltas muy graves pueden alcanzar el 6% del volumen de negocio anual mundial del infractor. Además, se refuerza la protección a la privacidad y la transparencia publicitaria, y se establecen canales ágiles para denunciar contenidos ilícitos. La Agencia Española de Protección de Datos se encargará de vigilar los perfiles publicitarios y la protección de menores en las plataformas.
Comparativa europea e internacional
España sigue la estela del resto de la Unión Europea, donde la Ley de Servicios Digitales es plenamente aplicable desde junio de 2025.
Esta ley obliga a eliminar contenidos ilegales en menos de 24 horas y aumenta la supervisión sobre algoritmos y la publicidad digital. Las sanciones también pueden llegar al 6% del volumen global de la empresa sancionada, igual que en España.
En el contexto europeo, hay iniciativas paralelas que refuerzan la protección, como la Ley de Inteligencia Artificial y la nueva Directiva sobre Trabajo en Plataformas, que regula derechos de los trabajadores de economía digital y combate la clasificación errónea de empleo.
Países como Estados Unidos mantienen enfoques menos estructurados: la regulación sobre discurso de odio suele recaer en las propias plataformas, aunque existen presiones crecientes para endurecer sus obligaciones frente a la desinformación y el extremismo online.
En Latinoamérica o Turquía, la regulación es más fragmentada, y en bastantes casos existe aún el reto de armonizar el control estatal con la libertad de expresión y el pluralismo mediático.