Tras la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2020, trece comunidades autónomas de España han experimentado una notable disminución en sus inversiones destinadas a programas de rentas mínimas. Este cambio se ha evidenciado especialmente en Madrid y Aragón, donde la reducción alcanza más del 80%. Esta información se desprende del Informe de Rentas Mínimas de Inserción del año 2022, preparado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y analizado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
En detalle, desde la introducción del IMV, la disminución promedio en las rentas mínimas de inserción en España ha sido de un 12,8%. Aragón y Madrid han sido las comunidades más afectadas con recortes del 81,2% y 84,5% respectivamente, seguidas por Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y Murcia con reducciones significativas. Por otro lado, regiones como Canarias, Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana han incrementado sus presupuestos en este ámbito.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales expresa preocupación por la disminución general de 241 millones de euros en los presupuestos de RMI en la mayoría de las comunidades, una tendencia contraria a la observada desde 2011. Asimismo, critican que muchos de estos ahorros presupuestarios no se han reinvertido en servicios sociales.
Cobertura de las rentas mínimas
Otro punto de interés es la cobertura de estas rentas mínimas. Según el informe, solo un 7,9% de la población en situación de pobreza en España se ha beneficiado de estas ayudas, una proporción que ha disminuido desde 2015. En contraste, en Navarra y País Vasco, más del 50% de la población en riesgo de pobreza recibe estas ayudas, mientras que en Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, el porcentaje es inferior al 2,5%.
Además, se evidencian diferencias notables en la cuantía media de las RMI por persona entre las comunidades. En algunas regiones, como Baleares y Canarias, las ayudas representan un porcentaje significativo de la renta media por hogar, mientras que en Murcia, Madrid y Aragón, las cifras son considerablemente más bajas. Este panorama refleja desigualdades significativas en la distribución y magnitud del apoyo social a nivel regional en España.