A partir del próximo 5 de noviembre, los repartidores de bombonas de butano a domicilio comenzarán una serie de paros en toda España. Esta medida afecta directamente a seis millones de hogares que dependen de este servicio, una fuente esencial de energía, especialmente en áreas rurales. La Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (FEDGLP) ha anunciado que las fechas clave de las suspensiones serán el 5, 13, 21 y 29 de noviembre, y el 5, 11, 17 y 23 de diciembre. Los repartidores exigen una revisión de las comisiones que reciben por bombona entregada, una cifra que no se ha actualizado en más de una década, según los datos aportados por el sector.
Un conflicto económico y social
El trasfondo del conflicto radica en las demandas económicas de los repartidores. Actualmente, las agencias distribuidoras reciben una comisión que, según su evaluación, es insuficiente para cubrir los costes reales del servicio. De acuerdo con el informe elaborado por la consultora BDO España, la retribución mínima necesaria para cubrir los costes operativos del reparto a domicilio debería ser de al menos 4,8 euros por bombona. Sin embargo, las agencias están recibiendo una compensación significativamente menor, una situación que consideran insostenible.
Las comisiones que reciben los repartidores están basadas en una normativa obsoleta, la Orden IET/389/2015, la cual lleva sin actualizarse una década. Durante este tiempo, los costes operativos se han disparado debido al encarecimiento de los carburantes, el aumento de los costes laborales y las nuevas exigencias medioambientales. El precio de la gasolina, por ejemplo, ha subido más del 30% en los últimos cinco años, lo que ha impactado gravemente en la rentabilidad del servicio.
Fechas de los paros y sus consecuencias
El calendario de paros prevé la suspensión del reparto a domicilio los días 5, 13, 21 y 29 de noviembre, y los días 5, 11, 17 y 23 de diciembre. Durante este periodo, no se realizarán entregas ni a particulares ni a empresas, aunque el suministro a los puntos de venta seguirá garantizado. No obstante, aquellos usuarios en situación de vulnerabilidad, como centros educativos, hospitales, residencias de mayores y otras instituciones sin ánimo de lucro, no se verán afectados por la suspensión del servicio.
Para muchos hogares en España, especialmente aquellos ubicados en áreas rurales o en situación de vulnerabilidad social, el suministro de bombonas de butano es esencial. Esta fuente de energía se ha mantenido como la opción más asequible, en comparación con otras alternativas energéticas. Según los datos de FEDGLP, la bombona de butano en España es una de las más baratas de Europa, con un precio regulado que, gracias al Real Decreto-Ley 11/22, está congelado en 19,55 euros desde la crisis energética de 2022.
Un sistema de actualización desfasado
Una de las principales quejas de los distribuidores es el sistema de actualización de las tarifas que, según FEDGLP, está completamente desfasado. Las tarifas se revisan solo una vez al año, pero la fórmula utilizada para calcular las comisiones no tiene en cuenta el aumento de los costes operativos ni la inflación. Como ejemplo, en 2024, la tarifa apenas ha subido en 0,01 euros por bombona, una cifra irrisoria teniendo en cuenta la subida de los costes en otros sectores.
Comparando con otros servicios de reparto, las diferencias son notables. Por ejemplo, el envío de un paquete premium de correos con entrega en 48 horas cuesta alrededor de 2,76 euros por kilogramo, mientras que la retribución por la logística y comercialización de una bombona de butano es de solo 0,53 euros por kilogramo, cinco veces menos.
Un sector en peligro de extinción
Las agencias de distribución llevan años soportando una presión económica insostenible. Según la FEDGLP, sin una actualización de las comisiones, muchas agencias se verán obligadas a cesar su actividad. Esto no solo afectaría a los empleos de miles de trabajadores, sino que también pondría en riesgo el suministro de energía para millones de hogares. Desde la Federación insisten en que no buscan perjudicar a los consumidores finales, sino asegurar la supervivencia del sector y garantizar un servicio de calidad.
Además, la digitalización y los nuevos objetivos de desarrollo sostenible plantean nuevos retos para el sector. La modernización de la logística es necesaria, pero sin una retribución justa, los distribuidores afirman que no podrán adaptarse a las nuevas exigencias tecnológicas y medioambientales.
Una demanda urgente
Los distribuidores exigen una revisión inmediata de la normativa que regula sus comisiones. Según sus cálculos, la actualización de la Orden IET/389/2015 permitiría mantener el precio del butano como el más económico de Europa, al tiempo que garantizaría la calidad del servicio domiciliario. Por ahora, la falta de respuesta por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como de los operadores, ha forzado a las agencias a adoptar medidas de presión.
La FEDGLP espera que los paros obliguen a las autoridades a tomar cartas en el asunto. Si no se llega a un acuerdo, es posible que los paros se prolonguen más allá de diciembre, afectando a un mayor número de usuarios.
Con una fuente de energía esencial en juego, y seis millones de hogares potencialmente afectados, la urgencia de resolver este conflicto es clara. El futuro del sector depende de que se escuchen las demandas de los distribuidores y se implemente una solución que permita la viabilidad económica de este servicio tan necesario.