Ha salido a la luz un nuevo documento queprueba los “criterios de exclusión” que el Gobierno de la presidenta de laComunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estableció para no hospitalizar a las personas mayores que se encontraban endiferentes grados de enfermedad en de mayores.
Según publica el diario Infolibre, el Protocolo de laComunidad de Madrid, fue recibido por hospitalesy residencias geriátricas seis días después de decretarse el estado de alarma.En él se establecen los “criterios de exclusión” que impedían llevar apacientes mayores a los hospitales, entre ellos discapacidad física o mental del residente.
En el documento conocido hoy,se puede leer que “NO se derivarán al hospitala los pacientes que cumplan con los siguientes criterios”, "Se procederá a derivar al hospital alos pacientes que NO tengan las siguientes características, serían CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.
Las residenciasseñalaron que durante la etapa más dura del Covid-19,desde los hospitales se les trasladó que “nopodían derivar pacientes”.
¿Tampoco era rentable para la sanidad privada?
Enépoca normal, cuando no existía una crisis sanitaria como la que estamosviviendo, la sanidad pública madrileña derivaba pacientes a la sanidad privadapara que fueran tratados. Pero en este caso tampoco se derivó a ningún mayor.¿por qué? Esa es la pregunta que se hacen desde las asociaciones medidas ydesde los sindicatos madrileños.
El documento publicadopor InfoLibre también explica “cómomedicar en los geriátricos a los pacientes que tienencriterios de exclusión de derivación. Esta instrucción afectó tanto aenfermos con infección respiratoria como a los que tenían otra patología”.
El pasado 11 de mayo ‘La Marea deResidencias’, que agrupa a familiares de personas mayores en residencias,presentó una querella criminal colectiva contra lapresidenta de la Comunidad de Madrid, IsabelDíaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y 10directores de residencias con fallecidos o mal atendidos durante esta crisissanitaria.
Ahora, tras conocerse estedocumento, tanto el consejero de Políticas Sociales, AlbertoReyero, de Ciudadanos, como el Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escuderodel Partido Popular, deberán dar explicaciones, el primero se desmarca y elsegundo no responde.
LaFiscalía General del Estado (FGE) inició diligencias de investigación penal abiertas a residencias de mayores, sin perjuicio de las investigaciones previasya abiertas en diferentes juzgados de las comunidades autónomas, a por lo menos80, sólo en la Comunidad de Madrid. También se han realizado 124informes de seguimiento en el ámbito civil, referentes a procedimientosde protección de derechos fundamentales.