Pedro Sánchez no hizo caso de las advertencias que se le hicieron desde su propio partido sobre el nuevo gobierno que quería formar tras los pactos de investidura con el independentismo catalán. Sin embargo, el único objetivo del presidente del Gobierno era mantenerse a toda costa en la Moncloa al precio que hiciera falta.
La aritmética parlamentaria tras las elecciones generales del 23J determinaban que el plan de Pedro Sánchez tenía muy poco margen de maniobra a lo largo de la legislatura. Los pactos que firmó con las formaciones independentistas catalanas, que ya tenían un coste de más de 160.000 millones de euros y que no estaban incluidas en su programa electoral, tenían una vigencia que terminaba con la investidura de Sánchez. No se trataba de un acuerdo de legislatura, por más que fuentes del PSOE afirmaran a Diario16+ que iba implícito.
Esa misma aritmética parlamentaria es la que provoca que el actual gobierno de coalición progresista sea muy débil. La propia vicepresidenta Yolanda Díaz afirmó tras la primera gran derrota en el Congreso que «así no se puede gobernar». Y tiene razón, porque hay mucho en juego para toda la ciudadanía, no sólo para la que habite en una región concreta.
Sánchez ha sufrido durísimas derrotas parlamentarias en menos de un año y va a tener una más con la senda del déficit. Así se lo ha dejado muy claro hoy la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, quien ha afirmado que el acuerdo sobre el cupo catalán no es «concierto ni nada que se le parezca», que Cataluña no tendrá el poder ni la llave de la caja (aspiración máxima del independentismo). Por esa razón, ha anunciado que los 7 diputados de la formación de Carles Puigdemont votarán en contra de la senda del déficit aprobada este martes por el Consejo de Ministros.
Ante estos argumentos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido el pacto con Esquerra y ha pedido que Junts reconsidere su postura.
Sin embargo, Nogueras no se ha ablandado y ha retado explícitamente a Montero a que dé cifras específicas sobre el «expolio fiscal» que, según los independentistas, sufre Cataluña, además de cuestionar si el pacto con ERC es un concierto económico como el vasco.