En mayo, la Audiencia Provincial de León emitió una sentencia sobre un caso de violencia sexual donde el agresor de 20 años abusó de una niña de 12. El tribunal consideró que la pertenencia a la cultura gitana del agresor y la víctima debía ser un atenuante, basándose en la premisa errónea de que las costumbres gitanas permiten el matrimonio y relaciones sexuales a temprana edad. Esta decisión ha sido duramente criticada por activistas, quienes denuncian que la sentencia aplica prejuicios culturales en lugar de proteger adecuadamente a la menor.
María Hernández, activista y ex concejal en León, expresó su rechazo a la sentencia y a la utilización de la "cultura gitana" como justificante para reducir la pena. Hernández y otras feministas gitanas han lanzado la campaña #lasNiñasGitanasNiñasSon para denunciar cómo el sistema judicial frecuentemente utiliza la cultura como atenuante en casos de abusos sexuales contra niñas gitanas, incluso cuando el agresor es no gitano.
El documento de la campaña critica que el artículo 183 bis del Código Penal, que permite atenuantes por la proximidad cultural, se haya aplicado sin pruebas periciales adecuadas sobre la madurez de la víctima y el agresor. Las activistas sostienen que la utilización de estos atenuantes ignora la realidad de la exclusión social y marginalidad en lugar de reflejar auténticas costumbres culturales.
Una respuesta judicial insatisfactoria
Celia Montoya, otra activista, lamenta la negativa del Consejo del Poder Judicial a intervenir, argumentando que la función de inspección de juzgados corresponde precisamente a este organismo. Además, recuerda que el Consejo se encuentra en una calle con nombre asociado a la opresión histórica del pueblo gitano, lo que agrava la percepción de injusticia.
Sandra Heredia, activista y ex candidata a la alcaldía de Sevilla, resalta la importancia de la colaboración entre feministas gitanas para impulsar esta campaña. Enfatiza cómo estas alianzas permiten un mayor impacto y cuestionan políticas asistencialistas que han marcado la organización de las mujeres gitanas.
Racismo frente al interés superior del menor
La abogada Séfora Vargas, parte clave en la campaña, critica las sentencias que desatienden la edad de consentimiento de 16 años y recurren a justificaciones culturales. Vargas considera que estas sentencias son discriminatorias y se desvían de los principios constitucionales, empleando una visión distorsionada de la cultura gitana para minimizar la gravedad de los abusos.
Las activistas afirman que estas sentencias confunden la marginalidad y exclusión social con características culturales, desamparando a las niñas. Subrayan que el matrimonio precoz es cada vez menos común en la comunidad gitana y abogan por una mayor comprensión y respeto hacia su cultura, al tiempo que denuncian el racismo institucional.
Desde León, Hernández agradece el apoyo recibido y destaca el compromiso de las feministas gitanas para erradicar prácticas desfasadas. La campaña #LasNiñasGitanasNiñasSon busca garantizar justicia y equidad para todas las niñas, reflejando la necesidad de una revisión judicial que respete plenamente sus derechos.