El suicidio, una crisis silenciosa en las fuerzas de seguridad españolas

La salud y el bienestar de los policías y guardias civiles no solo es crucial para ellos y sus familias, sino también para la seguridad y el bienestar de toda la sociedad española

07 de Agosto de 2024
Actualizado a la 13:24h
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El suicidio, una crisis silenciosa en las fuerzas de seguridad españolas

La realidad que enfrentan los agentes de policía y guardia civil en España es alarmante. Cada año, una media de 7,5 agentes fallecen mientras se hallaban trabajando. Sin embargo, la cifra que más preocupa es la de aquellos que se quitan la vida: una media de 27,5 suicidios anuales. Este dato implica que, por cada agente que muere en acto de servicio, cuatro se suicidan.

Una profesión de alto riesgo y sus demandas

Desde 2016, han fallecido 9 policías nacionales y 50 guardias civiles en acto de servicio. En un período similar, desde 2018, 165 agentes de ambos cuerpos se han quitado la vida. Estas cifras colocan al sector policial como uno de los más afectados por el suicidio a nivel mundial. En España, la situación es cada vez más preocupante, con el Ministerio del Interior registrando 10 suicidios de guardias civiles y seis de policías nacionales solo en 2023. Sin contar con los datos de la policía local y autonómica, la cifra asciende a 21 efectivos en total.

Las diferentes asociaciones de agentes han reclamado insistentemente al Ministerio de Fernando Grande-Marlaska que se implanten mayores medidas de seguridad y protocolos contra el suicidio. Entre las peticiones más frecuentes está la de ser considerados como una "profesión de riesgo", lo que implicaría también mayores contrapartidas económicas y beneficios laborales.

La importancia del reconocimiento como profesión de riesgo

El reciente incidente en Barbate, donde dos guardias civiles fueron asesinados al ser arrollados por una narcolancha, ha reavivado las demandas de reconocimiento de la naturaleza penosa y peligrosa de la profesión. Actualmente, los Mossos d’Esquadra, la Policía Foral de Navarra, la Ertzaintza y las policías locales ya cuentan con esta categoría, pero la Policía Nacional y la Guardia Civil no.

Ser reconocidos como profesión de riesgo proporcionaría beneficios significativos, como más flexibilidad en los horarios de trabajo, formación específica en prevención de riesgos laborales y la posibilidad de jubilarse antes sin sufrir recortes ni penalizaciones en la cuantía de las pensiones. En la actualidad, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se jubilan a los 65 años, según lo estipulado en las leyes orgánicas 9/2015 y 29/2014, respectivamente.

Necesidad de medidas preventivas y apoyo psicológico

Las asociaciones, como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), llevan años denunciando la necesidad de medidas y mecanismos de prevención dentro de las instituciones. La detección temprana de las señales de alerta podría disminuir significativamente el riesgo de suicidio entre los agentes.

La AUGC y la Confederación Española de Policía (CEP) también reclaman el aumento del número de psicólogos o la externalización del servicio de atención psicológica. Proponen que los facultativos no pertenezcan a la escala de mando, para que los agentes puedan tratarse con especialistas ajenos al cuerpo sin miedo a repercusiones en su carrera profesional.

Otra medida crucial solicitada es la instalación de armeros en todas las unidades. Los armeros son cajas fuertes donde se guardan las armas, evitando que los agentes se las lleven a casa. Según las asociaciones, esto podría reducir el riesgo de suicidios, ya que tener el arma a mano en momentos de estrés y malestar facilita la comisión de actos impulsivos.

Un problema que requiere atención urgente

La elevada tasa de suicidios entre policías y guardias civiles en España es un problema grave que exige una atención urgente y medidas efectivas. Las demandas de las asociaciones de agentes son claras y están fundamentadas en la necesidad de proteger la salud mental y física de quienes trabajan en una de las profesiones con más riesgo del país.

La responsabilidad del Ministerio del Interior y de las autoridades pertinentes es actuar con diligencia  para implementar las medidas necesarias que garanticen un entorno laboral seguro y saludable para los agentes. La salud y el bienestar de los policías y guardias civiles no solo es crucial para ellos y sus familias, sino también para la seguridad y el bienestar de toda la sociedad española.

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