Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, está siendo investigado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la causa abierta por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Diputación extremeña bajo su mandato.
Gallardo es noticia hoy porque la justicia extremeña ha determinado que el aforamiento de Gallardo fue "un movimiento precipitado" y realizado en fraude de ley, con la intención de eludir la competencia del juzgado ordinario y de la Audiencia Provincial que le investigan por la presunta comisión de los delitos anteriormente señalados.
Y es que, Gallardo hizo un movimiento político que llamó mucho la atención: adquirió la condición de diputado autonómico en la Asamblea de Extremadura justamente en el momento en el que se avanzaba en el proceso donde está siendo investigado. Para este movimiento político hubo cargos de su partido que tuvieron que renunciar a sus cargos, haciendo así que "corriera lista", y dejasen hueco para Gallardo.
El hecho de que Gallardo intentase ser aforado tendría como consecuencia directa que el caso pasase a manos del Tribunal de Justicia de Extremadura, que es el que conoce de asuntos en los que los diputados puedan verse relacionados con motivo de sus funciones públicas. Sin embargo, ese movimiento no ha funcionado, y el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado asumir la causa contra Gallardo, devolviéndola al juzgado que ya estaba investigando los hechos, el número 3 de Badajoz, que era el que Gallardo parecía querer evitar con ese intento de aforamiento ultra rápido.
Según el auto judicial, no se trató de una adquisición sobrevenida de la condición de diputado tras unas elecciones, sino de una "concatenación de actos" para buscar rápidamente el aforamiento y así cambiar el tribunal competente que debía juzgarle. El tribunal señala un "indicio inequívoco" de manipulación del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley.
“No estamos ante una sobrevenida adquisición de la condición de diputado, y por ende, de la de aforado, tras la celebración de elecciones a la Asamblea de Extremadura, sino ante una concatenación de actos indicativos de que se busca precipitadamente el aforamiento para eludir la competencia del juzgado de instrucción y de la audiencia provincial”, señala el texto.