La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 30 años de cárcel para el excomisario José Manuel Villarejo por su implicación en el proyecto Ámbar, una de las múltiples piezas que integran la macrocausa por espionaje y corrupción que rodea al exagente. El caso, que se suma a una lista de nueve investigaciones ya listas para juicio, pone el foco en un nuevo encargo privado de Villarejo que, según el Ministerio Público, incluyó acceso ilícito a datos confidenciales y actividades ajenas a su función policial.
En esta ocasión, el origen del encargo fue una disputa por una herencia millonaria. La Fiscalía sostiene que Villarejo, a través de su sociedad empresarial, cobró 423.500 euros por realizar indagaciones sobre 34 personas relacionadas con el litigio, incluido el juez que había dictado la sentencia. Para ello, recurrió a bases de datos policiales restringidas, como Sidenpol o el Consejo General del Notariado, donde se realizaron búsquedas sobre al menos seis de los investigados.
Junto a Villarejo se sentarán en el banquillo su abogado y socio empresarial, Rafael Redondo, así como los agentes Antonio Bonilla y Javier Fernández. La Fiscalía imputa a Villarejo seis delitos de revelación de secretos, con una pena de cuatro años de cárcel por cada uno, y un delito continuado de cohecho impropio, que suma otros seis años.
El cohecho, no obstante, sigue siendo una cuestión jurídica polémica. Mientras que en un juicio anterior Villarejo fue absuelto de este delito al considerarse que sus encargos no interferían con su labor como comisario, otro tribunal le condenó por hechos similares al entender que no podía recibir pagos de terceros mientras seguía en activo. Ambas sentencias están recurridas ante el Tribunal Supremo.
La petición de 30 años por el proyecto Ámbar se añade a las penas solicitadas por otras piezas separadas, como la operación Kitchen, ya con fecha de juicio fijada para abril de 2026. A corto plazo, Villarejo espera sentencia por otro proceso: el relativo al espionaje para Repsol y Caixabank, donde la Fiscalía reclama más de 40 años de prisión por actuar, en sus palabras, como “un auténtico policía privado”.
El avance judicial contrasta con la situación de su entorno familiar. Su esposa, Gemma Alcalá, y su hijo fueron absueltos en el primer gran juicio, y recientemente el juez Antonio Piña exoneró a Alcalá de la única causa en la que seguía imputada. Sin embargo, ella continúa investigada en la pieza principal del caso, que examina presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.