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Agresión sexual a una trabajadora de un hospital público de la Comunidad de Madrid gestionado por Quirón Salud

Tras los hechos acaecidos en el Hospital Infanta Elena de Valdemoro, no se activó el protocolo de agresión sexual, ni el de accidente laboral, tampoco se cumplió con el protocolo de seguridad cuando se produjo la agresión y no se facilitó asistencia psicológica a la víctima

Juan Carlos Ruiz
Juan Carlos Ruiz
Periodista y Licenciado en Ciencias de la Información
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análisis

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La empresa Quirón Salud es a la que el Gobierno de la Comunidad de Madrid entregó la gestión de este hospital público del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Tras el suceso no se activó el protocolo de agresión sexual, ni posteriormente el de accidente laboral, y tampoco cumplió con el protocolo de seguridad cuando se produjeron los hechos. A la víctima no le facilitaron asistencia psicológica en un primer momento, y el hospital no prestó los servicios de asesoría jurídica a la trabajadora, hasta que no lo solicitaron las delegadas de CCOO, porque era necesario para la celebración de un juicio rápido contra el acusado de perpetrar la agresión.

Tampoco la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, máxima responsable del hospital intervino para auditar el supuesto quebrantamiento de la norma.

Golpes y agresión sexual

Los hechos ocurrieron en la última semana de enero de 2024. La trabajadora estaba en su turno cuando la Guardia Civil trasladó al hospital a un hombre con lesiones en la cara al que dejó en la sala de espera de Urgencias. La supervisora de turno le trasladó a una zona de boxes, allí el paciente solicitó ir al aseo. Una sanitaria que observó al paciente deambulando le interpeló para regresar a boxes. Sin embargo, el individuo no acudió al lugar y permaneció deambulando por pasillos y sala de espera, desde donde accedió por una puerta que debía estar cerrada, hasta llegar al laboratorio y zona de acceso al aparcamiento de personal. Una trabajadora se percató de la presencia del extraño y le conminó a salir de allí.

Es en este contexto, en un pasillo de acceso a los ascensores, donde se produjo la agresión. La víctima fue golpeada y agredida sexualmente. Logró zafarse de su atacante cuando éste, durante el forcejeo, perdió las gafas. La trabajadora huyó hacia el aparcamiento, comenzó a gritar y otros trabajadores escucharon sus gritos de socorro. Encontraron a la trabajadora en estado de shock, con heridas y sangre en la cara y en un estado de nerviosismo y miedo extremo. Fue atendida de urgencia en el propio hospital, pero no se activó el protocolo VISEM de agresión sexual. Tampoco se le prestó atención psicológica, ni le prescribieron tranquilizantes, sólo un paracetamol.

El informe de CCOO recoge que la condición que supuestamente desencadenó el accidente fue que la puerta del laboratorio estaba averiada y tenía la pestaña de cierre desactivada, lo que permitió al agresor acceder al área de laboratorio. No había protocolos claros sobre el acceso de pacientes a áreas restringidas, ni se había implementado un sistema efectivo para garantizar el cierre automático de la puerta. El origen del accidente laboral fue que el agresor accedió a la zona de laboratorio que, en ese momento, no disponía de la supervisión adecuada. La falta de atención del Servicio de Seguridad a través de los sistemas de visualización permitió que la agresión ocurriera sin intervención temprana.

Retahíla de fallos

A juicio de Salud Laboral de CCOO, los fallos que supuestamente desencadenaron el accidente laboral grave fueron: la falta de evaluación de riesgo de agresión física y sexual en el puesto de trabajo en caso de agresiones a personas trabajadoras, falta de evaluación del trabajo nocturno y aislado, falta de formación ante supuestos de agresiones, falta de mantenimiento adecuado de la puerta de laboratorio, falta de control por parte de las cámaras de seguridad del hospital así como de la realización de rondas presenciales en las instalaciones, ausencia de medidas de seguridad para prevenir el acceso no autorizado a áreas restringidas, deficiencias en la supervisión y respuesta por parte del personal del hospital ante la presencia de un paciente en una zona restringida.

El sindicato constata diferentes incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. Ya que este hospital no había incluido la valoración de la violencia sexual entre los riesgos laborales concurrentes, teniendo además la obligación de formar e informar de ello a las personas trabajadoras del centro y ninguna de éstas había recibido esta información y formación.

El domingo 21 de abril, tres meses después de la denuncia, la puerta de entrada al laboratorio donde se produjo la agresión volvía a estar abierta. El incidente se produjo el pasado mes de enero. En marzo CCOO aún no había recibido contestación a su petición en la que reclamaba un informe de la investigación, la consideración de accidente laboral y la participación de los/las delegados/as de Prevención, según marca la ley, en la investigación y valoración para la aplicación de medidas correctoras y la puesta en marcha de los medios para evitar la recurrencia de este tipo de hechos. La empresa no facilitó el informe de investigación del accidente laboral.

CCOO ha instado a la Dirección del hospital a tomar, con urgencia y celeridad, una decena de medidas. Entre éstas destaca la realización de un protocolo de atención a las personas trabajadoras por agresión sexual, y que accedan a los servicios de apoyo psicológico y jurídico de forma inmediata. Y reclama a la Consejería de Sanidad, ya que el hospital es de titularidad pública, que tome medidas para garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

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