Amnistía Internacional ha publicado un informe, «Esperanza bajo riesgo: La falta de un espacio seguro para defender derechos humanos en Colombia», que pone de manifiesto la insuficiente respuesta del Estado colombiano frente a los graves riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos en el país durante los últimos cinco años.
Situación Actual
La organización ha recibido numerosas denuncias de defensores en Colombia que sufren ataques y amenazas por su labor. Entre 2020 y 2023, se ha observado la falta de acciones estatales efectivas para garantizar su protección, especialmente para quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente.
Según la Defensoría del Pueblo de Colombia y el Programa Somos Defensores, el número de asesinatos de defensores ha sido alarmantemente alto, con cientos de casos reportados desde 2020 hasta 2023. Esta tendencia creciente refleja una situación de riesgo constante para estas personas.
Casos Específicos
El informe detalla casos en cuatro regiones de Colombia, incluyendo la Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos de Santander (FEDEPESAN) y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) en el Magdalena Medio, la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de la Perla Amazónica (ADISPA) en el Putumayo, y la comunidad indígena de ASEIMPOME en el Meta. Todos enfrentan amenazas y ataques significativos.
Análisis de la Respuesta Gubernamental
El informe critica las medidas adoptadas por el gobierno anterior, liderado por Iván Duque, calificándolas de contraproducentes y señalando la falta de cumplimiento de los compromisos del acuerdo de paz de 2016. Sin embargo, reconoce ciertos cambios en el enfoque del gobierno de Gustavo Petro, aunque enfatiza que la violencia contra defensores continúa.
Llamamiento a Acción
Amnistía Internacional urge a las autoridades colombianas a adoptar medidas de protección colectiva para abordar las causas estructurales de la violencia, con un enfoque integral e interseccional. Resalta la necesidad de proteger a mujeres, Pueblos Indígenas, comunidades Afrodescendientes y campesinas, niños y niñas, personas LGBTIQ+ y comunidades rurales.
Este informe actualiza la investigación previa «¿Por qué nos quieren matar?» y hace un llamamiento urgente para garantizar un espacio seguro y propicio para los defensores de derechos humanos en Colombia, enfatizando la responsabilidad del Estado en su protección y en la mitigación de las causas de la violencia en su contra.
