La codicia corporativa ha tenido una participación directa en las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo. Desde los intereses privados se han realizado campañas de desprestigio contra aquellos candidatos o partidos, de todas las ideologías, que defendían el bienestar de los ciudadanos, el medioambiente o la buena gestión de los fondos públicos.
Los buitres que cobran millones de euros desde sus despachos sin hacer más que buscar el modo en que aprovecharse del dinero de toda la ciudadanía han actuado y uno de los mejores ejemplos es lo sucedido en Valladolid.
El 28M, el socialista Óscar Puente ganó las elecciones pero es muy probable que no vuelva a gobernar Valladolid puesto que los números no suman, dado que el PSOE obtuvo 11 concejales, al igual que el PP. Por su parte Vox, logró 3 y la coalición de izquierdas TLP, 2. Si Óscar Puente ha sido uno de los mejores alcaldes de la capital pucelana, ¿por qué se ha llegado a esta situación?
Fuentes del sector empresarial y financiero han señalado a Diario16 que el más que posible (y presunto) responsable haya sido el Grupo AGBAR (Aguas de Barcelona), quien no ha perdonado la remunicipalización del servicio de suministro de agua de Valladolid aprobado por Puente y que ha logrado una mejora de dicho servicio ciudadano, además de obtener millones de euros en beneficios para el Ayuntamiento que, anteriormente, iba a las arcas de una empresa privada en vez de a los vallisoletanos.
Beneficios de 10,4 millones de euros
La empresa de agua de Valladolid, Aquavall, obtuvo en 2022 un beneficio de explotación de 10,4 millones de euros (10.391.681 euros), cantidad que pasa a las reservas de la entidad pública municipal que gestiona el agua de Valladolid. Estos beneficios, además, se han producido cumpliendo con los objetivos de inversión fijados, que durante el último ejercicio alcanzaron los 9.22 millones de euros.
Además, los resultados se consiguieron sin subir las tarifas del suministro de agua desde el año 2014. Al cierre del ejercicio 2022, la entidad que gestiona el agua de Valladolid se encuentra en una situación saneada con unos activos líquidos que superan los 28 millones de euros, que comparado con las Deudas a Corto Plazo representa un 781,93 %, según destaca el informe de los auditores analizado junto a las cuentas.
Según la presidenta de Aquavall y concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, las cuentas «avalan la decisión de la municipalización del servicio integral del agua en 2017, y la gestión realizada a través de la entidad pública, que ha mantenido las tarifas congeladas desde su creación mientras ha multiplicado las inversiones en las instalaciones y redes de suministro y saneamiento».
Había que frenar a Óscar Puente por lo civil o lo criminal
Aguas de Barcelona ya inició una campaña brutal contra Óscar Puente antes de las elecciones municipales de mayo de 2019. Así lo denunció el propio alcalde de Valladolid, quien culpó directamente al «lobby del agua» de ser los responsables de esa campaña.
En el quiosco de la estación de tren de Valladolid apareció, en la estantería de «Más Vendidos», un libro titulado El futuro del agua pasa por Valladolid. El propio kiosquero confirmó al alcalde que no era verdad que fuera de los más vendidos, pero que el editor del libro le obligaba a ponerlo ahí.
El autor, Diego Jalón, era un verdadero desconocido tanto en el mundo periodístico como en el de la comunicación. Sin embargo, es importante ver quién es el prologuista: Jesús Sánchez Lambás, abogado de la empresa Aguas de Valladolid, perteneciente al Grupo AGBAR. Qué casualidad. Según publicó Óscar Puente en Twitter, Sánchez Lambás era «un ciencia que ha perdido TODOS los pleitos que ha iniciado contra el Ayuntamiento de Valladolid por su decisión de remunicipalizar el agua. Dice ser próximo al PSOE. Los parásitos suelen ser próximos a lo que parasitan».
Sin embargo, lo más grave es que hubiera exministros socialistas apoyando esa campaña, como Francisco Caamaño y Valeriano Gómez, éste último con una trayectoria en la que ha vivido del lobismo y de la presencia en consejos de administración, como el de la asturiana Duro Felguera, que tuvo que abandonar tras la intervención de la SEPI.
Caamaño es el actual presidente del Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR), organismo del que también fue directivo Valeriano Gómez, quien desde sus supuestos estudios ha continuado con su campaña contra la gestión de Óscar Puente.
Estos tres personajes, incluso, han compartido mesas redondas para ir en contra de la remunicipalización de servicios públicos básicos y defendiendo el mantra neoliberal de que lo privado funciona mejor o que lo privado garantiza una buena gestión, lo cual es falso, como se ha podido comprobar, por ejemplo, en la depauperación de los servicios de limpieza en Madrid o en la perversión absoluta de la sanidad privatizada en algunas comunidades autónomas.
En 2019, según denunció Óscar Puente, había mucho miedo a que la experiencia de la remunicipalización del servicio de agua saliera bien porque se ponían en juego miles de millones de euros de beneficios. Si Valladolid, una capital importante, demostraba que la gestión mejoraba sin necesidad de empresas privadas, como así ha sido, otras muchas le seguirían y el negocio del agua se acababa. Los datos de 2022 avalan que la decisión fue acertada.
«Si la experiencia sale bien, se acabó el negocio. Así que hay que socavar al gobierno municipal de Valladolid para que en Valladolid vuelva a gobernar la derecha que tardará ‘cero coma’ en volver a privatizar el servicio», denunció Puente en 2019. En 2023, el alcalde de Valladolid lo dejó muy claro:
Las campañas contra el alcalde de Valladolid y la gestión del Ayuntamiento han continuado en esta legislatura, algunas de ellas han terminado en la Fiscalía por calumnias e injurias. Esos movimientos no eran casuales ni podían ser gratuitos, había dinero por detrás, sobre todo porque siempre se acusaba sin pruebas a Puente de haber cometido delitos relacionados con la gestión de dinero público, tal y como han confirmado distintas fuentes a Diario16.
Puente denunció en Twitter la persecución que se sufría en determinadas ciudades y se refirió, en concreto, a las denuncias interpuestas contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y que, tras haberse dado la suficiente difusión en determinados medios y redes sociales, con el daño reputacional consiguiente, eran archivadas por los juzgados.
«Lo grave es la estrategia que hay detrás, de la que yo mismo he sido víctima. ¿Quién interpone estas querellas? ¿Con qué fines? ¿Por qué se admiten a trámite con tanta ligereza a veces.? “Décima denuncia contra Colau archivada por no haber caso”», afirmaba Puente.
Al final, todo indica que Aguas de Barcelona ha ganado el pulso y se demuestra una vez más que la buena gestión de los recursos de la ciudadanía no es suficiente, sino que sólo será válida si el político o la política de turno tiene tragaderas para permitir que el dinero público sirva para engordar las cuentas de explotación de unos pocos.