La victoria de Isabel Díaz Ayuso por mayoría absoluta ya tiene consecuencias muy negativas para las familias madrileñas, dado que se ha abierto la veda para que los grandes fondos buitre lancen una campaña hostil contra la ciudadanía, todo ello con la complicidad pasiva de la Comunidad de Madrid.
A partir del martes se inician los juicios por los que el fondo buitre norteamericano BlackStone, socio de Banco Santander en distintas operaciones, pretende desahuciar a 40 hogares de toda la Comunidad de Madrid. Hace más de un año, estas 40 familias recibieron un burofax en el que el fondo buitre, el mayor casero de España y el mundo, les imponía subidas abusivas de hasta el 100% respecto a su alquiler anterior. Les daban dos opciones: o aceptaban la subida o se tenían que marchar de la vivienda al no renovarse su contrato de alquiler. Sin embargo, todas estas familias eligieron una tercera opción: organizarse, unirse al Sindicato de Inquilinas de Madrid y PAH Alcorcón para luchar por un alquiler digno.
El primer juicio se iniciará el próximo martes 6 de junio, a las 13 horas, en los juzgados de Alcorcón, de los 40 que hay previstos, a pesar de que tanto el Ayuntamiento como su Oficina de Vivienda se han mostrado interesados en mediar una solución con el fondo buitre.
Sin embargo, una vez más, el derecho a la especulación sigue blindado por encima del derecho a una vivienda digna y estable. Tras un año de coacciones, presiones y amenazas por parte de Blackstone, las familias tienen claro que seguirán organizadas y no se marcharán de sus casas. Exigen la paralización inmediata de todos los procesos judicialesy una mesa de negociación colectiva para poder firmar nuevos contratos sin subidas abusivas para ninguna.
Según la regulación de alquileres incluida en la Ley de Vivienda, todas estas subidas serían ilegales y ninguna de estas personas se estarían enfrentando a un desahucio. La inacción de Isabel Díaz Ayuso y el PP de Madrid frente a los fondos buitre y la especulación inmobiliaria supone que estas prácticas abusivas seguirán siendo legales en la Comunidad de Madrid, ya que los grandes propietarios solo verán los precios de sus inmuebles en alquiler limitados en aquellas Comunidades Autónomas que así lo establezcan al decretar zonas tensionadas.
No hay que olvidar que Isabel Díaz Ayuso, durante la campaña electoral, se puso en favor de los fondos buitre y en contra de las familias, además de justificar este tipo de subidas en los precios del alquiler: "Es que es su casa. Esa familia que a mí me alquila su casa la tiene pagada religiosamente. Ellos, a su vez, imagino que tendrán otro alquiler en otro sitio y hacen sus cuentas y deciden que necesitan para que su vivienda sea rentable a un precio determinado. Si me gusta bien y si no, qué podemos hacer", afirmó Ayuso, lo que demuestra su interés en defender, precisamente, que la especulación está por encima del derecho a la vivienda digna recogido por la Constitución.
Por tanto, Testa y Fidere, filiales españolas de Blackstone, pueden y podrán imponer subidas ilimitadas a sus más de 13.000 inquilinos y proceder a desahuciarlos si éstos no aceptan el abuso. Estas familias, que hace más de una década accedieron a un alquiler social del parque público de vivienda o viviendas de protección oficial, ahora sufren las consecuencias de la venta de sus viviendas a fondos internacionales que fueron bienvenidos en España con el único objetivo de especular. En el contexto actual, en el que la mitad de la población inquilina es cada vez mayor y más precarizada, está en riesgo de pobreza según el último informe del Banco de España, estas prácticas abusivas son totalmente desmesuradas.
No es la primera vez que un caso así tiene lugar en Madrid. En 2019, más de 80 hogares inquilinos de Blackstone también se enfrentaron a esta situación. Esas familias tampoco aceptaron las subidas abusivas, no se dejaron intimidar por las coacciones del fondo buitre y se organizaron con el Sindicato de Inquilinas. Tras dos años de lucha, con más de 80 hogares fuera de contrato depositando el alquiler en el juzgado, se consiguió ganar al fondo y, tras establecer una negociación colectiva, se firmaron 80 nuevos contratos de alquileres dignos con una duración de 7 años.