Isabel Díaz Ayuso ha insistido en que los protocolos que impidieron la hospitalización de mayores en residencias durante la pandemia no existieron en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, los documentos oficiales contradicen su versión. Mientras otras autonomías establecieron criterios médicos generales, Madrid firmó directrices específicas y restrictivas que vetaban el ingreso hospitalario de miles de ancianos.
Durante una reciente entrevista, Ayuso volvió a desviar la atención asegurando que otras comunidades también aplicaron restricciones a la hospitalización. Sin embargo, la realidad es que Madrid fue la única región que puso por escrito órdenes explícitas para no trasladar a mayores a hospitales, incluso en casos graves.
Los protocolos de Madrid: firmados y ejecutados
Cuatro documentos elaborados por la Comunidad de Madrid en marzo de 2020, firmados por Carlos Mur, entonces director de Coordinación Sociosanitaria, establecían criterios específicos para negar el traslado de mayores de residencias a hospitales. Aquellos con problemas de movilidad o deterioro cognitivo severo quedaban automáticamente excluidos.
Estos protocolos, que salieron a la luz en medios de comunicación poco después de su creación, estaban dirigidos a los hospitales madrileños y establecían un procedimiento inédito: si una residencia detectaba un caso sospechoso de covid-19, no podía llamar directamente a emergencias. En su lugar, debía contactar con un geriatra asignado que, por teléfono, decidía si el paciente podía ser ingresado o no. La respuesta, en la mayoría de los casos, era negativa.
El impacto de estas directrices fue devastador. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 7.269 mayores fallecieron en residencias madrileñas solo entre marzo y abril de 2020. Organizaciones como Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras denunciaron el caso de Madrid como un ejemplo de abandono institucional.
¿Qué hicieron otras comunidades?
Ayuso ha intentado equiparar la situación de Madrid con la de otras regiones, pero los documentos disponibles muestran diferencias sustanciales. Aunque algunas autonomías establecieron criterios para priorizar la atención hospitalaria, ninguna aplicó un veto tan estricto ni dejó constancia por escrito de una prohibición generalizada.
Cataluña redactó un protocolo el 25 de marzo de 2020 en el que recomendaba no ingresar en la UCI a mayores de 80 años, pero permitía su hospitalización en planta si las condiciones lo permitían. Además, estableció un seguimiento domiciliario para garantizar atención médica a los mayores.
Galicia replicó parte del protocolo madrileño, pero habilitó centros específicos para mayores con covid-19, permitiendo su ingreso en unidades médicas especializadas.
Castilla y León elaboró un protocolo restrictivo, pero creó equipos médicos especiales para tratar a los pacientes en residencias, algo que Madrid nunca implementó.
Aragón publicó directrices similares para mayores de 80 años que vivían en domicilios particulares, pero también organizó unidades especializadas para atenderlos.
Canarias estableció criterios similares a los de Madrid, pero la baja incidencia de la pandemia en la región redujo su aplicación.
La clave radica en que Madrid fue la única comunidad que estableció una orden por escrito, con la firma de un alto cargo, prohibiendo la hospitalización de mayores en residencias. Además, mientras algunas regiones crearon infraestructuras para paliar el impacto en estos centros, la Comunidad de Madrid optó por enviar a sus sanitarios al hospital de campaña de Ifema, que no admitía a mayores de residencias.
El intento de desviar responsabilidades
Desde el inicio de la crisis, la estrategia de Ayuso ha sido negar la existencia de estos protocolos y desviar la atención hacia el Gobierno central y otras comunidades. Sin embargo, la evidencia es abrumadora: los documentos existen, fueron aplicados y causaron miles de muertes.
En Madrid, la pandemia golpeó con especial dureza. Según el Comité Europeo de las Regiones, la capital española tuvo el mayor exceso de mortalidad de toda Europa en 2020. Los datos del INE confirman que las residencias madrileñas registraron más fallecidos que las de cualquier otra comunidad autónoma. La diferencia radicó en que Madrid decidió bloquear el acceso hospitalario de los mayores de manera sistemática, mientras que otras regiones adoptaron medidas más flexibles y con opciones de atención alternativa.
Ayuso insiste en que "nadie sabía cómo actuar" en aquellos meses de incertidumbre. Sin embargo, sí hubo decisiones políticas y sanitarias concretas que marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. Madrid redactó esos protocolos. Madrid los aplicó. Y Madrid dejó morir a miles de mayores en sus residencias mientras la presidenta regional hablaba de libertad en Ifema.
El debate sobre la gestión de la pandemia sigue abierto, pero la historia ya ha dejado claro que, cuando llegó el momento de salvar vidas, algunas comunidades optaron por la atención médica y otras, como Madrid, decidieron cerrar las puertas de los hospitales.
Más Madrid denuncia la censura a una diputada por mencionar los protocolos de la vergüenza
Esta mañana, la diputada Diana Paredes ha sido llamada al orden y silenciada en la Comisión de Asuntos Sociales al mencionar los protocolos de la vergüenza durante un debate sobre la situación de las residencias. Cuando hizo referencia al aniversario de estos protocolos, el presidente de la comisión le apagó el micrófono, impidiendo que continuara su intervención.
Desde Más Madrid denuncian que esta es una práctica habitual del Partido Popular, que no solo bloquea la comparecencia de expertos en comisiones para evitar que se expongan informes sobre lo sucedido en las residencias, sino que también censura cualquier mención al tema, como ha ocurrido hoy con la diputada.