En el laboratorio político de la Puerta del Sol, Isabel Díaz Ayuso ha dado un paso más en su carrera por situarse como referente de la derecha dura española. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado una nueva Ley para reconocer al “concebido no nacido” como un miembro más de la unidad familiar. La medida, enmarcada dentro de la llamada Estrategia de protección a la maternidad y fomento de la natalidad, pretende modificar de raíz la manera en que la administración madrileña contabiliza las familias, extendiendo beneficios fiscales, becas y ayudas desde el momento en que se acredita un embarazo.
El anuncio parece técnico; en realidad es profundamente ideológico. Convertir el embarazo en una categoría fiscal equiparable a la existencia de un hijo es dar a un feto un estatus jurídico propio, abriendo la puerta a reinterpretaciones legales que rozan la línea del debate sobre el aborto. Ayuso lo presenta como una forma de “apoyo a la natalidad”; en la práctica, es una ofensiva contra el derecho a decidir de las mujeres. No es casualidad: se trata de la misma estrategia que las fuerzas ultraconservadoras han utilizado en Estados Unidos y en Polonia, donde la “protección del concebido” ha servido como ariete para socavar gradualmente las libertades reproductivas.
La presidenta madrileña no se limita a gestionar recursos, sino que construye símbolos. Con esta ley busca enviar un mensaje político claro: Madrid será la avanzadilla de un modelo que cuestiona décadas de avances feministas. Lo hace desde un discurso en apariencia moderno (conciliación, ayudas económicas, becas) pero que encierra un proyecto reaccionario: reducir a la mujer a su función reproductiva y desplazar el debate sobre igualdad hacia la esfera fiscal y demográfica.
El envoltorio es seductor: becas de Bachillerato, ayudas al alquiler joven, beneficios para familias numerosas. Pero la arquitectura es peligrosa. Reconocer derechos plenos a un no nacido no solo es un gesto de ingeniería fiscal, sino un movimiento que erosiona la frontera entre lo personal y lo jurídico, entre la independencia de la mujer y el poder del Estado. En la práctica, esta legislación crea un marco legal en el que los derechos del feto pueden ser esgrimidos contra la propia mujer que lo gesta.
Ayuso se presenta como la campeona de la libertad, pero su libertad es selectiva. Se aplica al empresario que rechaza impuestos, al ciudadano que ignora restricciones sanitarias, pero no a la mujer que toma decisiones sobre su propio cuerpo. En este terreno, la presidenta se sitúa en la vanguardia de una cruzada ultraconservadora, más próxima al ideario de Vox y a los lobbies ultrarreligiosos que al centro liberal con el que intenta maquillarse en Bruselas.
Lo paradójico es que Madrid, la región más rica de España, sigue arrastrando desigualdades profundas en servicios públicos básicos: listas de espera sanitarias históricas, escuelas infantiles insuficientes, un mercado de vivienda prohibitivo. Frente a esos desafíos, Ayuso responde con un programa de ingeniería ideológica que privilegia la maternidad como único horizonte vital de las mujeres. El contraste entre la retórica y la realidad revela la verdadera naturaleza de esta agenda: un uso estratégico del cuerpo femenino como campo de batalla política.
La nueva ley de “protección al concebido” no es una anécdota, es un ensayo general. Su propósito no es solo dar becas o deducciones, sino normalizar la idea de que los derechos de las mujeres pueden negociarse en nombre de la “defensa de la vida”. Ayuso lo sabe y lo explota: cada gesto busca afianzarla como referente del bloque ultraconservador europeo.
Las mujeres madrileñas no encontrarán en esta normativa más libertad ni más igualdad. Encontrarán, en cambio, un marco jurídico que las relega, que coloca sus decisiones bajo sospecha y que avanza en la erosión silenciosa del derecho al aborto. Con esta iniciativa, Ayuso confirma lo que muchos intuían: que su verdadero proyecto no es gobernar Madrid, sino reconfigurar España desde las posiciones más duras de la derecha radical, aunque sea a costa de retroceder décadas en derechos conquistados.
Esta no es solamente una iniciativa local: encaja como pieza clave en un mosaico mucho más amplio, cuya inspiración yace en propuestas ultraconservadoras que han tomado fuerza a nivel internacional y nacional.
En Estados Unidos, el aquelarre ultra de la Heritage Foundation ha articulado el Proyecto 2025, un plan político ultraderechista que redefine la intervención estatal en la esfera familiar. En su «Mandate for Leadership 2025», el entorno del presidente Trump advierte que la familia (entendida como unión heterosexual y reproductiva) debe ser el centro de la política pública, incluso si eso implica desmantelar agencias federales enteras, promover leyes restrictivas contra la diversidad y limitar los derechos reproductivos. El documento aboga por revocar el acceso al aborto farmacológico, incluso aplicando leyes decimonónicas como la Comstock Act, y plantea que toda política pública (desde educación hasta tecnología) debe evaluarse bajo su impacto en la familia tradicional.
Este modelo de “familia” como cuestión existencial y política encuentra en Ayuso un eco: la nueva ley madrileña no solo promueve ayudas económicas desde la gestación, sino que redefine legalmente lo que debe contarse como familia, potenciando una visión que relega el cuerpo y las decisiones de la mujer a un estatus secundario.
En el panorama español, Hazte Oír, el lobby ultracatólico fundado por Ignacio Arsuaga, ha servido de punta de lanza de una cruzada contra los derechos reproductivos, el colectivo LGBTi y la educación sexual integral. Desde su creación en 2001, la organización (ahora integrada en CitizenGo) ha cultivado una agenda implacable fomentada por campañas masivas, presiones políticas y redes internas de activismo. Su influencia es tal que marcó el tono del debate público en torno a la “familia natural” como única forma legítima de convivencia.
Este tipo de grupos han sido los arquitectos intelectuales y propagandísticos del escenario donde medidas como la de Ayuso se originan y adquieren legitimidad. El reconocimiento legal del feto como miembro familiar se encuentra dentro de un relato moral que iguala derechos desde la gestación, una narrativa que Hazte Oír y semejantes han difundido durante años.
La estrategia de Ayuso no opera en el vacío. Es expresión de un movimiento global —y de filiación local— que busca reconstruir el contrato social desde parámetros ultracatólicos, patriarcales y antiderechos. La ley de Madrid, con su retórica amable de natalidad y conciliación, no es altruista: es un capítulo más de una narrativa política que convierte el cuerpo femenino en instrumento del Estado y redefine la familia como elemento de control ideológico.
En suma: Ayuso no solo legisla con retrovisor, sino que actúa normalizando una visión regresiva del mundo, alineada con los modelos autoritarios del conservadurismo global moderno.