El Congreso de los Diputados aprobó esta semana el proyecto de ley que derogaba las denominadas «Golden Visa», es decir, los visados especiales aprobados durante el gobierno de Mariano Rajoy que otorgaba privilegios a aquellas personas que invirtieran más de medio millón de euros en una vivienda. Es decir, premiar a los millonarios que hicieran inversiones inmobiliarias, un método que sirve para la especulación y para la comisión de delitos económicos.
Acabar con las «Golden Visa» tenía un complicado encaje legal pero era una obligación para el gobierno Sánchez terminar con este tipo de discriminación que tanto daño hace. Al final, se ha logrado con una artimaña barriobajera a través de la introducción de una enmienda en la Ley de Mejora de la Eficiencia de la Justicia. En concreto, se han dejado sin contenido varios artículos de la Ley de Emprendedores. Eso sí, se introdujo una disposición transitoria para respetar la «Golden Visa» para aquellos inversores que la hubieran solicitado antes de la entrada en vigor de la nueva ley. El fondo es el correcto, las formas de llegar al objetivo final, no, sobre todo porque hay jurisprudencia del Supremo y del Constitucional que se oponen a la introducción de enmiendas a proyectos de ley que no tienen relación alguna con las mismas. Sánchez, en el pasado criticó mucho cuando lo hacía el Partido Popular. Ahora, en su estado epifánico, todo le vale.
Sin embargo, hay que insistir en que la eliminación de las «Golden Visa» era fundamental porque es una medida que abre la puerta a, por ejemplo, el blanqueo de capitales, la evasión fiscal o sortear sanciones internacionales.
Pedro Sánchez acierta con esta medida, porque los visados de oro son uno de los mejores canales que existen para aquellas personas que han obtenido sus fortunas gracias a la corrupción y al crimen organizado. No hay más que ver cómo los acentos han cambiado en las zonas más exclusivas del centro de las principales ciudades españolas para entender que es así. Se ha pasado del «Borja Mari, o sea tía» al «Wesley Snipes Lincoln, hay que gozar un puyero, pana».
Ayuso se rebela contra Sánchez
El mismo día en que se aprobó en el Congreso la derogación de las «Golden Visa», la Asamblea de Madrid aprobó un paquete de medidas presentadas por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso con las que se intenta sortear el impacto de la normativa de Sánchez.
Según comunicó la Comunidad de Madrid «la nueva rebaja aprobada por la Asamblea hoy en el IRPF para atraer inversiones de nuevos contribuyentes procedentes del extranjero será del 20% de la aportación realizada en obligaciones, bonos, letras del tesoro, acciones de sociedades cotizadas y no cotizadas o aportaciones en sociedades limitadas, entre otras. Será aplicable a los cambios de residencia en vigor desde el propio ejercicio 2024. Para acogerse, se exige mantener tanto la inversión como la residencia fiscal en la región durante un mínimo de seis años. Para tener derecho a ella el declarante deberá fijar su residencia fiscal en la región y no puede haberlo sido en España durante los cinco años anteriores al cambio de ubicación. Además, y entre otras limitaciones, no se puede invertir en entidades domiciliadas en paraísos fiscales. El beneficiario tampoco puede ejercer funciones ejecutivas ni de dirección o mantener una relación laboral con la entidad en la que haga sus aportaciones».
Ayuso no tiene competencias para conceder el visado a nadie, pero sí para dar más beneficios fiscales que estaban recogidos en la tipología de inversión extranjera.
La ley de Rajoy también concedía la «Golden Visa» a quienes invirtieran más de 2 millones de euros en deuda pública española o más de 1 millón en acciones o participaciones de empresas de capital español, en fondos de inversión constituidos en España o en depósitos bancarios de entidades financieras españolas.
En consecuencia, el nuevo paquete de medidas fiscales de Ayuso va en este sentido. No les darán a los millonarios un visado especial, pero apenas pagarán impuestos del tramo autonómico madrileño.
Golden Visa, un nido de delitos
Los esquemas de pasaportes dorados y visas han convertido los derechos de ciudadanía y residencia de la Unión Europea en un bien de lujo: con suficiente dinero, cualquiera puede comprarlos. Esta es una perspectiva particularmente atractiva para los delincuentes y los corruptos. Estos esquemas de pasaportes y visas de oro de la UE no tienen como objetivo una inversión o migración genuina, sino servir a intereses corruptos.
En 2019, la Comisión Europea reconoció que los esquemas de visas y pasaportes dorados plantean riesgos inherentes de corrupción y blanqueo de capitales. Sin embargo, la UE no estaba tomando medidas suficientes para erradicarlos.
Tres años después, en marzo de 2022, el Parlamento Europeo propuso una importante renovación de los planes de migración de inversiones de la Unión.
La invasión rusa de Ucrania puso nuevamente esta cuestión en primer plano, ya que la mitad de los visados de oro emitidos en Europa fueron a parar a rusos, muchos de ellos sancionados por su complicidad con el régimen de Vladimir Putin. Sin embargo, los rusos no son los únicos. Muchos venezolanos que hicieron su fortuna gracias a la corrupción en PDVSA se pasean tranquilamente por Madrid, Barcelona o Valencia sólo porque han hecho inversiones inmobiliarias que les han permitido la concesión de esos visados de oro por parte del gobierno de España.
En febrero de 2023, el gobierno de Portugal anunció el fin de su programa de visados dorados concedidos a cambio de inversiones inmobiliarias. En el país vecino se calcula que esa inversión superó los 5.500 millones de euros, pero casi todo el dinero se destinó al sector inmobiliario. Es decir, que no generaron crecimiento económico ni se destinó ese dinero a programas sociales. Sólo ganaron los especuladores. Pero hay más.
El origen opaco de los fondos que han utilizado buena parte de los ciudadanos que se han acogido a las visas doradas en distintos países de la Unión Europea determinó que, en realidad, esta vía se había convertido en una herramienta para que los propietarios de ese dinero obtuvieran vía libre dentro del espacio Schengen.
Según una investigación de Investigate Europe, más del 50 por ciento de quienes recibieron visas doradas en Portugal desde 2012 provienen de las 30 jurisdicciones con mayores niveles de blanqueo de capitales del mundo.
Por otro lado, las visas doradas tienen muchos riesgos asociados porque existe una información muy limitada sobre cómo se utilizan los fondos que se han utilizado como llave para conseguir ese visado y sobre cómo los gobiernos deciden sobre la distribución y la inversión de esos fondos. La cantidad de ingresos obtenidos, su uso y las cantidades ahorradas, gastadas o invertidas no están sujetos a auditorías financieras porque, de lo contrario, estos esquemas ofrecen muchas oportunidades para la generación de un escenario de corrupción.
Los esquemas de visa dorada se convierten en una alternativa atractiva para delincuentes e individuos corruptos. Con una visa dorada, viajar dentro del espacio Schengen sin ser detectados por los regímenes de sanciones se vuelve mucho más fácil. Sin embargo, los escándalos surgidos desde la invasión ilegal de Rusia a Ucrania demuestran que los perfiles de los candidatos no se examinan con la atención que deberían.
Con todo este panorama, la decisión de Pedro Sánchez es muy acertada, por más que los neoliberales radicales estén echando las muelas presentando un escenario apocalíptico por el que se cierra la puerta a la inversión extranjera. Antes de afirmar eso debieran analizar tanto el origen como el destino del dinero que invirtieron los beneficiados por el visado de oro y el retorno que ha tenido para la creación de empleo o la captación de inversiones más allá de la compra de viviendas de lujo. Prácticamente, no hay retorno.
Cuando Isabel Díaz Ayuso afirmó que esta medida «atenta directamente contra las inversiones en zonas clave de España, cuando el problema de la vivienda está en todas partes, especialmente en gobiernos del Partido Popular. Va directamente contra la inversión en Andalucía, contra la inversión en la Comunidad de Madrid… lo tienen perfectamente estudiado» no tiene en cuenta que esos visados dorados no son más que una herramienta para ocultar el dinero sucio resultante de la corrupción y el crimen internacional.
Ayer mismo, la presidenta madrileña señaló que «lo que queremos es acabar con la pobreza y no castigar al que tiene riqueza, mientras hay un reparto equitativo y progresivo». Que los ricos paguen los impuestos que les corresponden, como al resto de ciudadanos, no es un castigo, es una obligación ciudadana. Cada cual defiende lo que le es rentable para sus intereses.