Nueva colisión entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial en España. La reforma del máximo órgano de gobierno de los jueces planteada por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no gustó a sus señorías de las togas al considerar que supone una injerencia intolerable en el funcionamiento de los tribunales, de manera que la cúpula judicial reaccionó interponiendo una petición formal a modo de queja y pidiendo informes a las Cortes Generales. Hoy mismo la Mesa del Congreso de los Diputados ha rechazado el escrito de los magistrados alegando la misma injerencia invocada por ellos, en este caso a la inversa, de tal forma que el choque de trenes vuelve a estar servido.
Una vez más nos encontramos ante las consecuencias nefastas de los enredos muñidos por Pablo Casado, que reiteradamente ha logrado paralizar la renovación de los altos cargos de la judicatura española para no perder cuota de poder ni peones avanzados, o sea los jueces conservadores que suelen “afinar” los casos de corrupción del PP en las altas instancias como el Supremo o el Constitucional. De aquellos polvos estos lodos, y ahora nos encontramos ante un incidente grave entre altas magistraturas del Estado que pone de manifiesto el desgaste institucional al que nos han conducido las tareas filibusteras del casadismo, empeñado en expulsar a Iglesias del Gobierno y en que Podemos no pueda colocar jueces en el escalafón. Ante la pertinaz negativa de los populares a renovar los cargos judiciales, el PSOE y la formación morada se vieron obligados a impulsar una reforma exprés para “limitar” las decisiones adoptadas por un CGPJ prorrogado y en funciones al haber excedido el periodo establecido en la Constitución Española. Inevitablemente, el bloqueo de Casado nos ha conducido a un CGPJ caducado desde hace dos años, con la consiguiente degradación de la imagen de la Justicia. Hablamos del buen funcionamiento de órganos tan importantes como el Tribunal Supremo, las Presidencias de las Audiencias Provinciales, los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y los miembros del Tribunal Constitucional. Es decir, todo el edificio aquejado por un grave defecto de aluminosis que corroe la democracia misma.
Hoy la Mesa del Congreso le ha lanzado un claro aviso al CGPJ: que los jueces no tienen legitimidad para reclamar al Poder Legislativo que revise sus decisiones obligándole a emitir un informe sobre el asunto de la controvertida reforma exprés. Tal como era de prever, la decisión de la Mesa no ha sido unánime, ya que tanto el PP como Vox han votado en contra de la resolución mientras que el PSOE y Unidas Podemos han hecho valer su mayoría. En el acuerdo adoptado por la Mesa se insiste al CGPJ en que, conforme al Reglamento del Congreso, cuando un diputado o un grupo parlamentario discrepa con la decisión del órgano de Gobierno de la Cámara Baja puede solicitar su reconsideración mediante recurso. Así lo ha hecho el PP, cuyo escrito está pendiente de decisión, según informa la agencia de noticias Europa Press. Sin embargo, los jueces del CGPJ no tienen competencia para recurrir en el Parlamento: “Dicha norma (el reglamento) no contempla ningún otro sujeto legitimado para solicitar la reconsideración de los Acuerdos de esta Mesa, por lo que no procede acceder a la solicitud de reconsideración”, concluye el escrito.
“El Congreso de los Diputados ejerce esta potestad conforme a lo dispuesto en la Constitución, que reconoce a las Cortes Generales su condición de representante del pueblo español, como sede donde se manifiesta el pluralismo de nuestra sociedad y se expresa su voluntad general, sin que a esta Mesa correspondan otras actuaciones en el procedimiento legislativo que cumplir las funciones que le atribuye el Reglamento del Congreso, respetar las deliberaciones y decisiones que se adopten en la Cámara e instar el mismo respeto de cualesquiera otros órganos en el ejercicio de las funciones que les puedan atribuir las leyes emanadas de las Cortes”, concluye la resolución, todo un alegato en defensa del principio de separación de poderes de Montesquieu. Gerardo Pisarello, diputado de En Comú, ha reforzado esta idea en rueda de prensa posterior al explicar que el Congreso no podía permitir que el CGPJ enmendara una decisión del Parlamento, ya que ello supondría “limitar el principio de autonomía” del Poder Legislativo. “Aquí hay división de poderes y el recurso del CGPJ no cabe”, ha alegado. Y tiene toda la razón Pisarello. Si las Cortes se pliegan a recursos y juicios planteados por los jueces estaríamos asistiendo al final de la soberanía nacional y a la instauración del Gobierno de las togas, un Sanedrín jurisprudencial que podría tomar parte en política anulando la voluntad del pueblo, lo cual “sería una barbaridad”, tal como ha asegurado el portavoz de En Comú.
El incidente es la mejor muestra de cómo pueden degradarse las instituciones democráticas de un país cuando alguien sin escrúpulos como Pablo Casado se niega a cumplir el mandato constitucional de renovación y juega con la Justicia para sus propios fines e intereses políticos. El presidente popular oye hablar de bloquear España y babea como el perro de Pávlov. ¿Hay un mejor ejemplo que este de que el PP se ha lanzado a una deriva trumpista donde todo vale, hasta cargarse las reglas del juego para erosionar el Gobierno? Tal forma de hacer política no puede recibir otro calificativo que el de incendiaria. A Casado se le llena la boca de constitucionalismo, pero en realidad le importa más bien poco que dos poderes del Estado estén enfrentándose ahora mismo con una virulencia a cara de perro que no se recuerda desde 1978. Y luego el líder del PP va quejándose a los inspectores de Bruselas de las maniobras antidemocráticas del Gobierno. Patético.