La palabra terrorismo tiene un significado visible a primera vista: causar terror. A esto hay que añadirle que detrás de la violencia perpetrada para infundir miedo deben haber unos fines políticos. Por otra parte, y en el extremo, se encuentra la palabra manifestación ─añadámosle pacífica para distanciar al máximo la acepción─, que sirve para denominar las protestas o reclamaciones de un grupo de personas. Pero lo cierto es que desde que la democracia española es democracia ─e incluso antes─ las manifestaciones, casi siempre, han ido acompañadas de algún tipo de expresión violenta: destrozo de mobiliario público, enfrentamientos con la policía, quema de contenedores… Esto ha pasado desde las manifestaciones de sectores como el del metal o el del transporte hasta en fechas señaladas como el primero de mayo. Esos conatos de tensar la cuerda para doblegar al Estado se han convertido en algo legítimo, sobre todo cuando detrás hay algún tipo de reclamación que supone una mejora en los derechos de las personas; o también en el momento en el que la sociedad expresa el enfado por sufrir una situación injusta.
El límite
Entre terrorismo y manifestación cabe mucho, pero seria interesante y necesario tener claro donde está el limite entre lo uno y lo otro. El caso a cargo del juez Manuel García Castellón donde se acusa, entre otros, a Carles Puigdemont por delitos de terrorismo parce querer fijar un límite demasiado amplio; tanto que puede hacer peligrar los derechos de los ciudadanos para protestar de manera libre y contundente. El juez se empeña en hacer responsable de una muerte a tsunami democràtic ─nombre que recibió el movimiento que coordinó las protestas después de la sentencia contra el procés─, ya que un ciudadano francés murió debido a un infarto el 14 de octubre de 2019, durante la concentración convocada por Tsunami en el aeropuerto del Prat.
Situaciones tensas
Pero, a pesar de que cualquier muerte es lamentable, la mayoría de manifestaciones incurren en un entorpecimiento de la movilidad; del mismo modo, estas concentraciones también pueden convertirse en una posible causa de estrés para los ciudadanos que ven alterados sus desplazamientos o a que se vean envueltos en situaciones tensas. Situaciones de este tipo se pueden dar en cualquier tipo de manifestación, en estos días vemos cómo miles de tractores colapsan las carreteras de nuestro país y eso podría dar lugar a situaciones no deseadas, pero a nadie se le ocurriría prohibir esas protestas, ya que la intención no es causar daño humano. ¿Alguien cree que aquellos que acudieron al aeropuerto lo hacían con intención de matar a alguien? Obviamente, no.
Será tarde
Otro de los argumentos del juez García Castellón es que considera que Tsunami fue “fruto de una planificación efectuada por diferentes personas para la ejecución de acciones de gran envergadura, con vocación de permanencia, capaces de movilizar una masa de personas de modo que comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España”. Pero qué es lo que se busca en cualquier protesta multitudinaria o huelga. Cuando se paraliza un país ¿no se hace para afectar al tejido empresarial e institucional de la nación?
Calificar de terrorista a Puigdemont y al independentismo es muy serio, porque hoy serán ellos, pero mañana, cuando llegue ese tan ansiado día en el que la sociedad proteste con todas sus fuerzas para provocar un cambio de modelo económico y empresarial, quizá en ese momento ya será tarde, porque la ley estará ahí para apagar ese fuego necesario. Aunque, quizá, lo más probable será que ni se llegue a ello, ya que el miedo habrá jugado su papel y nadie querrá ir a la cárcel por protestar.