Hablar de clases pasivas no va de nostalgia funcionarial. Va de un sistema que afecta hoy a más de 700.000 pensiones y que convive con parches normativos, ventanillas cambiantes y litigios que no cesan. En julio de 2025, las pensiones de Clases Pasivas ascendían a 725.116 (civiles y militares, más familiares y colectivos especiales). Un bloque nada menor dentro del gasto público y, sobre todo, un colectivo que percibe con nitidez cada vibración del edificio administrativo.
Desde 2011 el régimen se “cerró” a nuevos ingresos: quienes acceden a la función pública desde el 1 de enero de 2011 cotizan en el Régimen General a efectos de jubilación, manteniendo el mutualismo (MUFACE, MUGEJU, ISFAS). Los ya integrados hasta 2010 permanecen en Clases Pasivas. Fue un giro legal de Real Decreto-ley 13/2010, que reordenó la puerta de entrada sin tocar —entonces— el corazón del mutualismo.
La revalorización para 2025 sube un 2,8% para las pensiones públicas, incluidas las de Clases Pasivas; el tope máximo se sitúa para las élites funcionariales en 3.267,60 €/mes (14 pagas). La cifra casa con el criterio vinculado al IPC medio de los doce meses previos y se ha repetido en guías sindicales y cobertura generalista. Buen titular… que no resuelve el trasfondo. Y es que en el fondo, los que no han sido funcionarios de élite, la verdad es más que deprimente. Pongamos un ejemplo. Encontramos grupos, como en Justicia, que dos funcionarios, a igualdad de trabajo y categoría, a su jubilación, la diferencia de pensión es del 40% menos.
En 2020, un decreto “ómnibus” movió la gestión de Clases Pasivas hacia Seguridad Social (INSS y TGSS). El Tribunal Constitucional (STC 111/2021) declaró luego inconstitucional y nulo ese traslado por la vía de urgencia, difiriendo efectos al 1 de enero de 2022. Resultado: un largo periodo de transición, con competencias compartidas, referencias cruzadas y páginas oficiales donde Hacienda aún figura como “gestión y reconocimiento”, mientras otras informan de revalorizaciones tramitadas “de oficio” por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Quien solicita o recurre lo sabe: las piezas no siempre encajan.
Con los Interinos, el TJUE ha reprendido a España por el abuso de temporalidad en el empleo público y ha abierto vías de compensación e incluso estabilidad como remedio disuasorio. Las noticias de 2024–2025 encadenan fallos, plazos para reclamar y cifras mareantes de afectados. El problema no es solo laboral: es institucional.
Si nos fijamos en Sanidad, las guardias han sido reconocidas una y otra vez como tiempo de trabajo efectivo, lo que obliga a remunerarlas adecuadamente. Pero la batalla real está en cómo computan y cotizan para prestaciones y bases reguladoras: doctrina del Supremo, interpretaciones de convenios y disparidad entre servicios de salud alimentan la sensación de agravio. No es que “no coticen” en bloque; es que no computan igual ni generan los mismos efectos en todos los supuestos, y ahí nacen muchas reclamaciones.
También hay problemas en Defensa. La situación de tropa y marinería que cesa a los 45 años sin continuidad estable ha generado un colectivo de Reservistas de Especial Disponibilidad (RED) que reclama salidas dignas o reenganche. El caso ilustra hasta qué punto las reglas de acceso, permanencia y retiro pueden producir bolsas de precariedad incluso en cuerpos esenciales.
En la Contratación pública (salud, seguridad, bomberos, educación, vigilantes, notificadores, administración), continúa la lucha por reducir la temporalidad al 8% y la cascada de procesos de estabilización conviven con prácticas que los tribunales corrigen (fraude de ley, encadenamiento de eventuales, ceses improcedentes). Otra grieta más en el mismo edificio.
En el centro del cuadro tenemos las Clases Pasivas. Quien hoy tramita una pensión de Clases Pasivas se mueve entre reglas antiguas, circuitos administrativos con ráfagas de Seguridad Social y Hacienda y un marco de presupuestos que fija límites y topes. Incluso el propio portal oficial publica mes a mes los beneficiarios por colectivo (civiles, militares, familiares y especiales), dejando entrever la magnitud y la complejidad del sistema. Pero sobretodo la discrecionalidad; discrecionalidad en favor de unos y en contra de otros.
Ciertamente, cuando una estructura está mal ajustada, no hay un único foco de conflicto: el abuso de temporalidad y sus remedios, las guardias que se remuneran de una forma y computan de otra, los contratos de tropa y marinería que expulsan experiencia a los 45, los límites y topes que alivian titulares pero no aclaran procedimientos.
Clases Pasivas es el epicentro visible porque concentra historia, excepciones y números grandes; pero la vibración atraviesa interinos, sanitarios, militares y servicios esenciales.