Con el tiempo, las cloacas del Estado han ido diversificando sus actividades clandestinas. En el año 2013, los elementos de la Brigada Patriótica diseñan una compleja operación para sustraer información altamente sensible sobre la financiación ilegal del PP al extesorero del partido, Luis Bárcenas. Ha nacido el caso Kitchen (“cocina” en inglés). En enero de ese año se publicaron las primeras informaciones sobre los papeles de Bárcenas y la contabilidad “en B” o en negro del partido, unos apuntes contables que desencadenaron un fuerte terremoto político y mediático.
En Génova 13 saltaron las alarmas, sobre todo después de que la prensa aireara que en las anotaciones del tesorero figuraban sobresueldos para altos cargos de la formación conservadora, entre ellos un misterioso pago a nombre de “M. Rajoy”. El operativo se lleva a cabo desde las entrañas del Ministerio del Interior de Fernández Díaz con Ignacio Cosidó como director general de la Policía y Francisco Martínez como secretario de Estado de Seguridad. Además, cómo no, cuenta con la participación del excomisario José Villarejo, que como suele decirse coloquialmente está en todas las salsas.
La operación está lista y preparada para sustraer, presuntamente, los documentos comprometedores a Bárcenas aprovechando que el excontable está en prisión preventiva. El material peligroso para el PP consta de la agenda personal del tesorero, documentos de la contabilidad B del partido en Galicia, notas sobre la financiación irregular de las campañas en Madrid (asunto que se investiga en la operación Púnica) y apuntes relacionados con la tesorería nacional de la formación política conservadora.
Hoy, ese organizado plan está siendo investigado por la Audiencia Nacional bien como pieza separada del caso Villarejo sobre las actividades ilegales del comisario o como parte de las pesquisas sobre la caja B del Partido Popular. Francisco Martínez, uno de los salpicados por el asunto, ya ha asegurado que está dispuesto a contar al juez todo lo que sabe sobre el espionaje a Bárcenas. Una vez más, un testigo protegido decide tirar de la manta desde dentro del propio sistema putrefacto.
El 18 de octubre de 2013, se cruzan mensajes en el ministerio tales como: “La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (dos Iphone y un Ipad). Mañana tendremos el informe (...) Otra cosa que nosotros, con el volcado efectuado, podamos acceder a una gran e interesante información. Te informo”. Pero no queda ahí la cosa. Las cloacas diseñan un discreto dispositivo policial, día y noche, frente a la vivienda de Bárcenas. Y el 23 de octubre aparece un nuevo personaje en escena: un hombre con antecedentes penales que disfrazado de cura accede a la casa del extesorero.
El falso sacerdote mantiene una conversación con la mujer del contable, Rosalía Iglesias, y finalmente saca un viejo revólver de un portafolios, la maniata a ella, a su hijo y a la empleada de hogar, y exige que le entreguen los pendrives que contienen la información sensible contra el PP, involucrado en el turbio asunto de la trama Gürtel, el caso que terminará con el Gobierno de Rajoy en una histórica moción de censura de mayo de 2018. La Justicia investiga si el ladrón es un “chalado”, como dicen en su propio descargo los policías interrogados, o un enviado directo del partido.
La Brigada Política no solo trata de limpiar todo resto que pueda incriminar al PP, sino que apunta también hacia Unidas Podemos, el odiado enemigo público número 1 de la derecha española. En este caso el montaje consiste en tratar de vincular a empresarios venezolanos con una supuesta red de financiación irregular del partido de Pablo Iglesias. El mantra de que la formación morada está siendo sufragada por el régimen chavista se viene repitiendo hasta la saciedad desde hace años. Y hasta tal punto ha calado esa afirmación todavía no probada en los tribunales, que algunas encuestas de opinión revelan que más de la mitad de los españoles creen que Venezuela ha financiado realmente a Unidas Podemos. “Esto no solo no ha ocurrido, sino que todas las denuncias, todas las querellas, han tenido que ser archivadas”, recuerda Pablo Iglesias.
El 12 de enero de 2016 se destapa el famoso informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima). El documento estaba atribuido a la UDEF, tal como viene ocurriendo con todos los montajes organizados en las cloacas de Interior. En ese documento se acusa a la productora de Iglesias de haber recibido dinero de Irán a través de Hispan TV, un canal de televisión por suscripción internacional de origen iraní dedicado a proporcionar información y entretenimiento en español. Obviamente, el archivo policial llega a la prensa de la caverna.
“Lo que hace Eduardo Inda y OK Diarioes gravísimo, al menos por dos razones: primero presenta documentación falsa, documentos que se manipulan, y nosotros hemos presentado las correspondientes acciones judiciales. Pero es que además cuando le denunciamos [a Inda] dice que vaya a declarar el jefe de la Policía. Es decir, está diciendo que el informe falso que usted ha sacado se lo ha dado uno de los jefes de la Policía en España. Esto es de chiste, pero es gravísimo”, asegura Iglesias en el documental de Mediapro.
El líder de Podemos recuerda que con toda esa información salida de las cloacas y publicada en la prensa, Manos Limpias preparaba sus querellas contra el partido morado que hasta ahora han sido sistemáticamente rechazadas por el Tribunal Supremo. Se da la circunstancia de que el 15 de abril de 2016 la Policía Nacional ponía en marcha la Operación Nelson contra el sindicato ultra y Ausbanc por sus actividades judiciales y económicas. En concreto, la justicia investiga a Miguel Bernard, de Manos Limpias, y a Luis Pineda de Ausbanc.
Pero la maniobra de acoso y derribo contra Podemos no iba a quedar ahí. En noviembre de 2015, Dina Bousselham, asesora de Pablo Iglesias, sufría el robo de su teléfono móvil en un centro comercial de la capital. El suceso fue denunciado a la Policía. Tiempo después, tras la detención de Villarejo y el correspondiente registro en su domicilio, aparecían archivos que podrían pertenecer al teléfono sustraído a la empleada con una serie de imágenes personales, datos bancarios, correos electrónicos y otros datos. El magistrado Manuel García Castellón abrió una pieza secreta en marzo de 2019 para investigar si el comisario había estado espiando y conspirando contra la formación morada por encargo del Gobierno del PP.
Iglesias se personó como perjudicado en la causa, pero durante la investigación se supo que el periodista Antonio Asensio (editor del grupo mediático Zeta) había entregado al líder de Podemos la tarjeta del móvil robado y que este la había tenido en su poder durante año y medio sin comunicárselo a su asesora. La Justicia trata de averiguar si la tarjeta fue inutilizada o llegó en buen estado y se estropeó posteriormente. El pasado 27 de enero de este año, el Tribunal Supremo rechazaba imputar a Iglesias, hoy vicepresidente segundo del Gobierno de Pedro Sánchez, y devolvía el caso Dina al juez de la Audiencia Nacional. Pero el daño a la reputación del joven político de la izquierda española ya estaba hecho.
Las cloacas de Interior han terminado por contaminar todo el sistema político español, extendiendo su hedor hasta la mismísima Jefatura del Estado. Entre 2004 y 2009, Juan Carlos I mantuvo una relación extramatrimonial con la empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Fue un tórrido romance que el rey quería retomar, supuestamente, en el polémico safari de Botsuana de 2012 en el que el monarca se rompió la cadera tras abatir un elefante.
A partir de ese momento, que marca la decadencia de la Casa Real en España, han quedado al descubierto los negocios del Borbón, que según algunas publicaciones extranjeras como la revista Forbesha llegado a acumular un patrimonio personal oculto de más de 2.000 millones de euros. Hoy se ha sabido que la ruptura sentimental de Juan Carlos con Corinna fue más bien traumática y que el artífice de la Transición llegó a regalar 65 millones a su amante a través de empresas interpuestas (Lucum y Zagatka) en paraísos fiscales.
El asunto está siendo investigado por la Justicia suiza y la Fiscalía Anticorrupción española, pero Corinna ya ha declarado que recibió la inquietante visita de algunos agentes de los servicios de inteligencia, el CNI, para chantajearla y obligarla a guardar silencio. “Desde el momento en que regresé de ese viaje quedé bajo una vigilancia total”, relata Zu Sayn-Wittgenstein. “Fue el principio de una campaña para pintarme como una Wallis Simpson, una Lady Macbeth, una suerte de personaje maligno que llevó a este maravilloso hombre por el mal camino en este viaje durante una gran crisis económica”, añade.
Una vez más, el comisario Villarejo aparece con un papel principal, ya que dispone de horas de grabaciones secretas, parte de las cuales han sido publicadas por algunos medios de comunicación. Unos audios en los que se habla de la vida de lujos y riquezas no declaradas del rey emérito que el comisario estaría supuestamente filtrando con cuentagotas desde la prisión de Estremera como forma de presión para tratar de lograr beneficios penitenciarios. “Si no me sacan pronto, habrá novedades a finales de septiembre. Y la traca final... antes de Navidad”, ha llegado a amenazar Villarejo. De nuevo los espías a sueldo, los grupos policiales, los chantajes y extorsiones, los fondos reservados empleados para misiones privadas…
La Comisión Judicial del caso Nicolay (que encontró toda una serie de trabas y falta de colaboración por parte de las autoridades políticas que estuvieron en el poder durante los años de Mariano Rajoy) ha investigado las maniobras de las cloacas de Interior. Finalmente, el 9 de marzo de 2017, se constituyó una Comisión de Investigación parlamentaria bajo la presidencia de Mikel Legarda, del PNV. Se celebraron 17 sesiones y se aprobó un dictamen. Comparecieron Daniel de Alfonso Laso, ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña; Jorge Fernández Díaz, ex ministro del Interior; Ignacio Cosidó, ex director general de la Policía; José Ángel Fuentes Gago, inspector jefe de la Policía; y Eugenio Pino Sánchez, ex director adjunto operativo de la Dirección General de la Policía (DAO).
El ministro negó las acusaciones: “Puedo asegurarle que no ha habido ninguna voluntad de investigar específicamente a ninguna formación política, ni a Podemos ni a ninguna. En todo caso se habrán investigado conductas potencialmente delictivas que afectarían o han afectado a personas de todas las formaciones políticas. ¿Que luego se pueden cometer errores? Sin duda, pero yo le puedo asegurar que no ha habido ninguna orden, y se lo digo rotundamente, ninguna orden, ninguna voluntad política, en absoluto, de investigar ni a Podemos ni a nadie. Se lo puedo asegurar”.
El dictamen final fue aprobado por todos los grupos parlamentarios, excepto por Ciudadanos, que se abstuvo, y por el Partido Popular, que votó en contra. En las conclusiones 3 y 4 de la resolución se concluye con rotundidad que “en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del señor Fernández Díaz, usando de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo, se creó una estructura policial bajo las instrucciones del señor Cosidó Gutiérrez, por orden del DAO Eugenio Pino, con el conocimiento y consentimiento del ministro destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y al seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos.
A modo de ejemplo: PSOE (como demuestran la creación y trabajos realizados por las BARC), el nacionalismo catalán (señor Trias) o Podemos (Informe PISA). Para los ponentes, todas estas decisiones han supuesto una inaceptable utilización partidista de los efectivos, medios y recursos del Departamento de Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y del Estado de Derecho”. La Justicia investiga todas estas prácticas.
Fernández Díaz fue finalmente reprobado, pero no puede decirse que la Policía Patriótica o Brigada Política esté totalmente desmantelada. Falta por indagar en muchos aspectos y subtramas, como la financiación pública o privada y las conexiones con el poder judicial (supuesta connivencia con algunos jueces y fiscales). Una amenaza terrible sigue deteriorando la calidad de nuestra democracia, tal como viene ocurriendo desde 1975 con la muerte del dictador. En nuestros Cuerpos de Seguridad hay una guerra soterrada entre unas fuerzas policiales corruptas y unos funcionarios limpios que tratan de cumplir fielmente con la ley pero que a menudo terminan siendo perseguidos, apartados y condenados a la muerte civil. O como dice el comisario Barrado, uno de los represaliados por hacer bien su trabajo: “El sistema está tan corrupto que expulsa a los decentes”.