Ayer, Donald Trump presentó una hoja de ruta que describe en 166 páginas los planes de su gobierno para potenciar la industria de las criptomonedas. Ese documento es solo el penúltimo disparo en su intento de eliminar las salvaguardias que protegen a los inversores estadounidenses en criptomonedas para enriquecerse a sí mismo. Trump ha dedicado más tiempo a abusar del poder presidencial para enriquecerse a sí mismo y a su familia mediante negocios turbios con criptomonedas que a ayudar a los trabajadores estadounidenses. El informe es sólo una lista de reivindicaciones del sector disfrazada de política gubernamental. Eso es corrupción.
La administración Trump ha colocado los activos digitales en el centro de su agenda económica. Pero más allá del relato oficial sobre innovación, liderazgo y soberanía tecnológica, la realidad es que Donald Trump está utilizando la estructura federal, la misma que prometió que iba a desmantelar, para reforzar su propio imperio cripto. En consecuencia, ha colocado al sistema al servicio de la cuenta de resultados de sus empresas.
Desde el primer día en que retornó a la Casa Blanca desmanteló el marco regulador a través de una orden ejecutiva. En el nuevo documento se crea un grupo de trabajo de subordinados de Trump con poderes amplios para rediseñar el ecosistema regulatorio. A primera vista, se podría tratar de una apuesta agresiva por liderar el futuro del dinero digital. Pero los detalles revelan una arquitectura de intereses con potencial de autopromoción y beneficio personal.
Donald Trump fue un crítico declarado de las criptomonedas, a las que llegó a acusar de ser instrumentos de vigilancia estatal. Sin embargo, su postura a favor de las criptomonedas privadas, y en particular del bitcoin, no es desinteresada.
Durante su campaña de 2024, Trump aceptó donaciones millonarias en criptomonedas, elogió abiertamente a la industria cripto y declaró que Estados Unidos debía “ser la capital del bitcoin en el mundo”. Poco después de asumir el poder, se filtró que su equipo de asesores económicos, liderado por figuras con vínculos con empresas de blockchain, impulsaba un marco favorable para eliminar restricciones y atraer inversiones en el sector.
Pero lo más llamativo fue la creación, en marzo de 2025, del Strategic Bitcoin Reserve y del U.S. Digital Asset Stockpile, dos estructuras federales con funciones ambiguas: almacenar activos digitales incautados y eventualmente adquirir más con fines estratégicos. El anuncio fue acompañado por un aumento del valor del bitcoin y, con él, el valor de los activos personales del entorno Trump en criptomonedas.
Estrategia sin controles, con beneficiarios previsibles
La nueva política elimina compromisos clave de supervisión y deja en manos del grupo de trabajo de Trump la tarea de definir las reglas del juego. Con 180 días para presentar su plan, el grupo tiene margen para flexibilizar aún más el mercado, permitir nuevos emisores de stablecoins, reducir las exigencias regulatorias y “alinear el entorno fiscal”. Es decir, todo para beneficiar a las empresas cripto del propio presidente: $TRUMP
La clave está en la definición de “transición hacia la soberanía digital”, que aparece repetidamente en los documentos oficiales. Pero esta transición, lejos de traducirse en inclusión o transparencia, parece beneficiar a actores específicos del ecosistema: plataformas cripto afines a la administración, consultoras con nexos con el partido republicano y fondos privados de minería que operan en estados gobernados por aliados de Trump.
Incluso la creación de una reserva nacional de activos digitales plantea más dudas que certezas. ¿Quién custodiará esas criptomonedas? ¿Qué empresas privadas serán contratadas? ¿Se emitirán nuevos instrumentos financieros vinculados a este stockpile?
Un laboratorio cripto… con el presidente como beneficiario
Críticos desde el Congreso, incluso dentro del partido republicano, han comenzado a expresar preocupación. La senadora Elizabeth Warren denunció la política como un “plan de desregulación a medida de los especuladores” y pidió una investigación sobre posibles ganancias patrimoniales del presidente y su entorno a raíz del alza de bitcoin tras el anuncio del stockpile.
El Center for Responsive Politics también ha señalado inconsistencias en las declaraciones de patrimonio de miembros clave de la administración y pidió a la Oficina de Ética Gubernamental que revisara las implicaciones de la estrategia.
Mientras tanto, el precio del bitcoin continúa subiendo, y, en consecuencia, crecen las sospechas de que detrás del discurso de innovación y libertad financiera, se esconde una operación más terrenal: usar la política de Estado para enriquecer al presidente, sus familiares, sus aliados y sus donantes.
Lejos de ser una hoja de ruta hacia una transformación justa y segura, la política de activos digitales de la administración Trump está para favorecer a un selecto grupo de beneficiarios encabezados por el propio presidente de los Estados Unidos. La opacidad, la velocidad y el desmantelamiento de regulaciones dan forma a un sistema de explotación del poder estatal para fines privados, es decir, de corrupción de alto nivel.