La Junta General de Accionistas de Banco Santander siempre da juego, y, en ocasiones, no en el sentido en el que Ana Patricia Botín quisiera que se desarrollara. No se trata sólo de las intervenciones de los accionistas discrepantes, que cada vez son más, sino de los resultados de las votaciones.
En la Junta celebrada el pasado viernes se produjo un hecho que la presidenta del Santander no se esperaba y es que se incrementara el número de accionistas que se opuso a su reelección en el cargo, un incremento exponencial respecto a otras juntas.
En concreto, según los datos a los que ha tenido acceso Diario16, el pasado 31 de marzo el número de acciones que se puso en contra de la reelección de Ana Patricia Botín como presidenta de la entidad ascendió a más de 204 millones de títulos. En 2020, la última en la que se sometió la reelección, los que opusieron fueron de cerca de 176 millones. Es decir, más de 24 millones en un espacio muy corto de tiempo.
Evidentemente, para Ana Patricia Botín las juntas son un paseo militar, dado que el número de opositores apenas alcanza el 2% del total de acciones, pero que crezcan los descontentos es signo de que la gestión de la actual presidenta del Santander cada vez tiene más detractores y sólo falta que uno de los accionistas institucionales, los que controlan una participación 5 veces mayor que la de la familia Botín, se oponga para que se pueda pasar a una Presidencia del Santander sin un Botín al frente.
Todo esto, además, llega en un momento en que en los tribunales sigue en curso la demanda por presunta manipulación de las juntas del Santander presentada por el abogado y accionista Eduardo Martín-Duarte.
La demanda, que fue adelantada en exclusiva por Diario16 el pasado mes de marzo de 2020, se centra principalmente en la utilización de los medios materiales y empleados del banco para la captación de delegaciones de voto en beneficio exclusivo de Ana Patricia Botín de forma que ésta, presuntamente, se aprovecha de los medios de la entidad para no formular solicitud pública de representación, la utilización de una tarjeta de delegación de voto con una redacción muy compleja en beneficio exclusivo de las propuestas del consejo de administración y en contra de las presentadas por los accionistas y la utilización de un sistema de voto discriminatorio que establece una fórmula de cómputo de voto a favor de las propuestas del consejo de administración y en contra de las propuestas de los accionistas.
Durante el procedimiento judicial en el Juzgado Mercantil 2 de Madrid, el juez Andrés Sánchez Magro dictó un auto durísimo contra el Santander en el que se señalaban una serie de aspectos que estarían mostrando algunas de las presuntas irregularidades que el Santander realiza para la captación de delegaciones de voto en favor de Ana Patricia Botín y el Consejo de Administración y que estaban incluidas en la demanda.
Tras el juicio en el que tuvo que declarar Ana Patricia Botín en calidad de demandada, la sentencia desestimó en su integridad la demanda de Eduardo Martín-Duarte. Lo más sorprendente de esta decisión judicial es que el Sánchez Magro, un juez famoso por su gran afición a la buena comida, el vino, los toros y las torrijas, se contradijo, sorprendentemente, respecto a los argumentos expuestos por él mismo en el auto. Además, según denunció Martín-Duarte, no se tuvieron en cuenta las pruebas aportadas en el procedimiento.
El abogado y accionista, evidentemente, ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Si a todo lo anterior unimos el hecho de que, según fuentes consultadas por Diario16, durante la preparación de la Junta, el Santander tiene una lista de accionistas señalados y se preparan respuestas ad hoc para la presidenta, se demuestra que Ana Patricia Botín no las tiene todas consigo. Su gestión, plagada de escándalos y litigios, está haciendo crecer el descontento después de que los minoritarios estén viendo cómo el valor de los ahorros que tienen invertidos en el Santander se han infravalorado más de un 55% desde septiembre de 2014.