Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres abren la puerta a medidas concretas y urgentes para responder a los desafíos que afrontan las islas. Pero la falta de Presupuestos y los vetos parlamentarios siguen lastrando la capacidad del Estado para actuar con justicia territorial.
Canarias vuelve a colocarse en el centro del tablero político, no por capricho ni cálculo electoral, sino por necesidad histórica y urgencia humanitaria. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha comenzado a estudiar un decreto ley específico para las islas que permita movilizar los remanentes de tesorería insulares en emergencias como la crisis migratoria o la reconstrucción de La Palma. Es una respuesta prometedora, aunque llega tarde.
El anuncio se ha producido tras una reunión entre el presidente del Gobierno y el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, en Lanzarote. Allí también se abordaron otros temas pendientes de la llamada Agenda Canaria, como la prometida bonificación del 60 % del IRPF para los ciudadanos de La Palma, aún sin aplicar pese a los estragos que dejó la erupción volcánica en 2021.
“Lo que esté en la agenda se va a cumplir”, prometió el ministro Ángel Víctor Torres. Y aunque sus palabras son una señal política clara, la realidad administrativa y parlamentaria sigue siendo un campo minado.
El Gobierno central reconoce la singularidad del archipiélago: una región ultraperiférica con necesidades específicas, distancias extremas y vulnerabilidades sociales que no admiten recetas genéricas. Pero aunque el reconocimiento es importante, la ejecución efectiva de los compromisos sigue pendiente.
La deducción del 60 % del IRPF para La Palma, una medida reclamada desde hace años y que tendría efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025, sigue sin tener un marco normativo definitivo. Y aunque el Ejecutivo está dispuesto a buscar la fórmula legal adecuada, el principal escollo es —una vez más— la aritmética parlamentaria. Como ha recordado Torres, “de nada sirve un decreto si no se convalida en el Congreso”.
Además, el uso del remanente presupuestario para emergencias —una reclamación lógica en un territorio que enfrenta olas migratorias inasumibles con recursos propios— requiere valentía política y una reforma del marco financiero que permita a las administraciones actuar con autonomía frente a las crisis.
Justicia territorial en tiempos de bloqueo político
Que Canarias esté obligada a pedir permiso para gastar su propio dinero en emergencias humanitarias revela una paradoja profundamente injusta: el centralismo fiscal aún vigente, que convierte la gestión de lo urgente en un laberinto burocrático. El remanente no puede seguir siendo una cifra congelada mientras hay menores no acompañados sin acogida o familias aún sin vivienda en La Palma.
El reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica con derechos específicos no puede quedarse en un principio diplomático. Debe traducirse en políticas diferenciadas, garantías estructurales y soberanía financiera real para afrontar sus retos.
A pesar del contexto presupuestario complicado, el Gobierno ha dado pasos —los descuentos en transporte, los planes de empleo, la reforma legal para el reparto de menores migrantes— que merecen ser destacados. Pero no basta con pequeños avances. Canarias no necesita condescendencia: necesita equidad.