Ana Millán es la número tres del Partido Popular en Madrid, vicepresidenta de la asamblea regional y mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, está investigada por su actuación al frente del ayuntamiento de Arroyomolinos donde fue concejala de cultura y deportes y alcaldesa, y, ahora, además, se la señala por haber mentido en su curriculum profesional con el que se presentó a las elecciones locales. Millán nunca terminó sus estudios, “le quedan algunas asignaturas” según dicen en el Partido Popular en donde manifiestan, con todo el cinismo del mundo, que “un folleto publicitario no es mentir en tu curriculum”. Lo relevante de este asunto es que no es la primera colaboradora de la presidenta de la CAM que está en el disparadero por mentir en lo que a su historial académico se refiere. La llamada “Ayuso de Fuenlabrada”, Noelia Núñez, una de las figuras en auge dentro del partido, vicesecretaria de movilización y reto digital, admitió públicamente que la información que figura en su currículum oficial del Congreso de los Diputados no es verdadera. No ha terminado los estudios. Y el presidente del Senado, Pedro Rollan, ha borrado una diplomatura y tres masters que figuraban en sus candidaturas a la alcaldía de Torrejón de Ardoz. Y todavía queda por investigar las situaciones de nueve altos cargos de la Generalitat valenciana.
La avalancha de modificaciones de currículos en el seno del PP comenzó con la dimisión de Noelia Núñez tras admitir que nunca terminó sus estudios llegando a salpicar a la quinta autoridad del Estado, Pedro Rollan. Pero es Ana Millán la que peor lo tiene porque, en este país, el mentir en el historial profesional no se considera delito o, al menos, los jueces, capaces de sancionar penalmente una filtración, no han llegado tan lejos. Pero a la exalcaldesa de Arroyomolinos se la imputan cuatro delitos. La titular del juzgado número 6 de Navalcarnero, que instruye las diligencias, la atribuye la recepción de contrapartidas económicas procedentes de un empresario quien recibió adjudicaciones por valor de 660.000 euros cuando era concejala de cultura y deportes. La magistrada remitió el sumario al Tribunal Superior de Justicia de Madrid quien se lo devolvió para que “lleve a cabo más indagaciones”, una forma de dilatar el proceso.
El juez del TSJ de Madrid, Francisco Goyena, que rechazó las querellas contra el instructor de la causa contra Begoña Gómez y mandó al Supremo la acusación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es el que rechaza investigar a Ana Millán por considerar que no está suficientemente probada la comisión de los delitos que la imputa la jueza Lidia Prada Zurdo. Rechaza los informes de la Guardia Civil y ordena a su subordinada que siga indagando los hechos. Viene a decir, más o menos, que deje de molestarle con investigaciones “incompletas”. Es verdad que la jueza se inhibió en favor del TSJM sin entrar en mayores consideraciones cuando lo que tenía que haber remitido es una exposición razonada de los hechos.
Ana Millán, que participó activamente en la comisión organizadora del reciente congreso del PP y se la considera “amiga personal de Ayuso”, no sólo ha sido imputada en el juzgado número 6 de Navalcarnero. Todo empezó con el caso Púnica pero los delitos que se habían incluido en esa instrucción habían prescrito, por lo que el instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decidió remitir los indicios que quedaban por investigar al juzgado de Navalcarnero. En el auto de remisión, García Castellón decía que “es especialmente particular la circunstancia de que se produzcan comidas o reuniones directas entre la concejala responsable, Ana Millán, y el futuro adjudicatario, José Luis Huerta Valbuena. Tales hechos hacen presumir, al menos con la fuerza necesaria que justifica la instrucción penal, la evidencia de un posible delito continuado de prevaricación administrativa”.
Cuando Ana Millán era concejala de cultura y deportes el Ayuntamiento de Arroyomolinos pagó más de 675.000 euros de manera irregular en la organización de eventos y festejos de la localidad. El beneficiario fue un empresario, José Luis Huerta Valbuena, dueño de la empresa Waiter Music, que obtuvo contrataciones para organizar eventos lúdicos en varias localidades madrileñas y que acabó siendo investigado en la operación Púnica. Pero cuando comienzan a detectarse las irregularidades objeto de la investigación del juzgado de Navalcarnero es cuando Millán asciende a la alcaldía. Allí conoce al dueño de Grupo Educativo, Francisco Roselló, una de cuyas empresas, Neverland, se convierte en la entidad que servirá de vehículo para cometer las operaciones irregulares que detectó la UCO cuyos informes obran en poder de la instancia. Un empleado de la empresa declaró que era el titular del alquiler de un ático propiedad de la alcaldesa por el cual pagaba una cantidad cuyo receptor, en primera instancia, era su jefe, el dueño, Francisco Roselló, quien, luego a su vez, se la retornaba a Millán multiplicada por dos. A estas alturas nadie ha podido explicar por qué, si el alquiler era de 500 euros, Millán recibía 900 que, además, no entregaba el inquilino sino a una persona beneficiaria de adjudicaciones municipales. Porque a Grupo Educativo, el Ayuntamiento le abonó 51.164,67 euros que nunca llegaron a justificarse. Eso que se sepa. La hermana de Millán fue contratada por Neverland con un sueldo de 88.642,42 euros anuales. La pareja de la alcaldesa también fue colocada por Roselló. Sueldo de 37.508,74 euros anuales como conserje en una UTE (Unión Temporal de Empresas).
La jueza Prada Zurdo imputa a Millán delitos de tráfico de influencias cohecho, prevaricación y fraude contra la administración pública, primero siendo concejala de cultura y deportes y, posteriormente, como alcaldesa. Los ediles de Ciudadanos que formaron gobierno municipal en 2016 descubrieron a unos colaboradores de Millán sacando del consistorio bolsas con copias en papel de correos electrónicos donde se explicaba toda la trama.
Ahora, además del llamado Caso Neverland, a la dirigente popular se la acusa de falsear su CV, aunque el PP diga que se hizo en “folletos publicitarios”. A la presidenta de la Comunidad de Madrid se le acumulan los problemas por las actuaciones de sus colaboradores y también por las suyas. Todavía no ha dado explicaciones de los cursos que impartió entre enero y junio de 2014 en la universidad Rey Juan Carlos, y entre cuyos alumnos se encontraban muchos actuales cargos del Partido Popular de Madrid que mejoraron su posición en el organigrama del partido cuandoDíaz Ayuso accedió a la presidencia autonómica gracias a esos estudios.