El Ayuntamiento de Madrid ha ordenado el desalojo de los 61 residentes de los apartamentos municipales para mayores San Francisco, en el céntrico barrio de La Latina, alegando la necesidad de realizar obras de mantenimiento y seguridad en el edificio. Esta medida, sin embargo, ha generado una ola de indignación entre los afectados, muchos de los cuales son personas mayores con escasos recursos y vínculos muy arraigados en el barrio. A lo largo de las últimas semanas, los residentes han denunciado la falta de sensibilidad y las precarias alternativas ofrecidas por el Ayuntamiento, que implican un aumento del coste de vivienda y la pérdida de autonomía.
El origen del conflicto
En junio de este año, los residentes de los apartamentos San Francisco recibieron una carta del Ayuntamiento informándoles de la inminente necesidad de desalojar el edificio para acometer obras de renovación que se prolongarían durante al menos 14 meses. Según la Dirección General de Arquitectura, estas obras son necesarias para mejorar las instalaciones, pero el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha justificado la medida aludiendo a problemas de seguridad estructural.
Sin embargo, los residentes y varios arquitectos independientes han puesto en duda la urgencia de estas reformas. A juicio de los vecinos, las mejoras que se proponen son principalmente estéticas y no suponen una amenaza inmediata para la seguridad. “Son baños y cocinas nuevas, nada de estructura o pilares”, afirma uno de los expertos consultados. Además, los residentes consideran que las obras podrían realizarse por fases, permitiendo que los inquilinos permanezcan en el edificio durante los trabajos.
Alternativas insostenibles
El Ayuntamiento ha ofrecido varias alternativas de reubicación a los vecinos mientras se llevan a cabo las obras, pero ninguna de ellas ha sido bien recibida. La primera opción fue trasladar a los residentes a una residencia en Villaviciosa de Odón, a más de 30 km del centro de Madrid, lo que fue rechazado en bloque por la comunidad debido a la lejanía y la falta de transporte público adecuado. Posteriormente, se añadieron otras ubicaciones en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid, incluidas algunas fuera de la ciudad, pero solo una de ellas está dentro del distrito en el que residen actualmente.
Además del problema geográfico, las condiciones económicas plantean un desafío insuperable para la mayoría de los residentes. La vecina A.I., que recibe una pensión de 517 euros, ha denunciado que pasar de pagar 51 euros al mes a 444 euros por una residencia municipal es insostenible. Esta situación no es única, ya que la mayoría de los inquilinos se enfrentan a un incremento de hasta el 80% de sus pensiones en gastos de alojamiento, lo que les dejaría con apenas unos euros para subsistir.
Consecuencias devastadoras
La imposición de estas alternativas está generando graves consecuencias físicas y emocionales en los residentes, muchos de los cuales son personas de edad avanzada que dependen de sus rutinas diarias y de la cercanía a sus amigos y familiares para mantener su bienestar. La vecina V.M., que ha vivido en los apartamentos durante más de 20 años, explicó que el desarraigo y la incertidumbre están afectando gravemente su salud mental: “Desde que nos dijeron que tenemos que irnos, no he dormido ni una noche entera”, confiesa entre lágrimas.
El desalojo también podría tener consecuencias físicas. Muchos de los residentes están preocupados por la posibilidad de tener que abandonar sus tratamientos médicos o no poder acceder a la atención sanitaria adecuada en las nuevas residencias. “Nos quieren meter en residencias para dependientes, con servicios que no necesitamos, y encima a un coste que no podemos permitirnos”, señala un afectado. Este cambio radical en sus condiciones de vida podría provocar un deterioro significativo de su salud física y mental.
La falta de sensibilidad institucional
Las críticas a la gestión del Ayuntamiento no han tardado en llegar. La Asociación de Vecinos Cavas-La Latina ha denunciado públicamente la falta de sensibilidad del Consistorio en el trato a los mayores. “Estamos hablando de personas que han pasado toda su vida en este barrio, y que ahora, en su vejez, se ven obligadas a abandonar su hogar por una decisión que parece más administrativa que de necesidad real”, afirma una portavoz de la asociación.
Además, los residentes han expresado su indignación ante la actitud de algunos técnicos del Ayuntamiento. Según el testimonio de V.M., uno de los técnicos que visitó su apartamento para evaluar los enseres le dijo con desdén: “Tiene mucha ropa. Pues ya puede ir pensando en darla o tirarla”. Este tipo de comentarios ha exacerbado la sensación de desprecio y desprotección entre los mayores, que se sienten despojados de su dignidad.
El apoyo de la comunidad
A pesar de la adversidad, los residentes de los apartamentos San Francisco han encontrado un gran apoyo en la comunidad local. Las asociaciones vecinales y colectivos sociales se han movilizado para defender su causa, organizando concentraciones y recogidas de firmas para exigir al Ayuntamiento una solución más humana y justa. En las redes sociales, también han surgido campañas de apoyo bajo el lema #SanFranciscoNoSeDesaloja, que piden al Consistorio que replantee su estrategia y permita a los mayores continuar viviendo en sus hogares.
La oposición política también ha expresado su rechazo a las medidas adoptadas. La concejala socialista Ana Lima ha advertido que “el traslado de los mayores a residencias regionales no solo implica una pérdida de autonomía, sino que puede tener graves perjuicios para su salud física y mental”. Por su parte, el grupo municipal de Más Madrid ha criticado la falta de transparencia en la gestión del desalojo y ha exigido que se ofrezcan alternativas habitacionales más cercanas y asequibles.
Una lucha por la dignidad
El conflicto en los apartamentos San Francisco pone de relieve un problema mucho más amplio: el abandono institucional de las personas mayores en situaciones de vulnerabilidad. Los vecinos de La Latina están luchando no solo por sus hogares, sino por su dignidad y derecho a una vida autónoma. En una sociedad que se precia de cuidar a sus mayores, este tipo de expulsiones forzosas resultan incomprensibles y dolorosas.
Mientras continúan las negociaciones y las protestas, los residentes esperan que el Ayuntamiento recapacite y les permita quedarse en los apartamentos que han sido su hogar durante tantos años. Como bien dice una de las vecinas: “No pedimos lujos, solo queremos vivir con tranquilidad el tiempo que nos queda”. Una petición que merece ser escuchada.