En el municipio madrileño de Villa del Prado, un pequeño pueblo de poco más de 7.000 habitantes, la alcaldesa Belén Rodríguez Palomino se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción que podría tener repercusiones serias para su carrera política. La Fiscalía ha solicitado una inhabilitación de ocho años por un delito de prevaricación continuada, una petición que refleja la gravedad de la situación. Sin embargo, a pesar de los evidentes indicios de irregularidades, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del Partido Popular (PP), ha mantenido su apoyo a Rodríguez Palomino, una situación que pone de manifiesto la permisividad del PP ante casos de corrupción y la falta de ética en sus filas.
La investigación de la Fiscalía se centra en la adjudicación irregular de contratos a dos empresas del municipio sin concurso público, lo que contraviene las normativas de transparencia y legalidad en la administración pública. Durante cuatro años, el Ayuntamiento de Villa del Prado habría pagado 633.400 euros a estas empresas por servicios de fontanería y electricidad, todo ello sin la debida licitación y sin justificar los gastos de manera adecuada. Las facturas presentadas por las empresas, Instalaciones Eléctricas Cochele e Instalaciones Barbero S.L., no solo eran elevadas, sino que también se fraccionaron de forma artificial para que se pudieran ajustar al límite de los contratos menores, evitando así la obligación de convocar un concurso público.
El Código Ético del PP: una mera formalidad
El caso cobra aún más relevancia cuando se observa la actitud del PP de Ayuso, que ha hecho oídos sordos ante la imputación de Rodríguez Palomino. A pesar de que el Código Ético del Partido Popular establece que los cargos implicados en delitos de corrupción o aquellos que generen alarma social deberían dimitir, Ayuso ha decidido seguir adelante con su apoyo a la alcaldesa. Según fuentes del PP consultadas por eldiario.es, la prevaricación administrativa no sería considerada un acto de corrupción y, por lo tanto, no aplicaría el código ético que obliga a los implicados a renunciar. De esta forma, Ayuso ha preferido respaldar a una alcaldesa imputada en lugar de aplicar criterios éticos que deberían ser fundamentales para un partido que se considera defensor de la legalidad.
Este respaldo incondicional de Ayuso a Rodríguez Palomino es más que preocupante, ya que revela cómo el PP de Madrid sigue permitiendo que personajes cuestionados por la justicia sigan ocupando cargos públicos importantes. El propio hecho de que la alcaldesa de Villa del Prado haya sido ratificada como candidata en las elecciones municipales de 2023, a pesar de estar imputada desde 2019, pone en duda la integridad de los procedimientos del PP para elegir a sus representantes.
La doble moral del PP madrileño
Lo que más llama la atención es la contraposición entre el trato que se da a Rodríguez Palomino y la actitud adoptada por Ayuso con otros miembros de su partido. La fiscalía no ha dudado en solicitar la inhabilitación de la alcaldesa por su presunta implicación en prácticas corruptas, mientras que Ayuso parece haber blindado su puesto en el municipio, ignorando las evidentes irregularidades. Este caso resalta una doble moral dentro del PP de Madrid: por un lado, se exigen altos estándares de comportamiento a algunos, pero por otro, se permite que los más cercanos a Ayuso queden fuera de cualquier tipo de escrutinio serio.
Cabe destacar que, durante su declaración en juicio, Rodríguez Palomino intentó justificar su gestión aduciendo la falta de medios humanos y técnicos en el Ayuntamiento para organizar concursos públicos. Sin embargo, esta excusa cae por su propio peso, ya que en otros contratos ajenos a los servicios de fontanería y electricidad sí se había realizado la licitación correspondiente. Esto refuerza la tesis de que los contratos irregulares no fueron una mera consecuencia de las limitaciones del consistorio, sino un acto deliberado para beneficiar a empresas cercanas.
Ayuso, la omisión de responsabilidad y las elecciones de 2023
Lo más alarmante es que, a pesar de las pruebas en su contra, Rodríguez Palomino fue designada nuevamente como candidata por Ayuso para las elecciones municipales de 2023, sin que la imputación tuviera ninguna repercusión en su carrera política. Esto pone en evidencia el escaso compromiso del PP madrileño con la ética y la legalidad, y muestra cómo los intereses partidistas prevalecen sobre el bien común y el cumplimiento de la ley. Este tipo de decisiones no solo afectan a la imagen del PP, sino que también deterioran la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
El futuro de Rodríguez Palomino
A medida que el juicio contra Belén Rodríguez Palomino llega a su fin, con la Fiscalía solicitando una inhabilitación de ocho años por su gestión irregular al frente del Ayuntamiento de Villa del Prado, la pregunta es si el PP continuará respaldando a una alcaldesa que claramente ha estado en el centro de un escándalo de corrupción. El hecho de que el PP madrileño haya permitido que una imputada siga en su cargo evidencia la falta de un compromiso real con la transparencia y la justicia. Si las instituciones no toman decisiones contundentes frente a los casos de corrupción, el sistema democrático se ve seriamente amenazado.
El caso de Rodríguez Palomino no es un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio que refleja la actitud permisiva del Partido Popular ante la corrupción. Las decisiones tomadas por Ayuso y otros líderes del PP demuestran que, para algunos, la política sigue siendo un juego en el que los intereses personales y partidistas pesan más que la integridad y la ética pública. Esto pone de manifiesto la necesidad de una verdadera limpieza interna en los partidos y un cambio en las normas que rijan la vida pública en Madrid y en toda España.
El Ayuntamiento de Villa del Prado replica la página web del PP de Madrid
