La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a superar todos los límites del decoro institucional. En lugar de aprovechar un acto institucional y empresarial para lanzar un mensaje de unidad o visión política, decidió convertir el 50º aniversario de Burger King en España en una tribuna incendiaria y plagada de falsedades, insultos y amenazas populistas impropias de una dirigente pública. Cada vez más alejada de la responsabilidad y el respeto institucional, Ayuso lanza discursos en los que parece competir con ella misma por ver cuál será la próxima barbaridad que consiga colonizar el debate público.
Populismo entre patatas fritas
Porque no hablamos de un lapsus, ni de una frase aislada sacada de contexto. Hablamos de una intervención en la que Ayuso deslizó ideas que socavan los fundamentos del Estado democrático, desprecian las instituciones y promueven una visión completamente distorsionada de la realidad.
"La democracia por encima de la ley": una falacia peligrosa
Una de las afirmaciones más graves fue su acusación al Gobierno de haber “situado la democracia por encima de la ley”. Es decir, Ayuso afirma que las decisiones democráticas no pueden prevalecer si no se ajustan a su visión ideológica. Esta inversión del orden lógico revela un desprecio preocupante por el principio fundamental de la soberanía popular. En una democracia, la ley emana de la voluntad del pueblo. Si fuera al revés —si la ley estuviera por encima de la democracia—, estaríamos en una dictadura legalista, como las que defienden los regímenes autoritarios.
La ley no es un tótem inmutable: es una construcción política que se adapta y reforma a través del diálogo democrático y el consenso parlamentario. Negar esto es rechazar las bases de cualquier sistema representativo moderno.
Insultar al presidente desde un acto institucional
Ayuso no se limitó a teorizar contra el Estado de Derecho. Llamó “enloquecido con rasgos psicopáticos” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándole de ser como Maduro, de manipular urnas de cartón, de no tener vergüenza, de engañar a la militancia… Y todo esto sin ningún tipo de prueba ni contraste. No es una opinión política: es una agresión verbal desde la posición institucional que ella ocupa.
Una presidenta autonómica, representante del Estado en su territorio, no puede comportarse como una tertuliana enfurecida en un bar. Su palabra tiene peso, tiene eco y tiene responsabilidad. Convertir sus comparecencias públicas en espectáculos de odio debilita la convivencia y envenena el debate democrático.
¿Hacienda es un banco público?
Pero el discurso no solo fue destructivo: también fue, directamente, ignorante. Ayuso denunció que “sigue legislando con un banco público”, en referencia a Hacienda. No, señora presidenta, Hacienda no es un banco. No es una entidad financiera que gestione capital como lo haría el ICO o el Banco de España. Hacienda somos todos, como bien decía aquella campaña que parece no haberle calado. Es la institución que recauda los impuestos con los que se financia la sanidad pública, la educación o la seguridad. Decir que el Gobierno “usa” Hacienda como un banco implica desconocer —o querer manipular— la función básica del sistema tributario.
La locura de las patrullas vecinales
Y cuando parecía que no podía ir más lejos, Ayuso mostró su respaldo implícito a las patrullas vecinales, apelando a que “todos tendremos que estar pendientes de lo que hacen este verano”. ¿Quiénes? ¿Los ciudadanos deben vigilar al Gobierno por su cuenta? ¿Vamos hacia una sociedad donde los vecinos se organizan para “protegerse” entre sí, al margen de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado?
En un país donde el Estado de Derecho garantiza el monopolio de la fuerza en manos de las instituciones legales, promover estas ideas no es solo irresponsable: es peligroso. El populismo punitivo, disfrazado de libertad ciudadana, solo genera caos, tensión y enfrentamiento entre iguales.
El Estado no es suyo
“La van a quemar, van a quemar el Estado, porque el Estado es suyo”. Estas palabras resumen a la perfección la paranoia política que promueve Ayuso. En su visión, Sánchez no es un adversario legítimo, sino un tirano que está destruyendo España. Y ella no es solo una opositora: es la defensora última de la nación, como si tuviera la misión divina de salvarla del fuego.
Esta visión mesiánica y victimista es propia de los discursos más extremistas del siglo XX. Cuando los líderes se creen por encima del sistema, cuando consideran que encarnan al pueblo por encima de las instituciones, el camino hacia el autoritarismo se vuelve una amenaza real.
Y aquí viene la pregunta más incómoda de todas: ¿por qué estas barbaridades calan? ¿Por qué entre sus votantes y entre muchos jóvenes encuentran eco ideas tan incendiarias, tan inconsistentes, tan alejadas de la verdad?
Porque son simples. Porque ofrecen culpables claros: el Gobierno, los jueces, los medios, los “otros”. Porque no exigen pensamiento crítico. Porque están envueltas en una narrativa épica que convierte a Ayuso en heroína de una cruzada. Y porque en tiempos de incertidumbre y polarización, el populismo emocional tiene más fuerza que la razón.
Lo que está en juego
El problema no es solo lo que dice Ayuso. El verdadero peligro es que lo diga desde la presidencia de una comunidad autónoma. Que utilice su cargo institucional para atacar los pilares del Estado. Que convierta cada micrófono en una granada dialéctica. Y que lo haga sin consecuencias políticas, mediáticas ni judiciales.
Lo que está en juego no es una disputa entre partidos, ni un estilo más o menos agresivo. Lo que está en juego es la convivencia democrática. Si normalizamos que se hable de “quemar el Estado”, que se insulte al presidente con términos clínicos, que se promuevan patrullas vecinales, que se falseen las funciones de Hacienda, estamos abriendo la puerta a un modelo de política que desprecia las reglas del juego.
Y ese modelo, si triunfa, no dejará espacio ni para el disenso ni para la crítica. Solo quedará el ruido, la ira y el fuego.