La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se alojó el pasado fin de semana con parte de su familia en un chalé ubicado en plena sierra madrileña, en el término de Rascafría. La vivienda, equipada con piscina y enclavada en una finca de más de 450 hectáreas, fue adquirida por la Comunidad en octubre de 2023 por 4,3 millones de euros. Se trata de una propiedad pública destinada a la ampliación del Parque Nacional de Guadarrama, tal y como informó El País, medio que ha destapado esta información tras recabar el testimonio de varios vecinos de la zona.
La noticia llega apenas unos meses después de que la propia Ayuso cargara contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por disfrutar de lo que calificó como “cuatro palacios”, en referencia a residencias oficiales como La Mareta (Lanzarote), Doñana (Huelva), La Moncloa (Madrid) y Quintos de Mora (Toledo). Sin embargo, al menos uno de esos lugares, Doñana, fue citado dos veces bajo distintos nombres en un lapsus de la presidenta madrileña, y olvidó mencionar otro. A pesar de sus críticas, Ayuso no ha informado públicamente de su estancia en la finca pública de Rascafría, ahora convertida en punto de atención política.
Una finca comprada con fines ecológicos
La finca en cuestión fue comprada en 2023 por el Gobierno de Ayuso al empresario Juan Luis Hinojosa Fernández de Angulo, antiguo propietario vinculado a Cortefiel y a grandes cotos de caza en España. La operación se justificó oficialmente como una actuación para ampliar el Parque Nacional de Guadarrama, con un alto valor ecológico, según destacaba la nota de prensa emitida entonces por la Comunidad. La parcela alberga fauna protegida como el lobo ibérico, el buitre negro, la gineta o el águila real, y vegetación como robles y pinares silvestres.
Dentro de esos terrenos se encuentra el chalé en el que se alojó la presidenta, con 355 metros cuadrados construidos, de los cuales 138 corresponden a la vivienda, 94 a una piscina y el resto a dos almacenes. Aunque la propiedad aún no ha sido formalmente incorporada al parque nacional —un proceso que requiere la aprobación de distintas administraciones—, se trata de suelo público desde que se realizó la compra por parte del Ejecutivo regional.
Ni avisó ni lo consideró relevante
Desde el entorno de Ayuso se afirma que se trata de un uso “puntual” y “permitido” del inmueble, y recalcan que la presidenta no utilizó servicios públicos durante su estancia. “No había cocineros ni camareros. Llevó su propia comida”, aseguran estas fuentes. También comparan el chalé con las residencias del presidente del Gobierno para remarcar la supuesta austeridad: “Muy austero, no digamos nada con La Mareta o Quintos de Mora”.
No obstante, la falta de transparencia ha generado críticas, dado que Ayuso no había anunciado este uso de una finca pública, ni lo había hecho constar en su agenda. Varios vecinos de Rascafría relataron a El País que vieron a la presidenta el fin de semana del 12 y 13 de julio en la finca, lo que llevó al medio a investigar el caso. “Todo el pueblo sabe cuál es ese chalé, está justo a la entrada desde la carretera”, comentan residentes del municipio.
Polémica y contradicciones
La revelación contrasta con las recientes declaraciones de Ayuso en las que lamentaba no contar con una vivienda oficial sufragada por la Comunidad. En marzo de 2024, en plena polémica por la compraventa del piso de su pareja —procesado por presunto fraude fiscal—, la presidenta sugirió que quizá el Ejecutivo madrileño debía empezar a pagarle un piso oficial: “Yo llevo casi cinco años como presidenta pagándome mi casa, no como los ministros, a los que les pagamos absolutamente todo”.
El uso del chalé de Rascafría, sin embargo, evidencia que la presidenta dispone ya de una residencia pública —aunque no oficializada— que puede utilizar, al menos en ciertos momentos, sin coste alguno y sin supervisión. De hecho, la Comunidad de Madrid no dispone de una residencia formal para sus presidentes, aunque otras propiedades públicas, como la Residencia Santillana en Manzanares el Real, se han usado para encuentros de trabajo.
¿Uso institucional o privilegio personal?
Según la Comunidad, la finca de Rascafría ha acogido desde su compra reuniones del Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas. De hecho, en la puerta del chalé hay un cartel que reza “Estación biológica El Paular”, acompañado de una pequeña bandera de la Comunidad. Sin embargo, esta justificación no impide la controversia: la diferencia entre un uso institucional y otro estrictamente privado no está clara.
En 2024, Ayuso ya había convocado a los medios en la finca para anunciar la apertura de un área de descanso en las inmediaciones de una ermita local. Sin embargo, no se había informado de que el inmueble se fuera a utilizar también como alojamiento personal, ni de que la presidenta tuviera acceso libre a este tipo de instalaciones para su uso particular, aunque fuese de forma esporádica.
El precedente de otras residencias
A nivel nacional, el uso de residencias oficiales por parte de los presidentes del Gobierno nunca ha estado regulado por ley. Se rige por costumbre y por la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que impone su conservación, pero no establece límites de uso. Esta falta de regulación ha generado polémicas desde hace décadas. Uno de los casos más sonados fue el del expresidente Felipe González, que utilizó en 1985 el yate Azor, antiguo navío de Franco, para unas vacaciones familiares.
En otras ocasiones, las críticas han venido por reformas o gastos en estas propiedades. En 2022, Vox cuestionó el uso de La Mareta por Pedro Sánchez debido a la existencia de una pista de baloncesto. El Gobierno aclaró entonces que la instalación ya existía desde antes y que no generaba gasto adicional. Pese a las críticas, estas residencias han servido también para encuentros diplomáticos y cumbres internacionales.
Una cuestión de ejemplaridad
Más allá de la legalidad del uso de la finca por parte de Ayuso, el debate se centra en la ejemplaridad política. ¿Debe una presidenta regional disfrutar de una propiedad pública con fines recreativos, sin previo aviso ni transparencia, mientras critica a otros por hacer lo mismo? ¿Es coherente con su discurso sobre austeridad y meritocracia?
La respuesta, como en tantas otras ocasiones, parece depender más del color político que de los hechos. Pero lo cierto es que Ayuso se ha beneficiado de una instalación pública de alto valor ecológico, comprada con dinero de todos, sin hacerlo público y mientras denunciaba supuestos privilegios ajenos.
El caso del chalé en Rascafría deja al descubierto, una vez más, la fina línea entre lo que es legal y lo que es éticamente aceptable. Y recuerda que, cuando se gobierna, predicar con el ejemplo no es una opción: es una obligación.