Una nueva línea de investigación sacude el caso que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía Anticorrupción cree que el comisionista no solo obtuvo beneficios millonarios gracias a los contratos sanitarios durante la pandemia, sino que también habría pagado medio millón de euros por una empresa prácticamente sin valor a cambio de conseguir que Quirón Prevención, una de las mayores firmas privadas de sanidad en España, multiplicara sus encargos a su empresa.
La clave está en una operación sospechosa: la compra de Círculo de Belleza SL, propiedad de Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Según el Ministerio Público, esta sociedad no tenía apenas actividad ni valor contable real. Aun así, González Amador la compró por 500.000 euros. ¿Por qué? El fiscal cree que ese pago fue en realidad una forma de soborno encubierto.
Un negocio sin lógica económica
La operación no cuadra ni desde el punto de vista financiero ni empresarial. El fiscal sostiene en un escrito remitido a la jueza que esa transacción carece de “lógica económica”. La sociedad adquirida no facturó ni 30.000 euros el último año, y sin embargo fue comprada por una cantidad desorbitada. Para el fiscal, la única explicación plausible es que ese dinero sirviera como pago para garantizar el aumento de encargos a la empresa del comprador, Maxwell Cremona SL.
La consecuencia directa de esta operación fue un brusco aumento de la facturación de González Amador a Quirón Prevención. Según los datos recabados por la Agencia Tributaria, sus empresas ingresaron en 2021 más de un millón de euros procedentes del grupo sanitario, cuatro veces más que el año anterior.
La UCO entra en escena
Ante la complejidad creciente del caso, la Fiscalía ha solicitado la incorporación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la investigación. La jueza, Inmaculada Iglesias, ha accedido a la petición y ha autorizado que la UCO elabore un atestado completo con las nuevas diligencias.
Este paso refuerza la idea de que la trama no se limita a un posible fraude fiscal o una comisión irregular, sino que apunta a un delito de corrupción en los negocios, recogido en el artículo 286 bis del Código Penal. Además, tanto el fiscal como la jueza han rechazado las explicaciones dadas por los investigados, Gloria Carrasco y Alberto González Amador, durante sus declaraciones.
PSOE y Más Madrid piden más diligencias
La acusación popular, que ejercen el PSOE y Más Madrid, había solicitado que se citara también como investigado al propio Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, además de requerir informes a unidades policiales especializadas. Aunque la jueza aplazó estas diligencias hasta escuchar a Carrasco, ahora el caso ha dado un giro con la implicación de la UCO.
El origen de esta línea de investigación se remonta al lucrativo contrato de mascarillas que González Amador firmó durante la pandemia por casi dos millones de euros. Detrás del encargo estaba Mape Asesores, una empresa cuyo consejo de administración incluía al propio Camino. Ahora la Fiscalía plantea que, además de ese contrato, hubo una relación de favores más amplia y sostenida en el tiempo, con beneficios directos para la pareja de la presidenta regional.
Una trama que salpica a la sanidad privada
El caso ya no se reduce a un simple escándalo sentimental o a una sospecha de fraude fiscal. El nuevo enfoque del fiscal y el respaldo de la jueza apuntan a una trama de corrupción más profunda, donde intereses personales, sanitarios y empresariales se mezclan en una etapa crítica como fue la pandemia. A medida que avanza la investigación, la presión política y judicial sobre el entorno de Isabel Díaz Ayuso sigue aumentando.