La jueza que instruye las dos piezas del caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha imputado a la mujer de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, por un presunto delito de soborno. Gloria Carrasco vendió a González Amador una empresa de estética, Círculo de Belleza SL, que carecía de actividad y patrimonio según los informes de la Agencia Tributaria, por 500.000 euros. En su declaración ante la titular del juzgado número 18 de Madrid, Inmaculada Iglesias, González Amador justificó este pago porque la empresa poseía una red de contactos con farmacias de toda España. Alegó que pretendía lanzar el proyecto “Covid seguro”, que iba a consistir en ofrecer un certificado de calidad a esos establecimientos. Sin embargo, nunca puso en marcha el plan. En su lugar, le cambió el nombre a la empresa por el de Masterman & Whitaker y luego, según los inspectores de la AEAT, intentó usar esa sociedad con fines defraudatorios en su actividad usual, la de consultoría sanitaria. El asunto está siendo investigado en una pieza separada en la que se investigan las relaciones de directivos del grupo sanitario con la pareja de Díaz Ayuso cuyo gobierno mantiene una estrecha relación con Quirón en lo que se refiere a la gestión de la sanidad pública. Sus portavoces dicen que no quieren entrar a valorar las actuaciones judiciales contra sus directivos y anuncian que no se van a personar en la causa, pero lo cierto es que la instructora estrecha el cerco de sus indagaciones hacia algunos de sus cargos más cualificados.
Las sospechas, según el auto de la magistrada, empiezan cuando Gloria Carrasco compró a su marido, Fernando Camino, y su hermano las acciones de Circulo de Belleza por 16.000 euros haciéndose con el total del capital. Según la jueza “en tres meses el valor de la participación tuvo un incremento superior al 1.000%”. La fiscalía y las acusaciones populares creen que la operación de compra encubre el pago de supuestos favores que Amador le debía a Camino. Ambos habían hecho negocios desde años antes. Con anterioridad a esa operación, en la primera ola de la pandemia, Amador se embolsó dos millones de euros como intermediario en una compra de mascarillas por parte de otra empresa en la que el directivo de Quirón es consejero, la gallega Mape.
Los portavoces del gigante sanitario han manifestado en varias ocasiones que no es su intención, “de momento” personarse en la causa y que no tienen nada que ver con las investigaciones que lleva a cabo la jueza. Lo cierto es que el grupo se encuentra en el punto de mira por las contrapartidas que está recibiendo de la Comunidad de Madrid. La última ha sido la recalificación de los terrenos que ocupaba el hospital del Aire en pleno centro de Madrid para construir una clínica privada. Quirón Salud se encarga de la gestión de cuatro hospitales públicos. Según el informe anual de la matriz, Fresenius, propietaria desde 2017 de la red de centros sanitarios Quirón en España, la administración que preside Díaz Ayuso les debe un total de 455 millones de euros. Cuando la presidenta llegó a la CAM, en 2019, esa deuda ascendía a 1.004 millones por el uso de la Fundación Jiménez Díaz, el hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, el Infanta Elena de Valdemoro y el General de Villalba. El coste total del servicio de gestión privada de esos centros públicos es muy opaco, pero se conocen las deudas porque Fresenius, al ser una sociedad cotizada, tiene la obligación de auditar sus cuentas. Si no es por eso, poco o nada se sabría de la relación económica del gobierno madrileño con el grupo.
Tan opacas como la relación que Alberto González Amador mantiene con las empresas Quirón, sobre todo Quirón Prevención. Fernando Camino es su presidente. Y es administrador único de la mutua Frater Prevención, una entidad que contrató, durante muchos años, a González Amador como consultor. Pero lo más relevante es que Camino formaba parte del consejo de administración de otra empresa, la ya citada Mape, que compró mascarillas durante la pandemia, una operación por la que la pareja de Ayuso se embolsó 2 millones de euros de comisión.
Es, precisamente, esta relación la que ha levantado las sospechas de la jueza. Al margen quedan, de momento, los encargos de Quirón Prevención a González Amador para introducir al grupo en Latinoamérica, algo que queda demostrado por los frecuentes viajes del empresario al continente, se supone que para negociar con sus autoridades. Por cierto, llama la atención que, últimamente, la presidenta de la CAM haya llevado a cabo viajes oficiales a esos países, concretamente a Ecuador en plena campaña electoral para apoyar al candidato conservador, Daniel Noboa. Díaz Ayuso justifica esos viajes señalando que forman parte de su estrategia para promocionar las empresas madrileñas.
Lo que queda claro es que la jueza instructora del caso González Amador tiene serias sospechas de la existencia de una relación mucho más que comercial entre Fernando Camino y el novio de la presidenta. Está en juego un posible delito de corrupción en los negocios entre particulares, además de los fiscales ya conocidos. De ahí que haya llamado a declarar a la mujer de Camino como propietaria que fue de una empresa sin actividad conocida, que “vendió” a González Amador y que, según los inspectores de Hacienda, pudo servir para ocultar dinero a la Hacienda Pública.
El cerco judicial a Quirón se estrecha. O, al menos, a algunos de los directivos del grupo. El problema es que la jueza instructora, Inmaculada Iglesias, se jubila en julio y tanto la fiscalía como las acusaciones populares personadas están pendientes de la designación de un nuevo juez. Y el panorama judicial de este país está tan podrido que nadie se fía de la personalidad que pueda tener su sustituto. Nadie puede garantizar que el caso González Amador, en lo que respecta a la pieza separada que investiga su relación con Quirón, no acabe por ser archivada. La otra, la de los delitos fiscales que se atribuye al empresario, ya está concluida y pendiente de conversión en procedimiento abreviado.