La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en jaque el progreso hacia el respeto animal al desmantelar salvaguardas establecidas hace casi tres décadas. La publicación del nuevo reglamento de espectáculos taurinos populares en el Portal de Transparencia de la región ha levantado una ola de indignación. Entre las medidas más repudiadas está la eliminación de la prohibición expresa del toro embolado y el toro enmaromado, prácticas brutalmente crueles que la normativa vigente califica como maltrato animal desde 1996.
La vuelta de las prácticas más crueles
La normativa de 1996, impulsada durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón, prohibía estas prácticas al considerarlas incompatibles con el bienestar animal. El toro embolado consiste en prender fuego a teas colocadas en los cuernos del animal, causando un evidente sufrimiento. En el caso del toro enmaromado, se le ata una cuerda a la testuz, generando estrés extremo y lesiones. Ahora, Ayuso pretende erradicar estas protecciones bajo un pretexto vago: “Se evitará cualquier acción directa sobre las reses que pueda influir negativamente en su bienestar”.
A pesar de que la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior afirma no tener planes concretos para autorizar estos espectáculos, la retirada de su prohibición expresa equivale a dar luz verde a la barbarie. Las presiones del sector taurino, que durante años han intentado blanquear estas prácticas, han encontrado finalmente un aliado en el Gobierno de Ayuso.
Reutilización de toros: la economía por encima de la vida
Otra medida que atenta contra el bienestar animal es la posibilidad de reutilizar toros en varios eventos de un mismo ciclo de festejos. Esta modificación, que actualmente está prohibida, permitirá que un toro sometido al estrés de un concurso de recortes pueda ser usado nuevamente en otro espectáculo. La normativa vigente solo permite reutilizar reses en encierros que conduzcan a una corrida o novillada posterior.
El Gobierno regional justifica este cambio alegando la necesidad de reducir costos para los municipios, que alegan el elevado precio de las reses. Sin embargo, organizaciones de defensa animal denuncian que esta medida mercantiliza aún más la vida de los toros, relegándolos a simples instrumentos de entretenimiento.
Abrir la puerta a festejos sin tradición
El nuevo reglamento también da un giro radical al permitir la celebración de espectáculos taurinos sin arraigo en la Comunidad de Madrid. Mientras que la normativa de 1996 limitaba los festejos populares a encierros y suelta de reses, ahora se podrán autorizar eventos importados de otras regiones bajo el pretexto de “promover el conocimiento de diferentes tradiciones taurinas”.
“La Comunidad de Madrid podrá autorizar espectáculos taurinos de reses de lidia propios de otros ámbitos geográficos y de otras tradiciones taurinas, siempre que respondan a los condicionantes de respeto de los animales con criterios veterinarios”, reza el proyecto. Para los colectivos animalistas, esto supone un retroceso histórico que amenaza con normalizar prácticas crueles en nombre de una supuesta diversidad cultural.
Ayuso: una aliada incondicional del sector taurino
El apoyo incondicional de Ayuso a la tauromaquia no es nuevo, pero este reglamento subraya hasta qué punto está dispuesta a retroceder en avances sociales para contentar al sector. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2025 destinan un 5,9% más a asuntos taurinos, mientras el incremento general de las cuentas es del 4%. Además, la Fundación Toro de Lidia recibirá una subvención nominativa de 1,7 millones de euros, un gesto que refuerza la conexión entre el Ejecutivo y el lobby taurino.
Para Ayuso, la tauromaquia es una expresión cultural que merece ser promovida. Sin embargo, esta postura contrasta con la creciente sensibilización de la sociedad hacia el bienestar animal y el rechazo mayoritario a prácticas consideradas crueles.
Indignación social y rechazo político
La reacción no se ha hecho esperar. PACMA ha calificado el cambio como “un retroceso que sitúa a Madrid a la cola del bienestar animal”. Unidas Podemos y Más Madrid han denunciado que estas modificaciones obedecen a intereses económicos y electorales, más que a un compromiso con la cultura o la tradición.
La indignación también se refleja en la opinión pública, donde amplios sectores consideran que estas medidas son un ataque directo a los avances logrados en las últimas décadas. La falta de transparencia en las justificaciones ofrecidas por el Gobierno regional solo incrementa las críticas.
Una polémica que define una era
Con estas modificaciones, Ayuso deja claro que está dispuesta a enfrentarse a la opinión pública y retroceder en protecciones básicas para los animales. En una sociedad cada vez más sensibilizada hacia el sufrimiento animal, su apuesta por el sector taurino podría tener un alto coste político.
El nuevo reglamento, que todavía debe superar varios trámites, promete ser el epicentro de una batalla entre defensores de la tauromaquia y activistas por los derechos de los animales. Lo que está en juego no es solo la protección de los toros, sino también la percepción de Madrid como una región que elige entre avanzar hacia el respeto animal o perpetuar la crueldad en nombre de la tradición.