Continúa la cacería política y mediática contra el fiscal general del Estado. Con el empresario Aldama cantando por soleares contra el PSOE, con el caso Koldo en un punto álgido (Ábalos a punto de sentarse ante el Tribunal Supremo) y con Begoña Gómez contra las cuerdas por el dichoso máster obsesión del juez Peinado, Álvaro García Ortiz se ha convertido en un dardo más en la ofensiva de las derechas contra el sanchismo.
Por refrescar, la secuencia de los hechos es la siguiente: la Fiscalía denuncia a Alberto González Amador por defraudar más de 350.000 euros a Hacienda; el equipo de gobierno de Ayuso difunde el bulo de que el fiscal ha ofrecido a Amador un pacto por correo electrónico; el Ministerio Público emite una nota para desmentirlo y aclarar que, en realidad, ha sido el abogado del encausado quien ha propuesto ese acuerdo con la Fiscalía; la pareja de la presidenta presenta una querella al considerar que el comunicado incluye datos confidenciales; y el Supremo imputa al fiscal general del Estado por revelación de secretos. El alto tribunal no ve delito en la nota de prensa (pero ordena investigar cómo ha podido llegar a los medios de comunicación datos personales de un contribuyente), y de paso toda esta merde salpica al PSOE, que salta por los aires en una guerra absurda entre Lobato y Moncloa a propósito de los dichosos correos que queman como la radiactividad. Ni Maquiavelo lo hubiese planeado mejor. Chapó, MAR, eres un crack del manual goebelsiano.
Lo último que se sabe es el reciente informe de la UCO. El dosier de la Benemérita no aporta ni una sola prueba contundente que pueda incriminar a Álvaro García Ortiz y por mucho que los guardias civiles apunten a una “participación preeminente” del jefe de los fiscales nada se dice sobre hasta dónde llegó esa participación, qué mecanismo se siguió y cómo se hizo la filtración. Una vez más, las conjeturas superan a los hechos, la imaginación a lo empírico, la politización a la ciencia policial, un mal que de un tiempo a esta parte está tumorando no solo la forma de trabajar de nuestras fuerzas de seguridad del Estado –hay negros antecedentes de cloaquerismo, recuérdese lo que ocurrió con la policía patriótica del PP y el juicio al próces– sino también de los jueces que instruyen las diferentes causas. Últimamente los informes de la UCO se interpretan a gusto del consumidor: se tienen en cuenta cuando van contra el Gobierno, pero se pasan por alto cuando exculpan a la esposa de Pedro Sánchez. Curioso cuando menos.
Pero más allá de los escritos de la Guardia Civil (que en ocasiones parecen trepidantes guiones de Netflix más que pruebas periciales serias y rigurosas bajo supervisión judicial), no deja de llamar poderosamente la atención la sucia operación para salvar al soldado Ryan/Amador puesta en marcha por el Partido Popular. Una vez más, se trata de incendiarlo todo, la Fiscalía, la Justicia, el Gobierno, las instituciones democráticas y lo que haga falta para salvarle el cuello al presunto delincuente (que no se nos olvide poner lo de presunto). Son capaces de todo en sus tácticas ácidas y corrosivas, incluso de dinamitar la Unión Europea, si es preciso, para salvar al malo de turno, ya sea Carlos Mazón o el propio Amador.
Lo que se está dirimiendo aquí son varias cuestiones. La primera es si la Fiscalía tiene derecho a desmentir un bulo difundido desde una institución pública como es la Comunidad de Madrid. Y la respuesta no puede ser sino afirmativa. Faltaría más. No solo tiene el derecho, sino también la obligación. En un sistema democrático, un órgano judicial tiene que buscar siempre la verdad y si un contribuyente está mintiendo sobre sus cuentas, se debe saber. La segunda consideración que se está debatiendo aquí es si, como consecuencia de lo anterior, la opinión pública tiene derecho a conocer si la pareja de un personaje de relevancia pública como es la presidenta de Madrid defrauda a Hacienda (incluso si la premier madrileña está residiendo en una vivienda sufragada con el fruto del delito). La lógica nos dice que sí, pero la lógica de hoy ya no es la lógica que fundaron los filósofos griegos hace dos mil años y por la que se ha regido el ser humano hasta hoy. El trumpismo castizo, al que se ha abrazado Ayuso, ha conseguido darle la vuelta a la realidad como un calcetín. Vivimos en el mundo al revés ayusista donde prevalece el honor y la intimidad del presunto delincuente (pobrecito él, qué pena que ya no le dejan trincar como antes) mientras el funcionario o servidor público que lo persigue y lo fiscaliza, cumpliendo fielmente con su deber, es arrojado a la hoguera de un proceso kafkiano o inquisitorial propio de la caza de brujas. Purgado, finiquitado, condenado a la muerte civil, como ocurre en este país llamado España con todo aquel que se atreve a tocar a los representantes de los poderes fácticos (y Ayuso, pese a su carita de inocente muñeca Pepona incapaz de romper un plato, forma parte de esa casta).
Filtrar currículums económicos de un imputado es algo que se ha hecho toda la vida (cualquiera que sea periodista lo sabe). Lo ha hecho tanto el PSOE como el PP cuando ha gobernado, estos incluso con más frecuencia y fervor. Cuando el fiscal de turno de un caso ha tenido acceso a datos sobre un presunto delincuente (que no se me olvide poner lo de presunto) los ha facilitado a la prensa. Y nunca pasó nada ni nadie se rasgó las vestiduras. Vivimos en un Estado democrático donde prevalece el sagrado derecho a la información de los ciudadanos. Esa regla del juego se ha cumplido siempre. Lo contrario, ocultar o tapar la noticia, nos abocaría de cabeza y de lleno a un Estado totalitario, que es donde parecen querer llegar algunos.
La caza de brujas contra el fiscal general del Estado es, ante todo, un aviso a navegantes contra todo aquel (político, periodista o individuo peatonal) que se atreva a ir contra la élite protofascista que nos mal gobierna. Hoy es el fiscal general el linchado por decir la verdad; mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Es evidente que en las altas esferas se ha dado la orden de proporcionar satisfacción a la rabieta y a los caprichos políticos de la diva de Chamberí, que no puede soportar ver a su chorbo en los papeles como un vulgar ladrón de guante blanco. Cuando las presuntas trapacerías tributarias del tal Amador fueron aireadas por la prensa, Ayuso se agarró el rebote del siglo (como una loba en celo defendiendo a su macho), y dio órdenes a su asesor, MAR, de ir con todo y “p’alante” contra cualquiera que ose hurgar en el patrimonio de su enamorado. Esa es la auténtica razón (propia de culebrón turco) por la que se ha montado este circo que se ha ido de las manos hasta terminar en un incendio que promete dejarlo todo arrasado y hecho un solar. Cuando no quede ni una sola institución democrática en pie, el maridito se levantará de entre las ruinas del terremoto, se sacudirá el polvo del traje y seguirá caminando como si nada.
En el fondo, lo que hay detrás de la imputación del fiscal general del Estado (un hecho inédito en la historia de nuestra democracia) no es más que el intento desesperado por tapar las vergüenzas de un tipo que no cumple como debe con el fisco, como hacen todos los españolitos de bien. El que roba (presuntamente, que no se me olvide poner presuntamente) no tiene honra, por mucho que se empeñen las élites reaccionarias de este país. Podrán acabar con el fiscal general, con el presidente del Gobierno y hasta con el rey de España. Pero este señorito nunca dejará de ser lo que es.