La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cruzado el Atlántico con varios rectores de universidades públicas para vender en Miami una imagen de unidad institucional en torno a la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). Pero tras las sonrisas y las fotos en los actos promocionales, lo que se esconde es un proyecto legislativo que recorta drásticamente la financiación pública, debilita la autonomía universitaria y abre aún más la puerta al negocio de las universidades privadas.
Mientras Ayuso presenta Madrid como “destino académico de excelencia” ante inversores estadounidenses, su propuesta legislativa amenaza con empujar al borde del colapso a seis universidades públicas madrileñas, que ya han advertido del riesgo de “inviabilidad funcional” si se aplica el nuevo modelo. Según el análisis de dos de los mayores expertos en contabilidad universitaria del país, Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García, la LESUC provocaría un agujero económico anual de 200 millones de euros en los campus públicos de la región.
Una financiación que recorta bajo la apariencia de aumentar
El truco del borrador legislativo está en la letra pequeña. La Comunidad promete aumentar su aportación hasta el 70% del gasto universitario. Pero lo que no explica Ayuso es que ese porcentaje solo se alcanzará si se suman fondos finalistas, condicionados, destinados exclusivamente a nóminas o a proyectos elegidos por el Gobierno regional. Es decir: las universidades recibirán más dinero en teoría, pero mucho menos para el funcionamiento real del día a día.
Con este modelo, las universidades podrían tener dinero en caja para financiar iniciativas propagandísticas o convenientes para el Ejecutivo madrileño, pero no podrían encender la calefacción, renovar equipos, ni siquiera pagar la limpieza de las aulas. La Universidad Pública se convierte así en rehén de la agenda política del Gobierno regional, con su autonomía académica seriamente comprometida.
El peor sistema de financiación de toda España
Madrid ya es, según los datos, la comunidad que menos dinero aporta por alumno a sus universidades públicas. La Universidad Rey Juan Carlos, por ejemplo, apenas recibe un 44% de financiación pública respecto a sus gastos. Mientras el PIB de la Comunidad ha crecido un 46% desde 2008, la financiación universitaria ha retrocedido: de representar el 0,90% del PIB regional a tan solo un 0,68%.
Las cifras son claras. En 2023, las universidades madrileñas gastaron 2.035 millones de euros. Pero la Comunidad solo transfirió 1.161. Con la LESUC, ese desequilibrio se agravaría aún más. Los expertos concluyen que con este nuevo modelo de financiación, ninguna de las seis universidades madrileñas podría sostener su actividad cotidiana sin endeudarse o recortar drásticamente servicios esenciales.
Una “unidad” impostada en plena tormenta
La foto de Ayuso con los rectores en Miami intenta mostrar sintonía. Pero la realidad es bien distinta. El rector de la Universidad Carlos III no ha viajado, al igual que el de Alcalá, por “motivos personales”. Otros rectores han aceptado a regañadientes, conscientes de que su presencia puede interpretarse como un aval a una ley que han criticado abiertamente por vulnerar la autonomía universitaria y por no haber sido negociada con ellos de forma leal.
Los rectores no recibieron la última versión del borrador hasta después de que se filtraran artículos alarmantes, como las multas de hasta un millón de euros por protestas no autorizadas en campus o expresiones que el Gobierno considere que atentan contra la libertad de expresión. El comunicado conjunto de las universidades fue claro: “Varias propuestas afectan directamente a la autonomía universitaria y generan situaciones inciertas con carácter invasivo”.
Privatización encubierta y negocio para unos pocos
El trasfondo del viaje no es solo académico. La visita a Miami incluye reuniones con inversores y gestores de universidades privadas norteamericanas. Ayuso ha vendido el modelo madrileño como una oportunidad para atraer estudiantes internacionales, especialmente hispanos. Pero lo que está realmente en juego es abrir la puerta a un modelo de educación superior cada vez más orientado al beneficio empresarial y menos al servicio público.
El PP lleva años promoviendo universidades privadas en Madrid, a menudo con escaso control y muy bajos estándares académicos. La LESUC consolida esta tendencia, al dejar fuera del modelo de financiación a las universidades públicas de forma efectiva y dar ventaja a quienes pueden permitirse entrar al negocio educativo con capital privado.
Una universidad pública sin futuro con esta ley
Los expertos económicos que han evaluado el impacto de la LESUC no dejan lugar a dudas: si se aplicara este modelo a nivel nacional, los 309 millones de superávit de las 47 universidades públicas españolas se convertirían en un déficit de 954 millones. “Lejos de aliviar la insuficiencia financiera actual, se provocaría la asfixia financiera y la inviabilidad funcional de las universidades públicas”, concluyen los autores del informe.
La universidad pública madrileña no ha dejado de rendir: sus indicadores de docencia e investigación están a la altura de la media nacional. Pero sufre desde hace años una infrafinanciación crónica que la aboca a contratar menos profesorado permanente, a reducir servicios básicos y a perder capacidad competitiva. Y ahora, con esta ley, podría perder incluso su autonomía.
¿Se puede legislar desde la propaganda?
El viaje de Ayuso y los rectores a Miami tiene un coste económico, simbólico y político. Mientras las universidades sobreviven con presupuestos de hace 15 años, se destinan fondos públicos a vender una imagen de normalidad que no existe. La presidenta madrileña ha logrado la foto, sí. Pero a costa de ahogar aún más un sistema universitario que debería ser motor de igualdad, conocimiento y desarrollo.
La LESUC no es una ley educativa. Es una herramienta para debilitar lo público y favorecer el negocio privado. Para someter a las universidades a criterios políticos. Para vestir de modernidad un modelo que recorta derechos, autonomía y futuro.
¿Es ético que Ayuso utilice dinero público para negociar en Miami una ley que los propios rectores rechazan y que amenaza la viabilidad de sus instituciones? La respuesta se grita sola desde los campus que hoy sobreviven gracias más al compromiso de su comunidad que al apoyo del Gobierno que los gestiona.