Alfonso Villares, exconselleiro do Mar, dimitió tras ser imputado por una presunta agresión sexual. Pero su salida no fue consecuencia de un compromiso político con las víctimas, sino el resultado de un escándalo que se hizo imposible de tapar. Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, conocía la denuncia desde febrero. Durante más de tres meses, la Xunta no hizo absolutamente nada. Villares siguió en su puesto, blindado por un silencio institucional que revela una vez más que la “tolerancia cero” del PP gallego es solo un lema hueco cuando el acusado es uno de los suyos.
La dimisión de Villares no repara el daño. Es un gesto reactivo, no ético. La Xunta tuvo toda la información y decidió no actuar. Eligió proteger al cargo antes que a la institución, priorizar el escudo político antes que la seguridad de una mujer que se atrevió a denunciar.
Noa Presas (BNG) denunció con claridad lo que otros intentaron maquillar: “Rueda tenía conocimiento y optó por el silencio”. Paloma Castro (PSdeG) fue más allá, al advertir que “no hay lugar para la ambigüedad cuando se trata de una denuncia de agresión sexual”. Ambas señalaron con acierto lo que el presidente intenta esquivar: la responsabilidad no se disuelve entre papeles judiciales, es política y directa.
Un silencio con estructura de poder
Mientras la denuncia avanzaba por los canales judiciales, Villares seguía representando a Galicia en actos oficiales. No hubo medidas cautelares, ni explicaciones públicas, ni una sola palabra en defensa de la víctima. Solo blindaje, silencio y cálculo.
El Partido Popular de Galicia es experto en condenar la violencia machista cuando ocurre lejos. Cuando la víctima no tiene rostro o el acusado no lleva corbata. Pero cuando la denuncia les toca cerca, miran en dirección contraria, callan, protegen, aguantan... hasta que les estalla en la cara.
Esta crisis no es solo una cuestión de oportunidad política. Es una grieta moral en la credibilidad de la Xunta de Galicia. No se trata únicamente de lo que Villares pudo hacer o no hacer. Lo verdaderamente preocupante es cómo reaccionó el poder cuando lo supo. Y la reacción fue la de siempre: proteger el cargo, blindar al compañero, minimizar la denuncia, esperar que no trascienda.
Bandera morada, responsabilidad selectiva
Hay un patrón institucional en Galicia, como en otras administraciones del poder, si el caso no sale en prensa, no existe. Si la víctima no se convierte en símbolo, no incomoda. Y si el agresor tiene influencia, se le cuida más que a quien señala el daño.
La lucha contra la violencia machista no se puede invocar con un lazo morado en la solapa mientras se blindan a los agresores
La Xunta no solo guardó silencio. Utilizó el lenguaje administrativo como escudo y el protocolo como excusa. Ese lenguaje tecnocrático que aparenta respeto institucional pero que, en el fondo, desactiva cualquier posibilidad de empatía o reparación. Mientras tanto, Villares seguía firmando documentos públicos. Y la mujer que lo denunció quedaba en la invisibilidad.
Hay un coste profundo cuando los gobiernos eligen proteger al poder antes que a las personas. El mensaje que se lanza es claro: si denuncias a alguien que forma parte del aparato, te enfrentas sola. Y no solo sola: tarde, mal y con el aparato institucional observando en la distancia.
La supuesta defensa de la igualdad de género se desmorona cuando la prioridad es el control del relato, no la justicia. La lucha contra la violencia machista no se puede invocar con un lazo morado en la solapa mientras se blindan a los agresores. Eso no es prudencia: es hipocresía institucional. Una hipocresía peligrosa, que disuade a otras víctimas y refuerza el silencio como única vía de autoprotección.
La Xunta de Rueda ha perdido la oportunidad de demostrar que el poder también puede estar del lado correcto de la historia. Y ha elegido, una vez más, estar del lado de quien lo encarna, aunque eso implique abandonar a quien lo denuncia.