El presidente del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) del Banco Central Europeo, Klaas Knot, ha reconocido públicamente por primera vez que las criptomonedas ya no son una anomalía financiera marginal, sino una amenaza sistémica que los bancos centrales no pueden seguir ignorando. El aviso, emitido durante unas jornadas sobre estabilidad financiera celebradas en Madrid, representa un giro importante en la posición oficial del BCE ante el fenómeno cripto, y anticipa una nueva etapa de vigilancia más activa y regulación estricta.
Durante más de una década, los criptoactivos fueron considerados un fenómeno limitado a inversores particulares y entusiastas tecnológicos. Su volatilidad extrema, su falta de respaldo institucional y la ausencia de canales formales de integración con la banca tradicional actuaban como cortafuegos naturales frente a un posible contagio sistémico. Sin embargo, esa percepción ha cambiado drásticamente.
Actualmente, el mercado global de criptomonedas ha alcanzado una capitalización de mercado que supera los 3,4 billones de dólares, más que el PIB de economías desarrolladas como Francia o Reino Unido. Su influencia ya no se limita a operaciones especulativas: productos financieros vinculados a criptoactivos, como fondos cotizados (ETF), derivados complejos y plataformas de préstamo descentralizadas (DeFi), están penetrando activamente en las carteras de fondos de inversión, bancos y aseguradoras.
El propio Klaas Knot lo expresó con claridad: “Las criptomonedas han alcanzado el punto de inflexión que temíamos. Su dimensión y su interconexión con el sistema financiero hacen que representen ya un riesgo sistémico.”
Efecto contagio
Lo que preocupa al BCE no es únicamente la volatilidad de activos como Bitcoin o Ethereum, sino las consecuencias de un shock súbito en ese mercado sobre el resto del sistema financiero. Un desplome significativo en el valor de los criptoactivos podría forzar a entidades financieras expuestas a cubrir pérdidas liquidando otros activos más estables, generando un efecto en cadena.
En palabras del FSB, este “riesgo de contagio” se amplifica por dos factores clave:
La creciente exposición institucional, ya que grandes fondos y bancos han comenzado a incorporar activos digitales en sus carteras.
La opacidad estructural de muchas plataformas de intercambio y préstamo, en especial dentro del ecosistema DeFi, donde no existe regulación, ni protección para los usuarios, ni supervisión financiera alguna.
A todo ello se suma la preocupación sobre los llamados activos digitales estables, o stablecoins. Aunque se presentan como instrumentos menos volátiles debido a su respaldo en activos fiduciarios, Knot alertó de que pueden “actuar como canal de transmisión de perturbaciones en mercados clave, como el de deuda soberana de Estados Unidos, si sufren retiradas masivas o colapsos de confianza”.
Implicaciones para la política monetaria
El BCE ya ha advertido en varias ocasiones que los desarrollos en el ecosistema cripto podrían acabar erosionando la eficacia de la política monetaria tradicional. Si grandes flujos financieros comienzan a moverse por canales alternativos, fuera del alcance de bancos centrales y autoridades regulatorias, la capacidad de las instituciones monetarias para controlar la oferta de dinero, influir en los tipos de interés o responder a crisis económicas se ve gravemente comprometida.
Por ello, el Consejo de Estabilidad Financiera ha instado a los bancos centrales y supervisores nacionales a “incorporar las dinámicas del mercado cripto en sus modelos analíticos y sus marcos de actuación”. Esto implica desde reforzar los requisitos de capital para instituciones con exposición a criptoactivos, hasta establecer sistemas de alerta temprana ante caídas abruptas de precios.
El BCE también señala que la regulación de las plataformas cripto debe armonizarse a nivel internacional, dado que su operativa trasciende fronteras y su capacidad de evadir normativas nacionales es elevada. La colaboración entre el G20, la Comisión Europea y organismos como el FSB se vuelve, por tanto, imprescindible.
La Unión Europea ha comenzado a tomar medidas a través del reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets), que entrará plenamente en vigor entre 2024 y 2025. Este marco legal pretende dotar de transparencia, supervisión y límites operativos a emisores de tokens y plataformas de intercambio que operen en territorio comunitario.
Sin embargo, la velocidad con la que evoluciona el ecosistema cripto ha puesto en evidencia la lentitud de las respuestas regulatorias. Nuevas formas de activo digital, como los tokens no fungibles (NFT), los contratos inteligentes automatizados o los servicios DeFi, requieren respuestas ágiles y conocimiento técnico por parte de las autoridades.
El BCE no lo esconde: para evitar una crisis de origen cripto, hay que actuar antes de que el mercado dicte sus propias reglas sin contrapeso institucional.
Las criptomonedas han dejado de ser un experimento alternativo para convertirse en un vector de riesgo financiero de primera magnitud. El reconocimiento oficial del BCE de su impacto sistémico marca un punto de inflexión en el tratamiento de estos activos.
La pregunta ya no es si regular o no, sino cómo hacerlo eficazmente, sin sofocar la innovación pero garantizando la estabilidad macroeconómica. El equilibrio entre desarrollo tecnológico y control financiero será uno de los desafíos centrales de la próxima década para bancos centrales y gobiernos.