El verano de 2025 está siendo uno de los más críticos en cuanto a incendios forestales en España. En localidades como Tres Cantos y Colmenar Viejo, las llamas han devastado miles de hectáreas y afectado viviendas, obligando a desalojos y poniendo a prueba la capacidad de respuesta de los bomberos forestales. Sin embargo, detrás del heroísmo de estos profesionales se esconde una realidad laboral preocupante: muchos trabajan en condiciones precarias, con sueldos bajos y contratos temporales, mientras sus reivindicaciones sobre seguridad, reconocimiento profesional y estabilidad laboral siguen sin ser atendidas.
Héroes olvidados
En Madrid, por ejemplo, los bomberos forestales han denunciado que el salario medio fuera de campaña apenas alcanza los 1.300 euros. A esto se suma la temporalidad de muchos contratos, limitados a los meses de verano, y la ausencia de reconocimiento oficial de la categoría profesional en algunas comunidades. Aunque cumplen funciones de extinción, prevención y vigilancia, su denominación legal muchas veces no corresponde con la realidad de su trabajo. Esta situación genera no solo desigualdad, sino también frustración y sensación de abandono entre quienes arriesgan su vida para proteger bosques y personas.
Ayuso ignora a los agentes forestales
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado un desprecio evidente hacia la huelga convocada por los bomberos forestales, calificándola de inoportuna pese a las reivindicaciones históricas del colectivo. Durante los incendios recientes, Ayuso centró su discurso únicamente en los servicios mínimos que permitieron atender los fuegos, sin reconocer ni valorar las condiciones laborales que motivaron la paralización. Esta actitud ha sido percibida por los trabajadores como una falta de respeto hacia su esfuerzo y profesionalidad, y como un intento de trasladar a ellos la responsabilidad de la gestión de emergencias mientras su salario, estabilidad y categoría profesional continúan sin mejoras significativas.
El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, se ha limitado a señalar que la Comunidad de Madrid muestra su “máxima voluntad de ayudar”, pero reconoció que la negociación debe producirse entre la empresa y los trabajadores, desligando así al gobierno autonómico de una responsabilidad directa en la mejora de las condiciones laborales.
La disparidad entre comunidades autónomas es otra de las grandes preocupaciones. Mientras en algunas regiones los bomberos forestales pueden llegar a percibir más de 30.000 euros anuales, en otras apenas alcanzan la mitad. Esta diferencia no solo afecta a la motivación y retención de personal, sino que también dificulta la creación de un cuerpo profesional homogéneo y capacitado en todo el territorio nacional. La Ley de Bomberos Forestales aprobada en 2024 pretende unificar derechos y condiciones, pero su implementación es gradual y depende de cada administración territorial. Esta lentitud hace que los avances se perciban insuficientes frente a la realidad de un trabajo que cada vez exige mayor preparación y especialización.
TRAGSA y la excusa de los plazos
Jesús Casas, presidente de Tragsa, empresa pública que gestiona parte de las brigadas forestales, defendió en una entrevista que su entidad no puede modificar salarios ni condiciones, pues estos dependen de los convenios colectivos autonómicos o de la normativa legal vigente. Casas explicó que la Ley de Bomberos Forestales aprobada en 2024 se está aplicando de manera gradual y que todavía quedan desarrollos normativos pendientes, como la aprobación de un real decreto que regule equipos, complementos y coeficientes reductores de jubilación. Según su versión, TRAGSA actúa como ejecutor de los convenios existentes y no como decisor de mejoras inmediatas.
TRAGSA, la empresa pública que gestiona las brigadas, asegura que no puede modificar los salarios ni los contratos más allá de lo establecido en los convenios colectivos vigentes en cada comunidad. Su presidente ha señalado que las medidas pendientes dependen de decretos estatales o negociaciones autonómicas, lo que ha sido interpretado por los bomberos como una forma de eludir responsabilidades. En la práctica, esto significa que los profesionales continúan trabajando con condiciones que consideran inadecuadas, mientras los plazos legales y burocráticos retrasan cualquier mejora tangible.
La situación ha llevado a los bomberos a convocar huelgas en varias comunidades, aunque en momentos de emergencia han optado por aplazarlas para garantizar la seguridad de la población. En Madrid, por ejemplo, establecieron servicios mínimos del 80% durante el incendio de Tres Cantos, permitiendo que se atendieran las llamas y se protegieran viviendas, a pesar de la protesta por las condiciones laborales. La decisión demuestra su compromiso con la seguridad ciudadana, incluso cuando sienten que sus derechos como trabajadores no son respetados.
Huelgas aplazadas por responsabilidad
El problema no se limita al salario. Los bomberos forestales también reclaman la actualización de convenios obsoletos, la revisión del régimen de descansos, el reconocimiento de la peligrosidad de su trabajo y la estabilidad laboral para aquellos que actualmente dependen de contratos temporales. Su formación es continua y cada vez más especializada, adaptándose a la creciente intensidad y gravedad de los incendios, pero estas exigencias profesionales no se reflejan en su situación contractual ni económica.
Mientras tanto, la Administración central y algunas comunidades autónomas se presentan como ejecutores de la normativa, trasladando la responsabilidad a convenios y decretos pendientes. La realidad, sin embargo, es que la seguridad de los bosques y de la población depende directamente de estos trabajadores, y la falta de inversión en su profesionalización y reconocimiento representa un riesgo no solo laboral, sino también social.
Reconocer y dignificar el trabajo de los bomberos forestales no es solo una cuestión de justicia laboral, sino una medida esencial para garantizar la eficiencia en la prevención y extinción de incendios. A medida que el cambio climático aumenta la frecuencia e intensidad de los incendios, la sociedad necesita contar con profesionales motivados, preparados y protegidos, y no con trabajadores que deben enfrentarse a jornadas extenuantes con recursos limitados y salarios insuficientes. La mejora de sus condiciones laborales es, por tanto, un asunto que afecta a todos.