El pasado 29 de octubre, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) evaluó medidas extremas debido a la grave situación provocada por una Dana en Valencia. Durante la reunión, con presencia de representantes de diversas instituciones, surgió la opción de recomendar el confinamiento de los ciudadanos en sus hogares y en sus lugares de trabajo, tal como sucedió durante la pandemia, según ha publicado el diario Levante. Se consideró también la posibilidad de alertar a la población para que se refugiaran en las plantas superiores de los edificios, una decisión que podría haber salvado vidas en áreas ya afectadas por el desbordamiento de ríos y barrancos. Sin embargo, la ejecución de estas advertencias se retrasó en espera de la llegada del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien se unió a la reunión pasadas las 19:30.
Las decisiones cruciales que llegaron tarde
La reunión del Cecopi, que comenzó a las 17 horas bajo la dirección de Salomé Pradas, consejera de Interior y responsable de Emergencias de la Generalitat, se caracterizó por su complejidad y varios contratiempos. Con representantes de emergencias conectados a través de medios telemáticos y una situación meteorológica en rápido deterioro, el Cecopi planteó el uso de Es-Alert para advertir a los ciudadanos. Sin embargo, esta herramienta de emergencia no se utilizó hasta las 20:11, dos horas después de la sugerencia inicial, y cuando ya se habían registrado graves incidentes en Utiel, Chiva y Cheste, localidades ya anegadas por las fuertes lluvias.
La falta de comunicación eficiente entre los responsables y los retrasos en la toma de decisiones han sido duramente criticados, tanto por ciudadanos como por alcaldes de las zonas afectadas. Las horas críticas entre las 17 y las 20 fueron especialmente caóticas. Se realizaron dos recesos en la reunión, uno a las 17:30 y otro a las 19:30, que prolongaron aún más la toma de decisiones, un intervalo que se considera vital en este tipo de emergencias.
Mazón y su polémica llegada tardía
Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, llegó pasadas las 19:30 al Cecopi, después de una comida que, según sus declaraciones, se extendió hasta cerca de las 18 horas. Desde entonces, su tardanza y la percepción de falta de urgencia por parte de su administración han generado controversia. Mazón intentó quitar importancia a su presencia física en la reunión, argumentando que “el Cecopi estaba válidamente constituido” y que la presencia de un político no era necesaria para las decisiones de emergencia. Sin embargo, el retraso en la comunicación y la falta de una dirección clara en los mensajes de alerta han dejado una sensación de incertidumbre en la población.
Las declaraciones de Mazón, en las que aseguró no ser miembro formal del Cecopi, han sido percibidas como una evasión de responsabilidad en un momento en que la ciudadanía esperaba una reacción más decisiva. La alarma llegó finalmente con un mensaje general que únicamente pedía a los ciudadanos evitar desplazamientos, una directriz considerada insuficiente por la gravedad de la situación.
Alternativas de comunicación: la alerta televisiva que no se produjo
Otra medida que se planteó fue una comunicación en directo a través de la televisión pública À Punt, una herramienta que podría haber llevado el mensaje de alerta a miles de hogares valencianos. Sin embargo, esta opción tampoco se implementó de manera oportuna y no se concretó hasta pasadas las 21 horas, cuando Mazón realizó una comparecencia en los medios. A esa hora, el daño ya estaba hecho, con varias localidades anegadas y un número creciente de desaparecidos.
Este retraso en las comunicaciones de emergencia contrasta con la rapidez con la que otros servicios, como el Es-Alert, están diseñados para actuar. Fuentes cercanas a la reunión explican que fue precisamente la llegada de Mazón lo que determinó que no se tomaran decisiones hasta que él estuviera presente. Esto ha llevado a que se cuestione si el Cecopi fue eficaz en priorizar la protección de los ciudadanos por encima de los protocolos políticos.
La fatídica tarde del 29 de octubre: pérdidas y consecuencias
Hasta ahora, la dana del 29 de octubre ha dejado una estela de destrucción: cerca de 214 personas fallecidas y decenas de desaparecidos, con daños materiales aún incalculables. A medida que avanzaba la tarde, el incremento de los caudales y el desbordamiento de barrancos se volvieron inevitables en puntos críticos de la provincia de Valencia. La falta de directrices concretas y la tardanza en activar las alertas adecuadas no solo generaron confusión entre los habitantes de las zonas afectadas, sino que, en muchos casos, supusieron una amenaza para sus vidas.
Las críticas se han centrado en la gestión del Cecopi y en la falta de previsión del gobierno regional para actuar con celeridad. Tanto ciudadanos como alcaldes de las localidades afectadas han señalado la ausencia de información clara y directa sobre cómo proceder en las horas previas a la alerta Es-Alert.
Nueva alerta por la dana: ¿se repetirá la historia?
El malestar por la actuación del Cecopi y el gobierno de Mazón se ha intensificado aún más ante una nueva dana que amenaza con fuertes lluvias en la Comunidad Valenciana y en otras ocho regiones de España. Los avisos naranjas han puesto en alerta a la DGT, que ha recomendado a la población informarse sobre el estado de las carreteras antes de salir de casa. Mientras tanto, el rey Felipe VI ha viajado a Valencia para visitar las unidades militares desplegadas y mostrar su apoyo a los ciudadanos.
La evolución de la situación meteorológica en las próximas semanas será crucial, especialmente para las comunidades más vulnerables. La gestión de futuras emergencias, tras los acontecimientos del 29 de octubre, ha puesto a las autoridades bajo el escrutinio de una población que espera, ahora más que nunca, respuestas efectivas y tiempos de reacción.
La importancia de una gestión eficiente
Este suceso expone la necesidad de que los organismos de emergencia actúen de manera decisiva y rápida, priorizando la seguridad de los ciudadanos y dejando de lado cualquier protocolo burocrático que impida una intervención eficaz. La gestión de emergencias requiere una organización donde las decisiones críticas puedan tomarse sin retrasos.
La pregunta que queda en el aire es si, ante la inminencia de nuevos fenómenos climáticos extremos, las autoridades serán capaces de aprender de estos errores y mejorar su capacidad de respuesta. Por ahora, las críticas no parecen disiparse, y el Cecopi y el gobierno de Mazón tendrán que enfrentar el juicio de una población que demanda una actuación más transparente y efectiva en futuras crisis.